La Ley de Extranjería

Hace unos días, rebuscando en Internet, encontré esta noticia, publicada en El País y referida a la intervención que tuve el día 20 de diciembre de 1999 ante la Junta Directiva Nacional del PP –entonces presidido por José María Aznar– en relación con el proyecto de la llamada Ley de Extranjería que por aquellas fechas estaba a punto de ser definitivamente aprobado por el Congreso de los Diputados.

Ignoraba que aquel debate, producido sin la presencia de medios informativos, hubiera trascendido a la prensa, pero me alegro de que así fuese.
No estaba conforme en absoluto con el contenido de ese proyecto de ley, En el Senado habíamos introducido algunas enmiendas que lo mejoraban, pero quedaba el definitivo pase por el Congreso, donde dichas enmiendas podrían ser rechazadas. Frente a lo que dice el periodista, ni mencioné la palabra “progresismo”. Simplemente, como observador situado en un puesto avanzado, me limité a detallar los graves inconvenientes que tanto para mi ciudad como para el resto de España podían derivarse de la puesta en vigor de un texto excesivamente aperturista, demasiado permisivo, más pendiente de los derechos de unos posibles irregulares que de los que la Constitución reconoce a los propios ciudadanos españoles.
Creo que los hechos han venido a darme la razón, Donde no había vallas, ha habido que ponerlas y reforzarlas. Donde no existían diques, ahora los hay, y serán ampliados, Donde se intenta defender una frontera –que es la de España y la de Europa– frente a masivos asaltos, surgen las críticas de ONG, que andan buscándole tres pies al gato, e interviene la Justicia, dando la sensación de que no hay posibilidad de emplear medio  defensivo alguno. Las llamadas “devoluciones en caliente”, que derivan de un acuerdo suscrito entre España y Marruecos, son consideradas como una terrible infracción de los derechos contemplados en la por mí criticada Ley de Extranjería.
Dos ciudades como Ceuta y Melilla, cuyos habitantes tienen el mismo derecho que los demás españoles a vivir en paz y con tranquilidad, se ven asaltadas e invadidas por gentes que han violado o burlado sus controles fronterizos y que, para colmo, se permiten acampar en pleno centro de Ceuta para protestar porque no les dejan pasar a la Península. Se  crean los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) que nada tienen que ver con los Centros de Internamiento previstos en la Ley, con el decidido propósito de prolongar por meses, e incluso años, la permanencia en ambas ciudades de inmigrantes irregulares, ello pensando en que pueda servir como factor disuasorio para que los que vienen de camino se convenzan de que cometerían un error si entraran en ellas, aunque la realidad es que siguen haciéndolo. Y, mientras tanto, a ceutíes y melillenses nos toca aguantar, aunque eso no parezca importarle a nadie, y menos a un consejero madrileño que se molesta cuando les llegan algunos de esos inmigrantes procedentes de estas sufridas ciudades. Resulta curioso constatar que Ceuta, donde calculo que hay una proporción de al menos ochenta y cinco agentes de la autoridad por kilómetro cuadrado, es la ciudad de España en la que existe la mayor sensación de inseguridad ciudadana. Por algo será.
Como es lógico, estoy a favor de reconocerles todos los derechos humanos habidos y por haber a los inmigrantes regulares, a los que entren con la documentación en regla y pasando legalmente los controles fronterizos, pero lamento no poder compartir ese mismo sentimiento respecto de aquellos que se nos cuelan, que violentan la frontera, que aparecen sin documentación alguna o con documentos falsos, y que, peor aún, se permiten perturbar nuestros derechos ocupando, porque sí, el espacio público, con la idea de exigir que las autoridades españolas hagan lo que ellos quieren. Cuando un bar desea instalar mesas en la acera tiene que solicitar el correspondiente permiso municipal y, si lo obtiene, abonar el preceptivo canon al Ayuntamiento.
Creo que esa famosa sentencia del Tribunal Supremo que convierte una tienda de campaña en el hogar de quien la ocupa no afecta a las que estén instaladas por las bravas en suelo público urbano, máxime cuando el Estado facilitó a esos okupas un albergue (el CETI) a pensión completa. Aunque lo hayan abandonado en señal de protesta, ese es legalmente su hogar transitorio, y no una tienda de campaña montada en la Plaza de los Reyes. En todo caso, además, está el principio jurídico según el cual  “una sentencia no sienta jurisprudencia”. Lo que en ningún caso se debe hacer es darles un trato preferencial porque estén incomodando. Sería una manifiesta injusticia con respecto a quienes, en el CETI, esperan con paciencia la resolución de sus expedientes.
Escribo este artículo con tres días de antelación al domingo en que se publicará, pues salgo de viaje. Ojalá, cuando aparezca en El Faro, nuestra emblemática Plaza esté libre, limpia  y a plena disposición de los ceutíes. Es lo menos que nos merecemos.