La jueza absuelve a dos facultativos del Ingesa de una falta de imprudencia

Asimismo, el instituto médico no deberá pagar, de momento, los 113.991 euros de indemnización que se pedían.

La magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno ha dictado sentencia absolutoria para dos médicos que fueron acusados de cometer una presunta falta de lesiones por imprudencia médica, recogida en el artículo 621 del Código Penal. El juicio se celebró sin presencia del Ministerio Fiscal, ya que este tipo de infracciones sólo son perseguibles mediante una denuncia de la persona agraviada. La jueza concluye que  “no existió un abandono y dejadez para poder imputarles (a los acusados) una conducta criminal”. La fundamentación que utiliza es muy sencilla: “La imprudencia  nace cuando hay comportamientos descuidados, de abandono y de omisión del cuidado exigible (...) valorando la prueba documental y las declaraciones se concluye que no existió un abandono”. En este sentido, la magistrada aclara que “que por regla general el error en el diagnóstico no es tipificable como infracción penal, salvo equivocación inexcusable”, aunque evita entrar a valorar si se trató o no de un error en el diagnóstico. En términos aclaratorios, la jueza ha hecho algo parecido a archivar la causa por la vía penal por “la ausencia de responsabilidad criminal”, dejando abierta la posibilidad de “que se tomen las acciones civiles pertinentes”.
En el juicio la acusación particular solicitó que se le impusiera a los médicos una multa de 3.600 euros (60 días a razón de 60 euros la cuota diaria) con 30 días de arresto sustitutorio. Igualmente, la parte denunciante pidió una indemnización que ascendía a un total de 113.991,72 euros por las lesiones sufridas. Esta cantidad, en principio, debía ser satisfecha por la compañía de seguros del instituto médico y, en su defecto, por el propio Ingesa, aunque al haber sido absueltos no deberá satisfacerse esta petición económica.
El perjudicado puso su denuncia en el año 2004 después de que se le amputaran tres de los dedos de una de sus manos en un clínica de Jerez en el año 2003. Según la propia acusación, los médicos no prestaron la atención necesaria y suficiente al hombre, que acudió en repetidas ocasiones para que le dieran asistencia médica. Según la defensa, en ningún momento se produjo una dejación sanitaria, ya que afirman que se le fueron practicando una serie de pruebas para determinar qué le ocurría y dicen que pasó por multitud de áreas como la de atención primaria, traumatología y dermatología. Igualmente, desde el Ingesa se negó la posibilidad de que se hubiera incurrido en un error de diagnóstico. Para ello comparecieron tanto el médico denunciado como un perito médico cuyos testimonios fueron encaminados a demostrar que el denunciante podría padecer una enfermedad poco habitual de tipo vascular que sería muy complicada de diagnosticar y que habría provocado las amputaciones.