Por sorpresa y cuando se esperaba que la investigación del ‘caso Emvicesa’ siguiera protegida por el secreto de sumario un tiempo más, la magistrada Raquel Lucini ordenó ayer su levantamiento. Así que lo que durante meses ha permanecido oculto, ahora empezará a aflorar situando cada pieza en el particular encaje de bolillos que ha estado tejiéndose en el juzgado de instrucción número 3. Son más de 5.000 folios de actuaciones, tomos y tomos guardados que ahora tienen que ser escaneados para que los abogados personados puedan analizar cada una de las conclusiones de Lucini. Un proceso que durará varios días y que pondrá las cartas sobre la mesa en torno a lo que se presenta como un presunto caso de corrupción cometido durante años en la adjudicación ilícita de viviendas. Y es que no se trata solo de evidenciar la falta de pulcritud y debido cuidado que se tuvo en el proceso de las 317 de Loma Colmenar, sino en promociones previas cuyos listados de adjudicatarios fueron solicitados meses atrás por los componentes de la Policía Nacional que actuaron en función judicial solicitada por su señoría.
La operación desarrollada con más o menos efecto mediático por la UDYCO ha sido bautizada como ‘Ghost’ (fantasma en inglés) y la misma saca a la luz una presunta compra de casas de promoción pública mediante pagos que oscilarían entre los 8.000 y los más de 12.000 euros, tal y como ha podido saber El Faro, que adelantó ayer esta información en su edición digital.
Tras la ‘Ghost’ hay una auténtica pirámide con actores repartidos a todos los niveles, ejerciendo roles distintos que fueron investigados por la Policía y analizados por el equipo judicial volcado en este caso, cuya envergadura le ha convertido en el de mayor peso judicial en Ceuta, equiparable, según valoró el TSJA, al caso ‘ERE’ de Andalucía.
A estas alturas, sin que todavía se sepa algo en concreto de la investigación, sí que se apunta una estructura en cuya cúspide figura el exgerente de Emvicesa, Antonio López, principal investigado en todo este proceso, denunciado por el Gobierno y señalado como el presunto cerebro de esta trama de recepción de dinero a cambio de incluir a personas en las listas de adjudicatarios de las casas. A López le estuvo investigando la Policía durante mucho tiempo, interviniendo incluso su teléfono, teniendo acceso a conversaciones para sustentar las investigaciones con las que han ido respondiendo al interés judicial por saber qué había detrás de todo ello.
Esa presunta organización criminal a la que apuntaba la magistrada en la hilera de delitos que se investigan tenía que sustirse de colaboradores. Es por ello que junto al exresponsable de Fomento aparecen los intermediarios, las tres personas que también se encuentran en prisión provisional y que serían los que mantenían esos contactos directos con el político y los siguientes escalafones de esa pirámide.
Detrás de los intermediarios vendrían, a ojos de la investigación policial, los captadores de clientes. Una especie de ‘agentes comerciales’ a lo delictivo que se encargaban de captar a esas personas que pudieran ser capaces de abonar un dinero para hacerse con una vivienda a sabiendas de que estaban cometiendo también un delito. Y por último, los clientes, es decir, quienes pagaban sumas de hasta 12.000 euros (y se presume que hay casos de más) para acceder a ese beneficio en la entrega. Junto a López y sus intermediarios, la investigación relaciona a los funcionarios de Emvicesa que fueron detenidos y que desde hace semanas están de baja en sus labores, como presuntos colaboradores de esta supuesta red.
Esa pirámide en la que los delitos y los actores se combinan de forma acertada fue la que ha sostenido la investigación de su señoría dando pie a la presentación de casi 40 investigados, en una trama que siempre formó parte de la rumorología hasta que se tiró del hilo asomándose una realidad que por fin ha llegado a los juzgados.
Los delitos que se investigan son los de prevaricación, cohecho, falsificación documental, organización criminal, blanqueo y tráfico de influencias. Delitos que se asignarían a unos u otros investigados dependiendo lo que deduzca la magistrada Lucini.
¿Y qué pinta en todo esto la hilera de políticos que desfiló por los juzgados? Sin que se tenga todavía mucha información sobre el caso, dada la premura en el levantamiento del secreto sumarial, una de las claves que ha rodeado todo este procedimiento giró en torno a si existió un control debido en los procesos que debían ser regulados o vigilados por la Comisión Local de la Vivienda. Por eso se tomó declaración a todos los componentes, aunque variando las ‘formas’ ya que algunos fueron objeto de detenciones mediáticas y otros, en cambio, fueron citados con previsión suficiente. Los componentes de la Comisión debían velar por el control del procedimiento, de ahí que tuvieran que responder de una hilera de preguntas todas ellas relacionadas con su labor al frente de dicha Comisión.
La investigación ahora judicializada no ha llegado a su fin, aunque ahora seguirá adelante sin el secreto de sumario. Ninguna de las personas llamadas a declarar y que figuran en calidad de investigadas ha sido retirada del procedimiento.
Durante meses se ha llevado a cabo una profunda investigación dirigida por la magistrada para sostener lo que se presume: la existencia de una trama de corrupción
1.- La denuncia
El 29 de junio de 2015, Susana Román se encarga de presentar denuncia en el juzgado contra Antonio López, al que señalan como filtrador de la lista fantasma y le vinculan con un listado de adjudicatarios que, supuestamente, nunca habían tenido el visto bueno de la comisión integrada por políticos.
2.- Precedente
El juzgado número 2 había tenido que archivar una denuncia previa por supuesta recepción de dinero a cambio de casas. Ahora, con la nueva denuncia, volvía a los juzgados la posible existencia de una trama que tenía que tener conexiones políticas porque era inviable sostener que alguien recibiera dinero si luego no podía cumplir su promesa de entregar una vivienda y de incluir al cliente la casa.
3.- ‘Agencia’ pero delictiva
La investigación policial llevada a cabo viene a investigar al detalle la presunta existencia de una trama que funcionaría como una especie de ‘agencia’ en la que hay clientes que pagan un dinero, captadores que son capaces de captar a esos clientes para que abonen el montante económico, intermediarios que tienen acceso a los círculos en los que se decide la entrega de la casa y el supuesto cerebro, que según las investigaciones era Antonio López, que es capaz de incluir las casas y adjudicatarios combinadas en base a esos criterios. Para ello contaría con la colaboración de funcionarios de Emvicesa. Todos ellos forman el grueso de investigados que asoma como clave en este proceso.
4.- El control
Que nunca pudiera haber irregularidades correspondía a un órgano controlador. En este caso la Comisión Local de la Vivienda. Por eso se llamó a declarar a todos los que aparecían en esa comisión porque estuvieron representados en la misma, para saber qué control tuvieron sobre supuestos listados, adjudicatarios, compromisos... El hecho es que en las comparecencias públicas que hubo antes de que se procediera a las detenciones, siempre se negó tener conocimiento de la lista fantasma o que la misma hubiera contado con los beneplácitos de sus componentes políticos. De hecho el Gobierno mantiene que ellos mismos fueron los que decidieron denunciar lo sucedido iniciándose así el procedimiento judicial de mayor envergadura de los que se recuerda hasta la fecha en los juzgados.
5.- Pinchazos
La Policía trabajó durante meses la intervención de números de teléfono autorizados por su señoría. Entre ellos el de López pero también el de otras personas investigadas en este caso. En las conversaciones intervenidas se aludiría al pago de dinero por la obtención de casas.
6.- Registros
La Policía no solo intervino documentación sino también documentos informáticos que tienen en análisis. Además se hizo un peritaje de las propiedades de detenidos como Antonio López, porque uno de los delitos que se investiga es el de blanqueo.
7.- Delitos
El TSJA informó de los delitos puestos en investigación, entre ellos el más repetido es el de prevaricación pero también asoma el de tráfico de influencias, al tratar de dirimirse si pudo haberse utilizado el cargo para beneficiar a familiares. El hecho de que haya la presunción de una organización criminal es por la presuntas relaciones puestas de manifiesto por la UDYCO a requerimiento de la función de auxilio judicial entre distintos investigados.
8.- Promociones
Sobre la mesa está en investigación las 317 de Loma Colmenar pero la Policía ha investigado muchas más para saber de cuándo data esta presunta trama.
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