La política en materia de vivienda está en el ojo del huracán porque la firma de contratos de algunas casas de las 170 VPO se hizo antes de pasar por la comisión de la vivienda
La denuncia que en julio de 2015 interpuso la Ciudad tras sufrir el primer desaire con Antonio López, quien iba sumando ‘ex’ a su lista de cargos siendo apartado de todo, puso el acento en la política en materia de vivienda que el Gobierno local había llevado a cabo con la promoción de las 317 VPO de Loma Colmenar. Lo que en ese momento nadie podía imaginar es que de aquel paso al frente se iba a derivar una macrocausa que ha extendido sus tentáculos investigadores a las promociones de las 225 y de las 170 de la misma barriada. La magistrada del juzgado de instrucción número 1, que asumió el caso que había recaído en el 3, tuvo que ‘blindar’ la investigación ordenando un secreto de sumario para evitar no solo filtraciones sino, también, una posible destrucción de documentos de saberse los pasos que iba a ordenar a la Policía. Hoy por hoy, el ya famoso caso ‘Loma Colmenar’ se ha convertido en el más protegido judicialmente y así seguirá hasta que la magistrada considere que ya ha agotado todas las posibles vías de investigación y levante el secreto que pesa sobre una veintena de tomos.
De momento poco es lo que se sabe o se debe saber, más allá de que las últimas detenciones estarían relacionadas con el procedimiento de adjudicación de las 170; un proceso que tuvo su polémica ya no solo por el retraso sino por la cantidad de asignaciones que se llevaron a cabo en base a determinados cupos y por el hecho de que algunas de esas adjudicaciones contaran ya con su contrato de arrendamiento sin haber pasado por la comisión o haber tenido el visto bueno de la misma. Los detenidos formaban parte de esa comisión, sobre la que el juzgado considera que podría haberse incurrido en alguna irregularidad que no habría sido advertida o señalada por los mismos.
Días atrás agentes de la UDYCO, que cumplen en este operativo una misión judicial ya que acatan las órdenes de la magistrada, habían pedido en las oficinas de Emvicesa y de Asuntos Sociales, listados correspondientes con las dos promociones, al objeto de disponer de las identidades de todos los adjudicatarios así como conocer el proceso seguido en las 170 y 225. Las últimas peticiones de documentación llevaron a acelerar las órdenes de detención que se practicaron entre el martes y miércoles, en Marbella y Ceuta. En la macrocausa figuran ya varios investigados (la figura del antiguo imputado) y declaraciones de personas que han manifestado que pagaron dinero por la obtención de una vivienda protegida.
Tras estas detenciones, tal y como ayer avanzó El Faro, se dictaron autos de entrada en prisión o libertad con cargos, según procediera. La primera, provisional -comunicada y sin fianza- para el exgerente de Emvicesa, Antonio López, y las últimas para la consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, la de Educación, Rabea Mohamed, y el diputado por Caballas Mohamed Alí, todos ellos investigados por hechos que podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Al exgerente de Emvicesa también se le investiga por hechos que podrían resultar ser un delito de cohecho.
LOS 4 PERFILES DEL OPERATIVO
ANTONIO LÓPEZ. De los aplausos y apoyos al estilo ‘guapo, guapo’, a la soledad de una celda en la vieja prisión de Los Rosales En junio de 2015, cuando el exviceconsejero de Vivienda Antonio López acudía a los juzgados, era recibido con aplausos, besos y apoyos verbales al estilo ‘guapo, guapo’ o ‘tira de la manta’. El miércoles por la noche, cuando se le trasladaba al juzgado, nadie se personaba en su exterior para repetir el mismo coro. Es la noche y el día, el día y la noche de esas querencias populares que terminan apagadas por el miedo, la vergüenza o las conclusiones que cada cual prefiera. A López le han registrado parte de su patrimonio: la urbanización de Marbella así como la casa familiar del Sardinero. En todos los registros estuvo presente para, ya de noche, ser ingresado en una de las celdas de la vieja prisión de ‘Los Rosales’. No hace ni dos años, López era una de las piezas clave del PP, o más bien del área de Vivienda de un Gobierno que decidió darle el casi control de estas competencias, al dirigir las riendas de Emvicesa y controlar los procesos de adjudicación de las casas de protección oficial que se iban construyendo en las distintas promociones. Ahora figura como el que más cargos incriminatorios se le imputan. La notoriedad de su arresto no ha gustado nada en su entorno ya que consideran que se le podría haber citado como a los demás.
INICIO DE LA DENUNCIA. Román, anterior responsable del área de Vivienda y la que dio la cara en la denuncia Fue Susana Román la que tuvo que dar la cara cuando se publicó la famosa ‘lista fantasma’ para anunciar que el Gobierno presentaría denuncia y para personificar la presentación de la misma, como anterior responsable política del área. De Román se ha dicho y escrito mucho: que si la trasladaban a Ceuta escoltada y detenida por la Policía, que si se había marchado a sabiendas de su detención... El hecho es que acudió nada más saberse citada en compañía de su letrado recibiendo las acusaciones que los demás políticos en activo, coincidiendo entre ellos el hecho de que estuvieron en la comisión.
MOHAMED ALÍ. El único ajeno al Gobierno pero que estaba en la comisión La detención de Mohamed Alí se produjo en calidad de que se encontraba, como representante de Caballas, en la comisión de las 170 y, por tanto, daba el visto bueno, al igual que los demás representados, a las actas de las distintas reuniones. Alí acudió a las dependencias judiciales sin que se le tuviera que detener en su despacho, a donde había acudido la UDYCO. En el caso de su arresto coincide el malestar existente con los demás practicados, debido a la ‘ostentación’ mediática que se produjo debido a los arrestos y posteriores traslados.
RABEA MOHAMED. La que era responsable en el área de Asuntos Sociales Rabea Mohamed tuvo que hacer múltiples declaraciones a los medios debido al retraso que se estaba produciendo en cuanto a la adjudicación de las 170 VPO y el conflicto que se ocasionó con los cupos sociales. Ella era responsable de esta área, debiendo atenderse a personas que procedían de desalojos, otras de viviendas derribadas, de promociones anteriores... Todo aquello dependía del área que controlaba políticamente Rabea Mohamed, que ahora está en Cultura. Ayer acudió como cada día a su trabajo y durante estos días previos ha sabido de la solicitación judicial de documentos relacionados con aquella gestión.