La lucha contra el déficit publico

En el contexto actual de reducción del déficit público, todos los sectores de la sociedad deben asumir una responsabilidad en este esfuerzo.  El Gobierno y las CCAA se comprometen con la nueva estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria es la primera condición del crecimiento económico y la creación de empleo. Así las administraciones no absorberán toda la financiación, para que llegue a pymes y autónomos y vuelvan a ser motores de la recuperación.
España se pone a la cabeza de Europa en el compromiso de la estabilidad presupuestaria. España va a ser el primer país de la de UE que traslade a su ordenamiento jurídico los principios de Estabilidad de la Unión. Explícitamente se hace constar que se trasladarán de forma automática todos los avances que en este sentido haya en la UE. La ley es un mensaje a nuestros socios del euro y a los mercados de que España abraza de forma definitiva la cultura de la estabilidad presupuestaria.
La Ley de Estabilidad presupuestaria concreta el compromiso. Por primera vez, todas las CCAA y los ayuntamientos grandes tendrán techo de gasto ante de realizar los presupuestos y un límite de deuda. La ley va a establecer los mismos mecanismos sancionadores existentes en los gobiernos europeos que gasten de más. La ley prevé apoyar a las administraciones que cumplan con anticipos a cuenta, con líneas ICO, y con otros instrumentos. En los planes de viabilidad se incluirán también los aplazamiento de pago a proveedores, para que las Pymes y los autónomos no sean los que financien las autonomías.
El Gobierno sigue trabajando con la determinación de generar empleo. El Gobierno continúa trabajando en medidas clave de austeridad y control del déficit, con reformas estructurales que generarán empleo y crecimiento económico.
El Gobierno aprobará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la reestructuración del sistema financiero a mediados de febrero. El primer gran acuerdo del Gobierno garantizará el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha acordado la disposición de un techo de gasto de las CCAA, un sistema de racionalización y simplificación del sector público y una mayor transparencia de las cuentas públicas. De acuerdo al respeto de la normativa europea, el Gobierno sancionará penalmente a aquellas administraciones que hagan mal uso de los presupuestos públicos. Al mismo tiempo, el Gobierno ofrecerá mecanismos de apoyo financiero a aquellas comunidades que, por el contrario, sí cumplan con los objetivos de reducción del déficit.
El Gobierno aplica la austeridad a su propia organización reduciendo los altos cargos en los organismos ministeriales. El Gobierno reducirá las subdirecciones generales de 23 a 19. A esta medida de contención, hay que sumar la reducción de un 40% de las Direcciones Generales que ya llevó a cabo el Gobierno.
El Gobierno reformará los organismos reguladores, tras la proliferación de los mismos durante el Gobierno socialista. El objetivo del Gobierno es simplificar al máximo el número de estos organismos que suponían un gasto público desorbitado, para hacerlos más eficaces, independientes y austeros. Los organismos reguladores se habían multiplicado tras la Ley de Economía Sostenible del Gobierno socialista hasta el punto de solaparse en competencias. Esta reforma devolverá la confianza al sector económico y a consumidores y garantizará la profesionalidad y transparencia de estos organismos.
Los Gobiernos del Partido Popular sientan las bases de austeridad en toda España. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular abrazan la cultura de austeridad, transparencia y buen gobierno.
El Gobierno está comprometido con el cumplimiento del objetivo del déficit. El cumplimiento del objetivo del déficit del 4,4% es irrenunciable y tiene que adaptarse a la desviación que el Gobierno socialista ocultó. El déficit previsto, según aseguraba el Gobierno socialista, era del 6%, pero las cifras que ha conocido el Gobierno lo sitúan en torno al 8%. Esta desviación de dos puntos supone más de 20.000 millones de euros. Sólo en las cuentas de la Seguridad Social, el Gobierno socialista aseguraba un superávit de 4.400 millones de euros, pero, la realidad es que cerrará con un déficit de 600 millones. Frente a esta situación extraordinaria, el cumplimiento del objetivo del déficit exige la realización de ajustes temporales, con los que el Gobierno ha conseguido recuperar la confianza de Europa.
El Gobierno ha adquirido un compromiso de estabilidad presupuestaria con el que luchará contra el déficit y recuperará la solvencia de España. La tarea de reducción del déficit público continuará en los próximos meses con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el próximo Consejo de Ministros. Las comunidades autónomas se han comprometido con la nueva estabilidad presupuestaria tras la celebración de la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Con este compromiso de austeridad, España se pone a la cabeza de Europa en estabilidad presupuestaria.