La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha abierto una nueva pieza separada tras recibir el atestado en el que la Guardia Civil solicita imputar al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, a cuenta de un presunto delito de tráfico de influencias en relación a una ayuda sociolaboral de 300.000 euros otorgada en 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala, tras recibir el atestado del área de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
De esta manera, y «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido», la juez de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda incoar diligencias previas y practicar las diligencias «esenciales» encaminadas a efectuar tal determinación.
En este atestado, los agentes analizan la ayuda sociolaboral excepcional por valor de 300.000 euros que la Consejería de Empleo otorgó en julio de 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz.
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