“La Justicia de España adolece de medios para desempeñar una labor adecuada”

Natural de Jaén, el magistrado de lo Contencioso 2 Antonio Severo Castro es el nuevo juez decano tras publicarse en el BOE su nombramiento. Afronta el reto con un plan que desvela en ‘El  Faro’

Cuando Antonio Severo Castro, oriundo de Jaén y actual juez del Contencioso 2, atracó en el Puerto de Ceuta, el juez decano llevaba tres años en el puesto. Corría el año 2002 y ahora, tras publicarse en el BOE, es él quien se hace con las riendas del Decanato en sustitución de Juan Domínguez Berrueta, que quince años después ha renunciado a presentarse a la reelección.
–Natural de Jaén, lleva ya una década en Ceuta. ¿Se siente identificado con la ciudad y con su idiosincrasia? ¿Qué rincones le gusta especialmente?
–El próximo mes de marzo se cumplirán doce años desde que tomé posesión en el Juzgado de lo Penal nº 2, donde permanecí los primeros siete. Con motivo de la creación en 2009 del segundo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo decidí cambiar de jurisdicción, siendo este juzgado en el que me encuentro actualmente. Ceuta es una ciudad fascinante, hospitalaria y realmente encantadora. Tengo grandes amigos y, a nivel profesional, es una plaza que permite una gran realización para un magistrado. Como rincones destacables mencionar la vista de Ceuta desde el mirador de Santa Isabel y la prolongación del paseo en la Playa de la Ribera.
–Tras quince años, la Justicia de Ceuta tiene nuevo juez decano. Unas palabras para Domínguez Berrueta, por favor.
–Ante todo, expresar mi agradecimiento y reconocimiento a la labor que durante tanto tiempo ha llevado a cabo Juan Berrueta como juez decano. Labor que ha sido realizada en una ciudad con actividad judicial intensa, no sólo por el volumen de litigiosidad en todos los órdenes jurisdiccionales, sino por un apreciable aumento de órganos judiciales en un corto espacio de tiempo, lo que genera cuestiones relativas al reparto de asuntos, incidencias, proposición de jueces sustitutos en juzgados carentes de titular, elevación de informes y un largo etcétera. En definitiva, multitud de situaciones que deben ser atendidas por el decano, como así ha sido y que todos los compañeros le agradecemos y reconocemos, y cuya aportación en esta nueva etapa, así como su experiencia, será de gran ayuda.
–¿Por qué presentó su candidatura, finalmente ganadora, para ser juez decano y qué retos se marca?
–No fue una decisión exclusivamente personal. La presentación de la candidatura a juez decano viene precedida y motivada por un continuo e intenso diálogo entre compañeros para analizar y abordar las cuestiones que afectan a los órganos judiciales y, especialmente, aquellas que se puedan suscitar en este crucial momento que está viviendo la justicia en Ceuta con la reciente implantación de la NOJ, y en el que los magistrados que aquí servimos pondremos nuestro incondicional y coordinado esfuerzo para mejorar el servicio público que estamos llamados a cumplir.
–Antes de cuestionarle acerca de la la NOJ (Nueva Oficina Judicial), lo hago sobre las tasas judiciales, que ahora que van a cumplir un año desde que se pusieran en marcha y que siguen ocasionando controversia, ¿usted qué opina al respecto?
–La tasa judicial, como cualquier otra, debe cumplir la finalidad que le es propia, es decir, ser una contribución económica que realiza el ciudadano por la prestación de un servicio que recibe del Estado. Y es, precisamente, en este concepto donde debe encontrar su límite. De modo que, si su importe es tan gravoso que limita desproporcionadamente o imposibilita el acceso al dicho servicio público, se desnaturaliza y pierde su razón de ser. Así entiendo que sucede cuando para recurrir en vía contenciosa una sanción de 500 euros hay que abonar una tasa de 250; o que un recurso de apelación de sentencia civil pueda tener asignada una tasa de 800 euros.
–Usted es elegido juez decano en un momento en el que la Justicia de Ceuta vive un cambio radical, motivado por la entrada de la NOJ, como anteriormente ha mencionado. ¿Usted es partidario de la misma? ¿Por qué?
–El ejercicio de la función jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) que realizamos jueces y magistrados lo llevamos a cabo dentro de un marco normativo y organizativo que nos viene predeterminado por otros poderes del Estado y que está sujeto a continuos cambios, sin que nuestra profesionalidad y responsabilidad pueda ni deba verse afectada por los mismos. Por el contrario y en lo que respecta a la reciente puesta en marcha de la NOJ, nuestra dedicación y esfuerzo se ve necesariamente estimulado ante el reto que dicho sistema organizativo implica. Ahora bien, dado que la NOJ supone una modificación integral tanto en la estructura del órgano judicial como en la organización del personal funcionariado adscrito al mismo, sí conviene subrayar que el operar cambios tan sustanciales en organizaciones tan complejas, como es la Administración de Justicia, requiere de una especial cautela tanto en el diseño del modelo como en su posterior implantación, y en la que el conjunto de jueces y magistrados de este partido judicial, representados por su Decanato, tenemos mucho que aportar.
–¿Se combate bien el narcotráfico de hachís en Ceuta, ciudad puente a Europa?
–Efectivamente, Ceuta puede considerarse como una de las puertas de entrada del hachís a Europa, dada su situación geográfica, pero creo que la labor desempeñada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a quienes les corresponde propiamente la investigación de los delitos, en este punto es encomiable, como lo demuestra la gran cantidad de droga que se interviene anualmente. En este punto, la labor de los órganos jurisdiccionales es la de instruir o juzgar, según se trate de juzgados de Instrucción por un lado, o juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial por otro, en total colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, siendo un hecho innegable que una importante proporción de la labor desempeñada por tales órganos judiciales gira en torno a los delitos contra la salud pública.
–Seamos francos, ¿en qué estado se encuentra, a grandes rasgos, la justicia en España, qué es digno de elogio y en qué se ha de mejorar?
–La justicia en España adolece de falta de medios materiales y personales necesarios y suficientes para poder desempeñar adecuadamente la labor judicial, supliéndose dichas deficiencias por el esfuerzo desempeñado por los operadores jurídicos en prestar un buen servicio a los ciudadanos. A grandes rasgos, España tiene un buen sistema judicial, y de ello es prueba que en las encuestas que suelen hacerse a los ciudadanos, quienes peor valoran la Justicia son los que nunca han sido parte en un procedimiento, mientras que, por el contrario, los que han estado en contacto con los juzgados tienen, en general, una buena opinión de la misma. No obstante, lo que es innegable es que hay muchos aspectos que mejorar.
–Le tengo que preguntar sobre la derogación de la 'Doctrina Parot'. ¿Considera que se trata de un ataque directo a las víctimas?
–Aunque es del todo comprensible el dolor de las víctimas, el criterio jurídico que fundamenta tal decisión jamás surge con la intención de atacar o producir dolor a las víctimas. Sería una aberración. La derogación de la 'Doctrina Parot' lo que supone es un cambio de criterio en la interpretación de la norma penal cuyo análisis debe partir de dos premisas: 1) El C.P. de 1973 establecía la posibilidad de que el penado pudiera redimir penas por el trabajo, de tal manera que por cada dos días de trabajo se redimía uno de pena. Aunque esta posibilidad de redención terminó cuando el CP de 1973 fue derogado por el vigente CP de 1995, aún debía aplicarse aquél a los delitos cometidos durante su vigencia; y 2) Nuestro sistema penal establece un límite máximo de cumplimiento de pena de prisión, que eran treinta años en el C.P. 1973 y cuarenta en el vigente CP 1995. De tal modo que, aunque el autor responsable de cinco delitos de asesinato sea condenado en sentencia a un total de 150 años, el tiempo máximo real de cumplimento en prisión no podía exceder de treinta años. Con la 'Doctrina Parot' los beneficios penitenciarios de redención de penas por el trabajo se aplicaban a los 150 años de condena, lo que en la práctica suponía el cumplimiento efectivo de los treinta años de prisión, siendo este el criterio mantenido por nuestro Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. En cambio, el Tribunal de Estrasburgo considera jurídicamente más razonable que tales beneficios penitenciarios se apliquen, no a la totalidad de la condena (150 años), sino a los treinta años, por ser éste el límite máximo real de cumplimento de pena de prisión que la legislación española tenía establecido cuando se cometieron esos delitos.
–¿Es viable la separación entre Justicia y Política?
–Hay que diferenciar cuestiones como la composición de nuestro Órgano de Gobierno (CGPJ), cuyos miembros son elegidos por el Congreso y Senado y donde la implicación política del sistema de elección es innegable; de la labor que jueces y magistrados diariamente desempeñamos en el estudio de procedimientos y dictado de resoluciones, donde la separación entre Justicia y Política no es que sea viable, sino necesaria, preceptiva, exigible y reprochable si se produce algún tipo de injerencia.
–¿Cómo considera usted que se ha de combatir el terrorismo internacional yihadista, esa amenaza que, en este lado de España, se siente quizá con más fuerza y motivos para que así sea que en la península?
–Realmente, dicha pregunta debiera responderla los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que son los encargados de la investigación de tales delitos. Los órganos jurisdiccionales de Ceuta poco conocimiento tienen de dicha cuestión puesto que toda esa materia es competencia de la Audiencia Nacional, limitándose a prestar su colaboración en la práctica de aquéllas diligencias necesarias cuando, para una cuestión puntual, son requeridos para ello.
–¿Cómo es posible que se tambalee todo el sistema judicial con la mera actuación de unos criminales de barrio? (véase el Caso Marta del Castillo). ¿Acaso hay quienes actúan protegidos por la candidez de las leyes?
–Aquí hay que partir del hecho de que las leyes las aprueba el Parlamento y los órganos jurisdiccionales se limitan a aplicarlas. En cualquier caso, no considero que el sistema judicial se tambalee en modo alguno, sino que a veces la repercusión mediática de algunos asuntos produce una visión distorsionada de las cosas, ya que se vierten al público muchas opiniones por personas ajenas al mundo jurídico, sin que sea posible a los jueces rebatir tales opiniones, entre otras razones, por que estamos obligados por el secreto del sumario.
–¿Es bueno que un juez lleve una etiqueta sobre la espalda?
–Entendida la etiqueta como el modo de presentar un producto, no creo que sea bueno aplicarla a los jueces, ni tampoco algo en lo que los jueces debamos participar. Cuando ocurre se producen situaciones no deseables como la identificación de un juez o magistrado con una determinada tendencia política, o la utilización de calificativos cómo juez estrella por asumir un continuo e innecesario protagonismo. Algo incompatible con un contexto de discreción y prudencia que considero el más favorable para desarrollar nuestra labor con eficacia.

"La NOJ requiere de un tiempo prolongado para que funcione"
Tres meses después de que entrara en vigor la Nueva Oficial Judicial de Ceuta, y, por ende, en funcionamiento, el recién nombrado juez decano de nuestra ciudad, aún con cautela, emite la primera voloración acerca de este sistema llamado a impulsar el ámbito judicial. De tal modo, Severo Castro señala que "la modificación estructural y organizativa que supone el sistema implantado requiere un periodo de tiempo prolongado para su estabilización y posterior consolidación, por lo que entendemos que aún es pronto para poder hacer una valoración sobre su funcionamiento". "Además", añade, "tampoco contamos con datos estadísticos que nos permitan una comparación con el antiguo sistema. No obstante, sí es de común opinión entre los magistrados que los juzgados han quedado infradotados de personal a favor de los nuevos servicios comunes. Esta reducción de personal en los juzgados tenía su razón de ser en la creación de un servicio común encargado de la tramitación de los procedimientos, pero ocurre que este servicio no ha sido aún creado". "Por ello", concluye, "los funcionarios que han quedado en cada uno de los juzgados de Ceuta están teniendo que asumir la carga de trabajo que correspondía a ese servicio común de la NOJ, que esperemos se ponga en marcha en breve".