La ocupación imparable

Conociendo la lógica capitalista y el sistema económico-especulativo del suelo que reina en nuestro país era previsible que las autoridades locales no se conformaran con asumir la realidad de una ciudad incapaz de ofrecer nuevos territorios que ocupar. La amenaza del próximo PGOU permanece aletargada a expensas de recibir la aprobación del gobierno central, cuya última renovación puede suponer la revisión de los acuerdos alcanzados hasta la fecha. Unos acuerdos que, salvo figuren entre las revelaciones de Wikileaks, dudamos que algún día lleguemos a conocer su contenido. Ahora el gobierno de la Ciudad se encuentra barajando la posibilidad de hacer público el documento final o bien esperar a que pasen las elecciones para desvelarnos las claves del urbanismo que nos depara en los próximos tiempos. En un estado de verdadera democracia, y no en el simulacro que nos han impuesto los partidos mayoritarios en España, este tipo de maniobras electoralistas serían intolerables. Los ciudadanos de Ceuta tenemos el derecho de saber, antes de emitir nuestro voto, cuales son las pretensiones del partido político que a todas luces renovará la mayoría de la asamblea ceutí respecto al escaso territorio que nos queda. Tan poco que no se encuentran parcelas para construir nuevos centros escolares o se pierde una subvención del Estado para instalar un anhelado albergue juvenil al no poder la Ciudad ofrecer una ubicación adecuada. Un hecho que contrasta con la facilidad que tuvo el gobierno central para liberar 200.000 m2 para un centro penitenciario, en un tiempo record.
Mientras que se aprueba el nuevo PGOU la maquinaría desarrollista no ha parado ni un momento. Ante la escasez de espacio en el interior del núcleo urbano consolidado, las miras se han dirigido a zonas que hasta la fecha se habían salvado del tsunami urbanizador. Así hemos visto cómo han surgido en los últimos años importantes urbanizaciones de adosados en la playa de Benitez, junto a la carretera de acceso al CETI; en el entorno del embalse del Renegado o en el Monte Hacho con las distintas fases del poblado San Antonio. Todas ellas aprobadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta ignorando la consideración de estas zonas como Monte de Utilidad Pública desde el año 1934 o, en el caso, de la promoción en las proximidades de los embalses,  pasando por alto las distancias de seguridad que establece la normativa estatal vigente.
Las administraciones públicas vienen participando de manera activa en la ocupación de los espacios localizados fuera de los tradicionales límites de la ciudad, bien por omisión, autorizando las nuevas promociones aludidas con anterioridad, o bien de manera activa siendo promotoras de nuevos equipamientos. Bajo la excusa de “buenos usos”, contra los que ya nos advirtió H.Whyte en su obra “El paisaje final”, han promovido la construcción del CETI, el centro de menores de Punta Blanca o más reciente en el tiempo, el inicio de las obras de una megaprisión. Por su parte, la Ciudad Autónoma también se ha apuntado al carro, iniciando los trámites para un centro de asistencia social en los terrenos de Santo Ángel o un nuevo centro de menores en Calamocarro.
Tanto la administración central como la autonómica actúan como avanzadilla en la colonización de nuevos territorios, desde una total ausencia de atención a la conservación de nuestro patrimonio paisajístico y natural, llegando incluso a ignorar la normativa medioambiental. Esto ha sucedido en fechas recientes con la instalación de una serie de contenedores para el almacenamiento de residuos animales en una parcela municipal, ubicada en Calamocarro, dentro del espacio protegido por la Unión Europa como LIC y ZEPA. Según se nos ha explicado desde la Consejería de Sanidad se trata de una ocupación provisional, mientras duren las obras de sellado del vertedero de Santa Catalina, pero ésto no puede ser una excusa para que la Ciudad actúe al margen de las leyes medioambientales, sin informar a los vecinos y sin un mínimo trámite administrativo ante la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la autorización que requiere cualquier tipo de actividad en un espacio incluido en la Red Natura 2000. La improvisación constante en los asuntos ambientales, la actitud prepotente y la ignorancia de los técnicos de la Consejería de Fomento encargados, según se nos informa, en cuanto a la ubicación de los contenedores ofrecen una explicación a tal disparate totalmente absurdo y gratuito a menos que haya razones mucho más inquietantes detrás de toda esta operación. Las Consejerías de Sanidad y Medio Ambiente tienen responsabilidad por omisión ignorante en todo este asunto pero en el caso de la de Sanidad estaban asesoradas por la Consejería de Fomento y sus técnicos. Qué decir del consejero de Fomento, responsable y acaso artífice de la nefasta actuación de ubicación provisional de los necesarios contenedores de restos cárnicos. Fue esta consejería la encargada de indicar dónde se deben ubicar los contenedores y la que debe también velar para que los poderosos económicos de la ciudad no se salgan con la suya ampliando sus propiedades de manera ilegal. El señor Doncel está dirigiendo el proceso que llevará a la finalización del PGOU y teniendo en cuenta el aprecio que exhibe este señor por la cuestión ambiental nos tememos lo peor con respecto al futuro del territorio ceutí y la posible aceleración de su destrucción en un corto periodo de tiempo, una vez que el PGOU se apruebe.
A este respecto, resulta evidente que algo falla en cuanto a la obligación de la administración autonómica de velar por la integridad de los espacios protegidos por la Unión Europea. En una ciudad tan pequeña como Ceuta no se explica que este tipo de acciones no lleguen a oídos de los responsables políticos del área de medioambiente y aún menos entendemos que algunos vecinos nos hayan relatado que se han personado en las dependencia de OBIMASA para denunciar la presencia de estos contenedores o la realización de presuntas obras ilegales en un chalet propiedad de un conocido empresario de la ciudad, situado en Calamocarro, sin que estas noticias hayan conducido a una actuación contundente por parte de la Ciudad Autónoma. Tampoco parece muy eficaz  la acción del SEPRONA ante las denuncias que le hacen llegar directamente los ciudadanos por estas obras. Todo ello nos lleva a dudar de la efectividad de las medidas administrativas y jurídicas que pretenden la conservación de nuestro entorno natural, así como nos causa una gran inquietud pensar que en esta ciudad algunos gozan de una absoluta impunidad en razón de su destacada posición económica. De nada vale el esfuerzo y el dinero invertido en la redacción del PORGN de Calamocarro-Benzú si al final no existe voluntad para garantizar su cumplimiento o medios para impedir el deterioro de estas zonas protegidas.
Como hemos comentado en anteriores ocasiones, el objetivo básico de la planificación urbanística debe ser la tutela de cuanto queda de valor, calidad y recursos que la naturaleza y la historia han otorgado a nuestro territorio. Para ello se tienen que establecer alternativas de salvaguardia para que  los restos más significativos del terreno queden sin edificar sine die, definiendo el valor de lo no construido en el ámbito urbano.
Como apuntó Lewis Mumford, “si nuestra cultura moderna, con todos sus recursos y riquezas, no puede permitirse el lujo de mantener zonas vírgenes, ello significa que es una civilización pobre”.