El adjudicatario del servicio del campamento del año pasado solo ha respondido a su propio abogado
Las diligencias penales abiertas por el campamento para niños diabéticos del otoño pasado han comenzado a avanzar en el Juzgado de Instrucción número 6 con las primeras testificales. El primero en declarar, en calidad de investigado, ha sido el adjudicatario de la supervisión médica de la cita, el doctor Juan Antonio Márquez, que en sede judicial únicamente ha aceptado responder a las preguntas de su propio abogado.
El próximo mes de junio está citada a prestar declaración, igualmente como investigada sin que se haya concretado aún el supuesto delito cometido, la médico de la Ciudad que ejerce como coordinadora del Programa de Diabetes de la Consejería de Sanidad.
El Juzgado ha reclamado a la Administración todo el expediente administrativo incoado sobre las circunstancias en las que se desarrolló el campamento, procedimiento que fue paralizado en cuanto se tuvo conocimiento de la apertura de una causa penal a instancias de ocho familias de los niños asistentes.
Igualmente se ha pedido al Colegio de Médicos que remita al Juzgado su propio expediente y muy concretamente el dictamen externo que se solicitó a un facultativo de Medicina Preventiva el pasado mes de octubre, nada más que estalló la polémica por el desarrollo del campamento, en el que los niveles de glucosa de los jóvenes participantes fueron “extraordinariamente altos en la mayoría de usuarios a niveles desde 200 hasta 501, frente a los recomendados entre 80-120", tal y como han aseverado reiteradamente las familias de los niños y la Asociación Ceutí de Diabetes.
Esta entidad denunció que “se aconsejaron malas prácticas como no inyectarse insulina de acción lenta o hacer ejercicio para bajar los niveles”, que “no hubo en ningún momento control de las raciones de la comida”; que “se proporcionaron alimentos no adecuados”; y que “no se proporcionaron los controles adecuados durante las horas que tenían establecidas, ni las citadas inyecciones de insulina adecuadas o pautadas para cada persona”.
Denuncia a la Fiscalía y traslado al Juzgado
Ocho familias de los niños de entre nueve y quince años que asistieron al campamento para jóvenes diabéticos del año pasado denunciaron en febrero ante la Fiscalía, que lo derivó al Juzgado, la presunta comisión de irregularidades con reproche penal en la cita, durante la que la Consejería tenía la tutela de los presentes. El supuesto tipo todavía no ha sido precisado, aunque fuentes judiciales han apuntado, como posibilidad, una imprudencia con resultado de lesiones.
Una iniciativa formativa que ha terminado en diligencias por lo Penal
La Consejería de Sanidad organizó a finales de septiembre del ejercicio pasado por sexto año consecutivo un campamento para niños con diabetes cuyo objetivo era que los asistentes conviviesen con otros en sus mismas circunstancias y aprendiesen sobre su enfermedad: a medirse la glucemia a autoinyectarse la insulina; a manejar situaciones especiales de hipo o hiperglucemia; en fiestas, excursiones y viajes; sobre su dieta...
A través de un concurso público, el adjudicatario de la supervisión médica fue el doctor Juan Antonio Márquez.
Nada más concluir, la Asociación Ceutí de Diabetes denunció “malas praxis” porque se había ordenado, entre otras cosas, “no inyectar insulina a niveles inferiores a 140 de glucosa” y no se había realizado “ninguna actividad formadora o educadora” sobre la enfermedad.
El médico defendió tras verse con Consejería y familias que “en ningún momento se atentó contra la vida de ningún niño ni se puso la vida de los mismo en peligro” y que “a ninguno de ellos se le tuvo que administrar medicación por vía venosa por estar en peligro su vida, sino que sólo se les administró su insulina correspondiente”. “Somos humanitarios y nuestra labor consiste en salvaguardar la salud de nuestros pacientes y tratarlos; es una barbaridad”, rechazó, “que se diga que se puso en riesgo la vida de los niños”.