Creen que su muerte no fue casual, que fue el resultado de un cúmulo de irregularidades. Por eso la familia del bombero Marco Antonio Navas, que falleció en abril de 2009 mientras desarrollaba prácticas de buceo, quiere luchar hasta el final. Es lo único que les queda. Agotar todas las investigaciones posibles para buscar la calma, y la única manera de encontrarla es saber qué ocurrió realmente aquella tarde del 30 de abril, cuando Marco Antonio falleció en el mar, cerca de la zona conocida como ‘Las Preciadas’, en el Sarchal.
La semana pasada el juez de instrucción del número 3, que ha ordenado la reapertura del caso que fue archivado a los pocos meses de la muerte de Marco, tomaba declaración al responsable del Servicio de Riesgos Laborales de la Ciudad, a uno de los bomberos que iba en la lancha que salió a realizar las prácticas de buceo a ‘Las Preciadas’ y al propio jefe del Cuerpo. Quedan más por declarar y lo harán en próximas fechas. De momento la familia del bombero fallecido mantiene que detrás de la muerte del joven pudo haber un cúmulo de irregularidades, acompañado de cierta desidia. El atestado realizado por la Guardia Civil y que forma parte del grueso de documentos judiciales que obran en poder del juez apunta, también, a una serie de variables que no se tuvieron en cuenta en el momento del archivo inicial de la causa. De acuerdo con dicho informe al que ha tenido acceso ‘El Faro’ por fuentes judiciales, el origen de la muerte de Navas habría sido un laringoespasmo debido a la entrada de agua en las fosas nasales, pérdida de conocimiento y asfixia por sumersión, en contra de lo dictado por los forenses que hablaron de una enfermedad descomprensiva como causa fundamental.
Resulta fundamental conocer la causa exacta del fallecimiento del joven, ya que de ello depende que pueda aclararse qué sucedió y si cabe o no la existencia de alguna responsabilidad. Según el informe elaborado por la Unidad de Actividades Subacuática de la Guardia Civil de Madrid y sustentado, además, en otro realizado por un doctor experto en Medicina Hiperbárica, la muerte fue debida al agua que contenía la botella. Una botella, la que utilizó el fallecido, que no era del Parque de Bomberos, sino que le fue prestada o vendida por otra persona. Pues bien, todas las botellas de buceo deben pasar un retimbrado trianual y una inspección visual cada año. Pues bien, la que portaba el fallecido había sido retimbrada en el año 2003, es decir, llevaba seis años sin haber pasado control alguno pese a estar posiblemente expuesta a corrosiones y anomalías. Esa botella llevaba tiempo sin pasar ningún control y la Guardia Civil considera que, junto a la combinación de otras variables, ésto pudo influir en la muerte del joven.
¿Era posible que un bombero realizara prácticas con una botella que no estaba controlada por supervisor alguno del Parque? En el caso de marras así fue, un detalle que viene a reflejar la falta de control que se tenía sobre la unidad de buceo del Cuerpo, que funcionaba más como tal que como unidad de rescate profesional, aunque llevaban un vehículo en el que se podía leer ‘Bomberos Rescate Acuático’. De hecho por no haber, en el momento del accidente no existía ni un responsable o supervisor de la unidad y los bomberos que participaban en esos entrenamientos bajaban a más de 40 metros de profundidad sin estar preparados para ello ni tener la titulación debida (sólo el fallecido podía descender a esas profundidades). La unidad no está legalizada, de hecho se está en proceso de legalización y actualmente sus componentes no tienen siquiera titulación profesional. Han hecho los cursos, pero sólo disponen de un certificado de examen sin que la Ciudad les haya dado la titulación y su cartilla correspondiente.
El día del accidente faltaban equipos de emergencia, no existía un plan de evacuación, se carecía de bombona auxiliar para el buceador de emergencia, no se llevaba botiquín a bordo de la goma que participó en esos entrenamientos ni tampoco un equipo de oxigenoterapia normobárica, indican fuentes judiciales.
Entre las normas de seguridad en buceo está, por ejemplo, la de tener control de todos los equipos de buceo en un listado, estando revisados por el supervisor y visados por la Capitanía Marítima.
Pues bien, en este caso ni existía esa revisión, ni tan siquiera había quien ejerciera de supervisor. La ausencia de esta figura posibilitó, por ejemplo, que el bombero fallecido llevara una botella que no pertenecía al Parque sin que nadie replicara. En su informe la Guardia Civil mantiene que tenía que haber sido el bombero más antiguo el que debía haber revisado el material de todos los que hicieron esa práctica, entre ellos el que aportaba el fallecido, teniendo la obligación de comprobar que esa botella no estaba retimbrada desde hacía seis años.
Algunos pueden llamar a esto irregularidad, otros imprudencia, irresponsabilidad... pero el hecho es que nadie tenía la encomienda de controlar lo que sucedía.
Ahora, tres años después de lo ocurrido, todavía se desconoce el protocolo que se siguió. Todavía el 112 no ha remitido la información solicitada por la Guardia Civil sobre si, en el momento del accidente, se llamó al teléfono único de emergencias para activar de esta manera el protocolo que está inscrito para accidentes de este tipo. En su informe la Benemérita mantiene que el riesgo, aquella tarde, era más que evidente. Los bomberos estaban rebasando las profundidades para las que estaban preparados de acuerdo a sus titulaciones deportivas. Esto se hacía antes del fallecimiento de Marco Antonio Navas y, lo más grave, se siguió haciendo después.
La defensa que avala los intereses de la familia de Navas significa que existió una falta de control sobre las prácticas de buceo, a pesar de ser encuadrada en una actividad peligrosa. Antes de la muerte de Navas, el Servicio de Riesgos Laborales de la Ciudad realizó un requerimiento al SEIS para la evaluación de los materiales de bomberos, pero dicho requerimiento fue rehusado. Tras la muerte del joven la Unidad de Buceadores sigue sin estar aún legalizada. La pregunta es evidente. ¿Cómo estaba entonces antes?
En esta historia han quedado algunos cabos sueltos, produciéndose un archivo sin que se agotara la máxima investigación debida cuando se produce una muerte tan trágica. Su familia tiene que ver atendida cualquier tipo de petición de esclarecimiento del tema, es a lo único que pueden aferrarse en estos momentos. Por eso esperan que, con el caso abierto, se sepa, por ejemplo, de quién era la botella que usó Navas, si se cumplían los mecanismos de prevención y los protocolos para impedir una situación de riesgo como la que se produjo, si debió haber una investigación interna para aclarar lo sucedido paralizándose la actividad de buceo. El hecho es que tras la muerte del joven se siguió buceando y así ha sido hasta hace bien poco. Nunca se abrió una investigación interna.
Los Bomberos llevan desde el año 1974 con buceadores en el Cuerpo, el grupo estaba formado por 16 bomberos que integraban el llamado Equipo de Rescate Acuático. Tras la muerte de Navas, cuatro buceadores se dieron de baja. Las titulaciones que poseían les permitían bajar una profundidad de 30 metros, salvo el fallecido que tenía titulación deportiva pero para descender hasta los 40 metros. Ese límite de profundidad para el buceo deportivo se incumplía.
En el momento del accidente de Marco Antonio, iba acompañado por otro bombero con inferior titulación. Tras descender más de 30 metros y ya en el ascenso fue cuando Navas sufrió el desfallecimiento que le costaría la vida. La tragedia pudo haber sido mayor, ya que su pareja en las prácticas ascendió en escape libre a superficie, lo que podía haberle costado también la vida. En esos momentos de emergencia no había, además, compañeros con más preparación que pudieran ayudarle sabiendo qué prácticas llevar a cabo. No se había previsto buceador de seguridad como establece la norma, no había siquiera botiquín a bordo ni oxigenoterapia normobárica por lo que en un caso hipotético de haber subido a superficie a Navas, éste habría muerto igualmente.
La familia mantiene que se dio un cúmulo de errores, una cadena de fatalidades para la que busca una explicación con esta reapertura judicial. El lugar de inmersión elegido para las fatídicas prácticas no fue tampoco el adecuado: mucha profundidad, demasiadas corrientes… sobre todo para unos bomberos que no pasaban clases de formación continua, ni reconocimientos médicos para buceo ni, menos, para sus equipos. El tener los conocimientos debidos resulta clave en momentos delicados como el sucedido en ‘Las Preciadas’. La formación resulta vital a la hora de salvar la vida, su falta empeora todo.
Resulta que a las incongruencias les dio por aparecer a la misma hora y en el mismo lugar aquel mes de abril. Existían irregularidades que nadie paraba, no había control sobre unas prácticas arriesgadas, se superaban las profundidades en las inmersiones que tenían que hacerse… pero nada se alteraba ni cambiaba, todo seguía igual.
En el año 2008, la Jefatura del Parque de Bomberos señala en un informe que no es necesaria la aplicación de la ley de riesgos laborales. El Servicio de Riesgos de la Ciudad señala en un documento fechado el 15 de diciembre de 2010 que carecen de poder de inspección pero que, aún así, se observan irregularidades en la unidad, dando parte a Gobernación sin que, por aquel entonces, se dieran unas directrices para cambiar la situación. Específicamente se refieren al Buceo, señalando que “debe quedar sin efecto las actuaciones de los trabajadores en tanto que no se establezcan los procedimientos de organización y actuación propios de un equipo para la intervención en la emergencia”. También se advierte de la “obligatoriedad de realizarse los servicios médicos debidos”. Nada se hizo. A la Unidad de la Guardia Civil autora de esta investigación no se le ha podido concretar, todavía, con qué botellas bucearon aquel día los agentes que participaban en los entrenamientos ni saben de los ordenadores que usaron para poder obtener datos válidos para la investigación.
La Inspección de Trabajo, en un informe de octubre de 2010, también señala la existencia de infracciones graves aunque advierte de que “no se puede establecer una relación causal entre dichos incumplimientos y la muerte” de Navas.
Para la Guardia Civil se entiende que cabe la existencia de irregularidades graves tanto administrativas como penales, así como la existencia de una causalidad entre algunas de esas infracciones y la muerte de Navas. Al margen de la toma de más declaraciones, se pide la realización de una reconstrucción de los hechos para arrojar una mayor luz a lo ocurrido.
La semana pasada el juez de instrucción del número 3, que ha ordenado la reapertura del caso que fue archivado a los pocos meses de la muerte de Marco, tomaba declaración al responsable del Servicio de Riesgos Laborales de la Ciudad, a uno de los bomberos que iba en la lancha que salió a realizar las prácticas de buceo a ‘Las Preciadas’ y al propio jefe del Cuerpo. Quedan más por declarar y lo harán en próximas fechas. De momento la familia del bombero fallecido mantiene que detrás de la muerte del joven pudo haber un cúmulo de irregularidades, acompañado de cierta desidia. El atestado realizado por la Guardia Civil y que forma parte del grueso de documentos judiciales que obran en poder del juez apunta, también, a una serie de variables que no se tuvieron en cuenta en el momento del archivo inicial de la causa. De acuerdo con dicho informe al que ha tenido acceso ‘El Faro’ por fuentes judiciales, el origen de la muerte de Navas habría sido un laringoespasmo debido a la entrada de agua en las fosas nasales, pérdida de conocimiento y asfixia por sumersión, en contra de lo dictado por los forenses que hablaron de una enfermedad descomprensiva como causa fundamental.
Resulta fundamental conocer la causa exacta del fallecimiento del joven, ya que de ello depende que pueda aclararse qué sucedió y si cabe o no la existencia de alguna responsabilidad. Según el informe elaborado por la Unidad de Actividades Subacuática de la Guardia Civil de Madrid y sustentado, además, en otro realizado por un doctor experto en Medicina Hiperbárica, la muerte fue debida al agua que contenía la botella. Una botella, la que utilizó el fallecido, que no era del Parque de Bomberos, sino que le fue prestada o vendida por otra persona. Pues bien, todas las botellas de buceo deben pasar un retimbrado trianual y una inspección visual cada año. Pues bien, la que portaba el fallecido había sido retimbrada en el año 2003, es decir, llevaba seis años sin haber pasado control alguno pese a estar posiblemente expuesta a corrosiones y anomalías. Esa botella llevaba tiempo sin pasar ningún control y la Guardia Civil considera que, junto a la combinación de otras variables, ésto pudo influir en la muerte del joven.
¿Era posible que un bombero realizara prácticas con una botella que no estaba controlada por supervisor alguno del Parque? En el caso de marras así fue, un detalle que viene a reflejar la falta de control que se tenía sobre la unidad de buceo del Cuerpo, que funcionaba más como tal que como unidad de rescate profesional, aunque llevaban un vehículo en el que se podía leer ‘Bomberos Rescate Acuático’. De hecho por no haber, en el momento del accidente no existía ni un responsable o supervisor de la unidad y los bomberos que participaban en esos entrenamientos bajaban a más de 40 metros de profundidad sin estar preparados para ello ni tener la titulación debida (sólo el fallecido podía descender a esas profundidades). La unidad no está legalizada, de hecho se está en proceso de legalización y actualmente sus componentes no tienen siquiera titulación profesional. Han hecho los cursos, pero sólo disponen de un certificado de examen sin que la Ciudad les haya dado la titulación y su cartilla correspondiente.
El día del accidente faltaban equipos de emergencia, no existía un plan de evacuación, se carecía de bombona auxiliar para el buceador de emergencia, no se llevaba botiquín a bordo de la goma que participó en esos entrenamientos ni tampoco un equipo de oxigenoterapia normobárica, indican fuentes judiciales.
Entre las normas de seguridad en buceo está, por ejemplo, la de tener control de todos los equipos de buceo en un listado, estando revisados por el supervisor y visados por la Capitanía Marítima.
Pues bien, en este caso ni existía esa revisión, ni tan siquiera había quien ejerciera de supervisor. La ausencia de esta figura posibilitó, por ejemplo, que el bombero fallecido llevara una botella que no pertenecía al Parque sin que nadie replicara. En su informe la Guardia Civil mantiene que tenía que haber sido el bombero más antiguo el que debía haber revisado el material de todos los que hicieron esa práctica, entre ellos el que aportaba el fallecido, teniendo la obligación de comprobar que esa botella no estaba retimbrada desde hacía seis años.
Algunos pueden llamar a esto irregularidad, otros imprudencia, irresponsabilidad... pero el hecho es que nadie tenía la encomienda de controlar lo que sucedía.
Ahora, tres años después de lo ocurrido, todavía se desconoce el protocolo que se siguió. Todavía el 112 no ha remitido la información solicitada por la Guardia Civil sobre si, en el momento del accidente, se llamó al teléfono único de emergencias para activar de esta manera el protocolo que está inscrito para accidentes de este tipo. En su informe la Benemérita mantiene que el riesgo, aquella tarde, era más que evidente. Los bomberos estaban rebasando las profundidades para las que estaban preparados de acuerdo a sus titulaciones deportivas. Esto se hacía antes del fallecimiento de Marco Antonio Navas y, lo más grave, se siguió haciendo después.
La defensa que avala los intereses de la familia de Navas significa que existió una falta de control sobre las prácticas de buceo, a pesar de ser encuadrada en una actividad peligrosa. Antes de la muerte de Navas, el Servicio de Riesgos Laborales de la Ciudad realizó un requerimiento al SEIS para la evaluación de los materiales de bomberos, pero dicho requerimiento fue rehusado. Tras la muerte del joven la Unidad de Buceadores sigue sin estar aún legalizada. La pregunta es evidente. ¿Cómo estaba entonces antes?
En esta historia han quedado algunos cabos sueltos, produciéndose un archivo sin que se agotara la máxima investigación debida cuando se produce una muerte tan trágica. Su familia tiene que ver atendida cualquier tipo de petición de esclarecimiento del tema, es a lo único que pueden aferrarse en estos momentos. Por eso esperan que, con el caso abierto, se sepa, por ejemplo, de quién era la botella que usó Navas, si se cumplían los mecanismos de prevención y los protocolos para impedir una situación de riesgo como la que se produjo, si debió haber una investigación interna para aclarar lo sucedido paralizándose la actividad de buceo. El hecho es que tras la muerte del joven se siguió buceando y así ha sido hasta hace bien poco. Nunca se abrió una investigación interna.
Los Bomberos llevan desde el año 1974 con buceadores en el Cuerpo, el grupo estaba formado por 16 bomberos que integraban el llamado Equipo de Rescate Acuático. Tras la muerte de Navas, cuatro buceadores se dieron de baja. Las titulaciones que poseían les permitían bajar una profundidad de 30 metros, salvo el fallecido que tenía titulación deportiva pero para descender hasta los 40 metros. Ese límite de profundidad para el buceo deportivo se incumplía.
En el momento del accidente de Marco Antonio, iba acompañado por otro bombero con inferior titulación. Tras descender más de 30 metros y ya en el ascenso fue cuando Navas sufrió el desfallecimiento que le costaría la vida. La tragedia pudo haber sido mayor, ya que su pareja en las prácticas ascendió en escape libre a superficie, lo que podía haberle costado también la vida. En esos momentos de emergencia no había, además, compañeros con más preparación que pudieran ayudarle sabiendo qué prácticas llevar a cabo. No se había previsto buceador de seguridad como establece la norma, no había siquiera botiquín a bordo ni oxigenoterapia normobárica por lo que en un caso hipotético de haber subido a superficie a Navas, éste habría muerto igualmente.
La familia mantiene que se dio un cúmulo de errores, una cadena de fatalidades para la que busca una explicación con esta reapertura judicial. El lugar de inmersión elegido para las fatídicas prácticas no fue tampoco el adecuado: mucha profundidad, demasiadas corrientes… sobre todo para unos bomberos que no pasaban clases de formación continua, ni reconocimientos médicos para buceo ni, menos, para sus equipos. El tener los conocimientos debidos resulta clave en momentos delicados como el sucedido en ‘Las Preciadas’. La formación resulta vital a la hora de salvar la vida, su falta empeora todo.
Resulta que a las incongruencias les dio por aparecer a la misma hora y en el mismo lugar aquel mes de abril. Existían irregularidades que nadie paraba, no había control sobre unas prácticas arriesgadas, se superaban las profundidades en las inmersiones que tenían que hacerse… pero nada se alteraba ni cambiaba, todo seguía igual.
En el año 2008, la Jefatura del Parque de Bomberos señala en un informe que no es necesaria la aplicación de la ley de riesgos laborales. El Servicio de Riesgos de la Ciudad señala en un documento fechado el 15 de diciembre de 2010 que carecen de poder de inspección pero que, aún así, se observan irregularidades en la unidad, dando parte a Gobernación sin que, por aquel entonces, se dieran unas directrices para cambiar la situación. Específicamente se refieren al Buceo, señalando que “debe quedar sin efecto las actuaciones de los trabajadores en tanto que no se establezcan los procedimientos de organización y actuación propios de un equipo para la intervención en la emergencia”. También se advierte de la “obligatoriedad de realizarse los servicios médicos debidos”. Nada se hizo. A la Unidad de la Guardia Civil autora de esta investigación no se le ha podido concretar, todavía, con qué botellas bucearon aquel día los agentes que participaban en los entrenamientos ni saben de los ordenadores que usaron para poder obtener datos válidos para la investigación.
La Inspección de Trabajo, en un informe de octubre de 2010, también señala la existencia de infracciones graves aunque advierte de que “no se puede establecer una relación causal entre dichos incumplimientos y la muerte” de Navas.
Para la Guardia Civil se entiende que cabe la existencia de irregularidades graves tanto administrativas como penales, así como la existencia de una causalidad entre algunas de esas infracciones y la muerte de Navas. Al margen de la toma de más declaraciones, se pide la realización de una reconstrucción de los hechos para arrojar una mayor luz a lo ocurrido.
El juez que lleva el caso, distinto al que lo archivó
En el proceso judicial abierto se intenta esclarecer qué sucedió en torno a la muerte de Marco Antonio Navas. El juez del número 3, que es quien ahora lleva el procedimiento tras su reapertura, no es el mismo que decidió su archivo, a los pocos meses de producirse el accidente. De entrada se ha tomado declaración a varias personas, pero quedan más. De momento entre las declaraciones que fueron prestadas en su día, antes del archivo, y las que ahora se están ofreciendo en fase judicial ya se han detectado contradicciones y errores. Por ejemplo, se dijo que los cuatro buceadores que participaron en ese entrenamiento tenían licencia federativa, cuando sólo el fallecido era el que la portaba. Este es uno de los datos que se incluye en el atestado que forma parte del proceso judicial y que viene a demostrar la ignorancia que se tenía sobre los bomberos.
Antecedentes
30/04/2009
Se produce el fallecimiento de Marco Antonio Navas en acto de servicio cuando realizaba prácticas de buceo en Las Preciadas. En la inmersión se desvaneció siendo localizado tres horas después de los hechos por el buceador civil Juan Carlos Rivas.
Primeras diligencias
Son abiertas por la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, incoándose en mayo de 2009 diligencias previas que, a posteriori, terminarían con el archivo en octubre de la causa hasta su reapertura en este año.
Informes
La Inspección de Trabajo señala que hubo infracciones graves pero no dice que haya una relación de causalidad entre las mismas y la muerte del bombero. Por parte de Riesgos Laborales también se alude a varios incumplimientos que se llevan a cabo.
Guardia Civil
Con la reapertura del caso se cuenta con un informe hecho por la Unidad de Valdemoro (Madrid) de la UAS de la Guardia Civil en el que se analizan asuntos que no se habían concretado durante el archivo de la causa.
