La instrucción del 6-F se reanuda con la declaración del perito de la UPV

La instrucción que sigue el juzgado número 6 para esclarecer lo ocurrido en febrero del pasado año, cuando cientos de inmigrantes intentaron entrar en Ceuta bordeando el espigón del Tarajal, continuará el próximo septiembre con la declaración del perito de la Universidad del País Vasco (UPV), autor de un informe contradictorio al de los forenses de Ceuta sobre la muerte de 15 subsaharianos.
Después de que la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta resolviera en un auto la necesidad de contar con la testifical de este forense, se ha resuelto su toma de declaración para el próximo mes, cuando tendrá que exponer su informe ante la titular del juzgado de instrucción y las distintas partes personadas en el caso.
Con este paso se avanza en una instrucción que dura ya año y medio y en la que todas las instancias judiciales están intentando que sea impecable, al objeto de que, cuando se tome la decisión final, no quepa lugar a laguna legal alguna.
El forense del departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco (UPV), Luis F. Callado, tendrá que exponer el contenido de  su informe y contestar a las preguntas para explicar por qué llega a conclusiones radicalmente opuestas a las de los forenses que examinaron los cinco cuerpos sin vida que llegaron a las costas ceutíes. Éstos recalcaron que no podía vincularse el fallecimiento con el impacto de pelotas de goma, encuadrando sus muertes en asfixia por sumersión. Es decir, a juicio de los informes elaborados en Ceuta, los subsaharianos cuyos cuerpos fueron encontrados en las costas ceutíes fallecieron por ahogamiento.
Solo en el caso de uno de estos inmigrantes se tuvo que solicitar un análisis más detallado al ser encontrado con algunos impactos en el rostro. Tras los análisis complementarios se concluyó que no cabía relacionarlos con impactos de pelotas de goma.
¿Y qué dice el forense de la UPV en el informe que elaboró a petición de la Acusación Popular representada por varias oenegés? Luis F. Callado elaboró un estudio a raíz de las autopsias hechas en Ceuta, ya que nunca pudo tener contacto con los cuerpos. También tuvo en cuenta los datos trasladados por las organizaciones sobre subsaharianos que quedaron en Marruecos y que presentaban lesiones.
El forense indicó, al contrario de lo reflejado por los profesionales en Ceuta, que el impacto del material antidisturbio arrojado aquella madrugada como parte del dispositivo ordenado sí “pudo contribuir de manera significativa” a las muertes posteriores. También concluyó que en algunas de las autopsias que se llevaron a cabo en Ceuta “no se siguieron los protocolos de referencia para el estudio de muertes por sumersión”, a pesar de que se aplicaron las mismas directrices que en otros casos de muertes de inmigrantes encontrados en las costas de la ciudad. “En todos los casos se echa de menos la investigación químico-toxicológica, aun siendo consciente de la limitación en los cuerpos rescatados del agua más tardíamente y que estaban en avanzado estado de putrefacción”, denuncia el profesor.
En dicho informe se indica textualmente que “existieron elementos relacionados con la intervención de terceras personas (uso de pelotas de goma, botes de humo, creación de un ambiente de pánico y una situación de agotamiento de las personas) que pudieron contribuir de manera significativa como un elemento coadyuvante en el fallecimiento de estas personas”, sentencia.
Unas conclusiones similares a las que ya habían presentado las oenegés tomando como referencia los informes trasladados por la organización Ca-minando Fronteras.
En principio el juzgado de instrucción número 6 consideró que no era necesaria la práctica de más diligencias, pero la Audiencia, atendiendo el recurso interpuesto por la Acusación, consideró que era necesario admitir la petición de declaración del perito para que su informe también sea tenido en cuenta en el procedimiento abierto.

¿Y qué pasa con los cadáveres en Marruecos?

Intentar avanzar en el esclarecimiento de sucesos como éste cuando parte de su desarrollo tuvo lugar en Marruecos termina siendo un imposible. Las comisiones rogatorias para que el país vecino aporte información oficial sobre lo ocurrido al otro lado de la frontera o sobre el resultado de las autopsias que debieron hacerse a los diez inmigrantes que quedaron muertos en Marruecos no son atendidas. Es obligado contar con una información oficial, unos documentos que sirvan para certificar en qué estado fueron encontrados esos cadáveres y qué lesiones podían tener. Un año y medio después, no se ha atendido petición alguna.