La inmigración centra el trabajo del Defensor del Pueblo en Ceuta

Los ceutíes elevaron durante el pasado año 51 quejas al Defensor del Pueblo en otros tantos casos en los que consideraron que se vulneraban sus derechos fundamentales o las libertades públicas. El dato supone apenas el 0,22 por ciento del total de 22.692 peticiones de actuación recibidas durante el pasado ejercicio en todo el país. La institución también tramitó 30 solicitudes con origen en la ciudad para la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional, que también representaron un escueto 0,30 por ciento en el conjunto de 10.128 impulsadas a nivel nacional. El motivo de disconformidad, en la ciudad y en todo el país, camina por idénticas sendas: supuestos errores en la Administración de Justicia, presuntos abusos de la Agencia Tributaria, reclamaciones sobre desahucios, protestas vinculadas a las empresas de telecomunicaciones... Y así un largo etcétera que aglutina el derecho al pataleo que la  Constitución concede al ciudadano cuando se siente agraviado.
Fuera por petición expresa de los impulsores de las quejas o por iniciativa propia, la inmigración capitalizó buena parte del trabajo vinculado a Ceuta que ha desarrollado durante el último año la institución que preside Soledad Becerril. De hecho, es el denominador común en buena parte de los apartados en los que aparece reflejado el nombre de la ciudad en el Informe Anual 2013 remitido a las Cortes Generales y presentado ayer en Madrid.
El documento cita, por ejemplo, la visita de realizada a las instalaciones del CETI de Ceuta en mayo de 2013, momento en el que daba alojamiento a 518 inmigrantes, entre ellos seis unidades familiares con siete menores. En el informe queda constancia de que, a juicio del Defensor, “el tiempo medio de estancia de los residentes sigue siendo muy elevado, aunque se ha reducido de manera notable” respecto a los años anteriores. Pese a todo, se incide en “reiterar la preocupación” ante la “sobreocupación” de las instalaciones, “que desafortunadamente no puede ser calificada de puntual”. No obstante, sí se hace hincapié en el reconocimiento del trabajo del personal del centro y del esfuerzo de coordinación con la Dirección General de la Policía, la Dirección General de Migraciones y las oenegés para agilizar los programas de acogida humanitaria en la península.
En esos casos, el de la salida de inmigrantes, el Defensor sugiere que se revisen “los criterios establecidos para la elección de los residentes” que puedan beneficiarse de esas salidas. A su juicio, las prioridades deberían ser las situaciones de especial vulnerabilidad, y en ese punto recomienda que salgan antes las unidades familiares con menores de edad a su cargo y las personas con necesidades de protección internacional.
También vinculado con el CETI, la memoria anual insiste en que se elabore un plan específico de prevención y detección de los casos en las que las inmigrantes puedan ser víctimas de las redes de trata, proporcionando además una adecuada formación al personal sobre esta materia, aspectos en los que se reconocen “avances”. En el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 también se respalda las pruebas de ADN a los menores, cuestión que considerada de “gran relevancia” para determinar si tienen vínculos familiares reales con los adultos con los que llegaron y residen. Entre las críticas, se censura que la legislación que prohíbe el libre tránsito por el territorio peninsular de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla haya reducido al mínimo este tipo de solicitudes.

Menores
También cita el documento la situación del Albergue de San José-Hadú, visitado también por técnicos de la institución en mayo de 2013. La Oficina del Defensor reconoce “el esfuerzo” de las autoridades para la adecuación de las nuevas instalaciones, al tiempo que se insta a construir un nuevo centro para los MENA. En el capítulo de quejas, la institución confirma haber detectado una incorrecta tramitación de la documentación de los menores en lo concerniente al plazo de nueve meses para solicitar las autorizaciones de residencia, así como la práctica de cesar en la tutela de los menores que se ausentan del centro. Sobre el Centro ‘Mediterráneo’, se consideran apropiadas las instalaciones y se alaba el grado de implicación del equipo educativo.

El uso de pelotas de goma, solo en “caso extremo”

La Policía Nacional se ha comprometido a limitar el uso de pelotas de goma en manifestaciones "solo a casos extremos y debidamente justificados", según se desprende del informe anual En el documento se explica que la Defensora del Pueblo trasladó a la Dirección General de la Policía la necesidad de elaborar estudios "para valorar" la "peligrosidad" de estos elementos antidisturbio y le solicitó "información sobre las previsiones que existan para establecer una nueva regulación" sobre su uso. Tras elaborar un estudio, la Policía concluyó que las pelotas de goma “solo debían utilizarse en casos extremos debidamente justificados y previa autorización del jefe de la fuerza actuante".
La modificación se envió el pasado mes de septiembre a todas las jefaturas superiores de Policía de España.
material antidisturbios en el que se regula el lanzamiento de artificios fumígenos y lacrimógenos y de pelotas de caucho, distinguiendo entre dos tipos de cartuchos de proyección".
"Dicha comisaría general se ha comprometido a regular los procedimientos de utilización del material antidisturbios, estableciendo un sistema de control que refleje documentalmente la utilización de los mismos", sentencia el informe.
A partir de la tragedia que tuvo lugar en Ceuta el pasado 6 de febrero con la muerte de 15 inmigrantes, la Guardia Civil también ha dictado una instrucción verbal que persigue "limitar aún más" el uso de pelotas de goma para disuadir la entrada irregular de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Se trata así no de una prohibición, sino de restringir su uso a "circunstancias extremas" que sopesará en cada caso, el oficial al mando.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo, a raíz de numerosas quejas recibidas por el uso de la fuerza por parte de los agentes antidisturbios recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad que elaborase "un protocolo de actuación del uso de la fuerza, por las Unidades de Intervención Policial (UIP), en las grandes concentraciones de personas en lugares de tránsito público".
Esta iniciativa pretendía que se regulase "de forma clara y precisa la manera y las circunstancias en las cuales dichas unidades pueden hacer uso de la fuerza, de las armas reglamentarias y del material antidisturbios".
No obstante, según se indica en el informe "la Secretaría de Estado de Seguridad no ha aceptado la recomendación de esta Institución, al considerar que un protocolo no puede dar cabida a la diversidad de situaciones diferentes en las que los agentes policiales deben hacer uso de la fuerza, ni a la variada casuística de los modos en que ello debe llevarse a efecto".