Este órgano de representación del profesorado responsabiliza de la “gran preocupación” del profesorado ante la Oferta de Empleo Pública a la Delegación del Gobierno, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y su cartera en Madrid. Los sindicatos representados en la Junta de Personal Docente convocan una concentración para el próximo martes a las 12.00 horas a las puertas de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación para exigir a esta cartera una “respuesta inmediata” a la incertidumbre en torno a la Oferta de Empleo Público, OEP.
Juan Luis Aróstegui, presidente de este órgano del profesorado, trasladó que quieren “dejar patente que los responsables de esta nueva discriminación son el delegado del Gobierno y el director provincial”, José Fernández Chacón y Aquilino Melgar respectivamente.
El único punto del día en la reunión de ayer fue analizar esta situación debido a la “gran preocupación por parte de los sindicatos ya que la oferta va a ser muy inferior a la acordada con las centrales”, reveló Aróstegui. El máximo exponente de la Junta recuerda que, en la actualidad, existe un “periodo transitorio en el que existe un sistema de acceso distinto y eso está acompañado de ofertas propias generosas porque la intención era consolidar el empleo de los interinos”.
Si en este año se reduce la OEP, según señaló Aróstegui, el último que queda de Educación Secundaria, “se incumple un acuerdo alcanzado con los sindicatos y se perjudica gravemente al colectivo de los profesores interinos”. El segundo problema es, continuó el presidente de la Junta de Personal, “que de manera inexplicable y estando a mitad de marzo, todavía no se sabe nada del número de plazas y la distribución por especialidades”. Considera una “falta de responsabilidad” debido a las “expectativas pendientes”; de los aspirantes a los puestos de trabajo, quienes están a expensas de muchas decisiones tomar. Aróstegui reiteró que esta situación “sólo ocurre en Ceuta y Melilla porque el resto de comunidades autónomas ya conocen su OEP”. Coyuntura que imputa al delegado del Gobierno y al director provincial, a quienes tildó de “inútiles”, porque deberían “haber hecho ya las gestiones pertinentes”.
El acuerdo inicial en cuanto a número de plazas se situaba en unas 150 en dos convocatorias (2008 y 2010), estimó Aróstegui para subrayar que, pese a ser cifras sin contrastar, Educación habría pedido al Ministerio de Administraciones Públicas 40 ó 45 plazas.