Según anuncia el portal web de La Moncloa, a partir de ayer (1 de enero) las personas físicas podrán elegir la Sede Judicial Electrónica para comunicarse con la Administración de Justicia en aquellos procedimientos que no requieran abogado, procurador o graduado social (como, por ejemplo, la reclamación de deudas a través del proceso monitorio). Este servicio será gratuito y no estará sometido al horario de las administraciones públicas (esto es, será accesible todos los días del año y las 24 horas del día).
El Gobierno lo califica como “un paso adelante en el camino hacia la Justicia digital que afecta también a las personas jurídicas, a las entidades sin personalidad jurídica y a las Administraciones Públicas, que están obligadas desde este 1 de enero a utilizar los medios digitales en sus relaciones con la Administración de Justicia”.
Las personas físicas, a través de la Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia, podrán presentar demandas en reclamaciones de deudas dinerarias conforme al proceso monitorio, recibir notificaciones y otros actos de comunicación, dar poderes a procuradores y abogados, además de consultar el estado de su procedimiento judicial.
Además, tanto para las personas físicas como para las jurídicas, las comunicaciones electrónicas estarán disponibles con los órganos judiciales del ámbito competencial del Ministerio de Justicia (Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla), así como con los órganos centrales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). Sin embargo, no está aún claro cómo afectará esto a las comunidades autónomas que ejercen sus propias competencias en el ámbito judicial: éstas “determinarán a través de sus sedes electrónicas, portales de Justicia o mecanismos de difusión que consideren oportunos, los cauces de comunicación con los órganos judiciales de su territorio”. Con los nuevos colectivos y organismos que se incorporan desde hoy a la práctica de comunicaciones electrónicas con la Administración de Justicia, “se generaliza el uso de los medios digitales en las relaciones con los órganos judiciales. En 2016 se realizaron a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia, 73 millones de comunicaciones electrónicas gracias a la incorporación masiva de los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales de todo el territorio”.
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