La mayoría de los derribos de viviendas ilegales ejecutados por vía judicial está en ruina

Cada una de las actuaciones que ejecuta la Consejería de Fomento en materia de derribo de construcciones ilegales sigue su propio ritmo.

Algunas, como en el caso de las edificaciones que se encuentran habitadas, sufren un considerable retraso, al ser necesario establecer una vía judicial previa a la demolición.
Generalmente en esta situación se encuentran inmuebles en ruina que son objeto de estudio por el equipo de disciplina urbanística de la Consejería de Fomento cuyos procedimientos, en cualquier caso, dependen fundamentalmente de la disponibilidad para alojar a estos inquilinos en viviendas de protección oficial. “Lo que se hace normalmente es acelerar los procedimientos cuando la ruina es inminente y hay alguna promoción cuya entrega sea inmediata. En cuanto están elaborados los informes técnicos que recogen que se cumplen estos requisitos el derribo se hace más rápidamente”, apunta el consejero del área, Juan Manuel Doncel.
En otras ocasiones se alcanza un acuerdo con los habitantes de estas viviendas. “Se estudia el expediente, se envía un informe técnico de Urbanismo y de Servicios Sociales a la Comisión Provincial de Vivienda, y una vez que se estudia el caso con el resto de áreas implicadas se procede al realojo”.
Independientemente de cuáles sean las formas o el procedimiento a desarrollar en el derribo, a lo largo de la próxima semana continuarán las demoliciones en la barriada del Príncipe. La Oficina de Obras, dependiente de Fomento, ya ha detectado algunas edificaciones en la zona de la ITV, cuyo derribo dependería de la coordinación entre varios servicios municipales, como Parque Móvil y Obimace, explica Doncel.
Entre la calle Fuerte y el puente del Quemadero se mueven las actuaciones de derribo de la Consejería, necesarias “para continuar con las obras de infraestructura que se están haciendo en la zona”.
Además, sería imprescindible, apunta Doncel, acometer el derribo de algunas viviendas que no podrían ser legalizadas dentro del plan anunciado por Fomento de regularización de algunos de estos inmuebles, aquellos cuya ubicación no estuvieran afectadas por infraestructuras básicas.  “En este caso procederemos a contactar con los usuarios, para su realojo y posterior demolición de las viviendas”.
Otra de las acciones que, actualmente, desarrolla la Oficina de Obras del Príncipe es la clarificación de la titularidad de ciertas zonas, ya que de ello dependería la agilidad en la ejecución del derribo. De ser de dominio público, la demolición se haría de manera inmediata. En el caso contrario, en el que la parcela pertenezca a un particular, se iniciarían las conversaciones con el propietario y se procedería en base al procedimiento más adecuado a las circunstancias en cuestión.

Procedimiento:

Obras incipientes
En el caso de construcciones de chapa que no están habitadas o se trate de edificaciones incipientes, la Consejería de Fomento pone en marcha los trámites para el derribo inmediato de las construcciones ilegales, al carecer de cualquier tipo de licencia. Se procede de la misma manera aunque el inmueble esté en estado más avanzado, es decir, que ya se aprecie el hormigón de la obra.
Construcciones ocupadas
El problema que retrasa las demoliciones radica en las edificaciones con habitantes a las que es inviable acceder, lo que hace necesario poner en marcha la vía judicial. El desalojo es aquí más complicado, al ser necesario esperar la sentencia.
Terrenos recuperados
Desde que se iniciara el proyecto de demolición de las construcciones ilegales se han recuperado casi 6.000 metros cuadrados de parcelas de dominio público sólo en las calles Norte y Fuerte y en los alrededores del colegio público Reina Sofía. Se trata de terrenos ya parcelados, donde se han encontrado incluso los primeros forjados.
Regularización
Fomento tiene en mente un proyecto de regularización de algunas viviendas que no estén afectadas por infraestructuras.