La independencia fiscal y otras independencias

Seguramente dirán ustedes que soy un pesimista y probablemente lleven razón, y es que soy  de los que opino, que por ahora, aunque la Justicia fuera completamente independiente, es decir, los  políticos no hubieran sido los partícipes del obsceno espectáculo de repartirse los magistrados del Tribunal Constitucional y ni siquiera mandaran en el Consejo General del Poder Judicial, después de haber denigrado los unos a los otros y los otros a los unos, la Justicia, aunque independiente sería mala, de baja calidad. Solamente hay que ver  las sentencias que a diario se publican en los periódicos en los que en mi opinión no han tenido nada que ver los políticos, a veces son  de verdadera risa. Y es que nuestra sociedad está muy politizada por ideologías que nada tienen que ver con nuestros principios  ni nuestra tradición  cuando no  navega sin principios y los jueces forman parte de ella, agrupándose en una u otra asociación que les conduce a un mejor puesto en su carrera. ¿Cómo se podría arreglar?: qué duda cabe que los  partidos políticos tienen mucha parte de la culpa al querer permanecer  en el poder sin ningún norte que el de responder a la oposición con el consabido “y tú más”, por ello,  volver a los principios de libertad, familia tradicional,  unidad de la nación, defensa de la propiedad privada, reducción de  la dimensión del estado,  reducción de impuestos, premio al esfuerzo y al mérito, ayuda a los necesitados, derrota de los terroristas y delincuentes, lucha contra la corrupción, apoyo a las víctimas del terrorismo, en lugar de que sea el estado el que nos provea de todo sin tener que preocuparnos, lo que lleva al espejismo social comunista que finalmente conduce al desastre como ya ha sido ampliamente demostrado, sería un buen comienzo. Los jueces se nutrirían de esos principios y con una sólida preparación sin terceros ni cuartos turnos, accederían a la carrerea judicial mediante una dura oposición y la carrera debería estar  estructurada en base a la antigüedad en el puesto,  mérito  y capacidad. Mientras estén los políticos actuales al frente de los partidos, la independencia judicial y la reorientación de la sociedad en base a los principios expuestos, se me antoja imposible. De ahí mi pesimismo.

Sin embargo, considero que para lograr una Justicia independiente, un gran paso adelante sería el lograr que una Institución que reside en el ámbito jurisdiccional, como es la Fiscalía General del Estado,  fuera independiente del poder ejecutivo, como sucede en otros países. Si el Fiscal General es nombrado por el ejecutivo y accede al nombramiento de los Fiscales Superiores según la lista que le presenta el Ministro de Justicia, razón por la cual, la anterior Fiscal General al rechazar ese proceder, no siguió en el puesto, de acuerdo con las noticias no desmentidas, tenemos una Justicia viciada por dos vías la proveniente de los jueces  y la de los fiscales. La Fiscalía, sin dejar de tener una cierta organización jerarquizada donde el Fiscal General pudiera ser nombrado por el Rey a propuesta de las Cortes (Congreso o Senado) y elegido entre los entre los cinco miembros de la carrera con mayores méritos, de acuerdo con el criterio del Consejo Fiscal, y sin haber ocupado durante la misma ningún puesto político y por un periodo hasta su jubilación, creo que sería un gran paso. Ahí no habría Ministro de Justicia que le susurrara.

Con motivo de la controvertida sentencia del caso Noos y otras en las que parece que se ha dejado traslucir una determinada presión política sobre la Fiscalía  General del Estado que esta a su vez ha  podido presionar al fiscal del caso correspondiente con objeto de no imputar  a cargos públicos del partido gobernante inmersos en  la consabida corrupción  hay que señalar en primer lugar que habría que analizar el caso o los casos detenidamente para poder opinar por qué se puede llegar a tales resultados. La Fiscalía General del Estado forma parte del Poder Judicial y sus miembros, los fiscales, que acceden a la carrera con la misma oposición que los jueces y simplemente por el número que ocupan tras la oposición van eligiendo incorporarse a la carrera fiscal o a la judicial, sin embargo una vez elegida la rama, la estructura es muy diferente siendo la Fiscalía un organismo jerarquizado, como la milicia, y la misma función del fiscal está supeditada en última instancia a la posición del Fiscal General, mientras que la judicatura goza en todos sus niveles de una independencia funcional. Otra cosa muy distinta es si esa independencia judicial se puede mantener toda una carrera y con esa independencia se le permite llegar a los puestos más altos de la Judicatura como son la Salas del Supremo, el Constitucional, o ser miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Que la política invade todos los resquicios de la sociedad es un hecho sobre el que no hace falta demostración alguna. La política invade las empresas privadas cuando es necesario el soborno de los políticos de turno para obtener tal o cual concesión o tal o cual contrato. So pena de no obtenerlo los empresarios conceden viajes, pagan sobornos, financian partidos, regalan casas, y las administraciones dirigidas por los políticos, burlan las leyes de contratación pública, regalan subvenciones inútiles a los amigos o a los familiares  de los poderosos  y si estos   alguna vez son acusados, ya se encargan otros de tocar los palillos jurídicos correspondientes  con objeto de no ser imputados y de serlo obtener una condena “amable”, como ejemplo la última sentencia del Tribunal Superior de Cataluña para el tal Mas y su banda por propiciar un referéndum ilegal y las del caso Noos por el de Baleares, ampliamente conocido. El clamor de la ciudadanía de un cambio profundo en la Justicia se oye  pero no se tiene en cuenta. Ni siquiera los partidos recién llegados con ese lema al dorso se atreven a proponer una verdadera reforma judicial, en cuanto pisan moqueta comienza el servilismo.

Si el Fiscal General es elegido en la forma anteriormente señalada, dentro de la lista elaborada por el Consejo Fiscal, elevada a las Cortes y nombrado por el Rey por un periodo hasta su jubilación, sin ninguna dependencia del ejecutivo y con  los Fiscales Superiores de los distintos Tribunales Superiores, teniendo independencia funcional , por lo que no podrían recibir presiones políticas del Fiscal General, siendo las únicas discrepancias en caso de que las hubiere, de carácter técnico y resueltas por el Consejo Fiscal, se acrecentaría y potenciaría la independencia de esta Institución. El poder ejecutivo, por el contrario quiere, en tanto que la Fiscalía es un órgano subordinado, que incluso los fiscales ejecuten la función de la instrucción, hasta ahora ejercida por los jueces, y que incluso, la acusación popular sea eliminada de los casos en que ahora se puede ejercitar, como vemos cero  independencia judicial ni fiscal.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la Institución que pudiera atajar los inmensos casos de corrupción que existen por la vía de la contratación pública es la Intervención General del Estado, naturalmente no con las ataduras actuales. La Intervención General, nace como un órgano de control interno de la Administración General del Estado para obligar a que todas las actuaciones de índole económica, se ajusten a la ley. Estructurada sobre la base de un cuerpo prestigioso al que antes de la verbena socialista se accedía tras superar una de las oposiciones más duras de la Administración, poco a poco se hay ido descafeinando, ya que un control interno sólido, no es bien recibido por el ejecutivo que le dejaría sin margen de maniobra. Para ello es necesario, en primer lugar, que el Interventor General del Estado sea nombrado por el Presidente del Gobierno, de entre los cinco  más antiguos y mayores méritos del escalafón y por un periodo hasta su jubilación. Ahora es elegido prácticamente por el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, cuando funcionalmente puede fiscalizar al Ministro de Hacienda, lo que es una aberración.  Sería necesario reforzar la fiscalización previa, que ahora sorprendentemente, prácticamente se circunscribe a verificar que el gasto tiene apoyo presupuestario y quien lo autoriza tiene competencia para ello (crédito y competencia), con lo que se pueden comprar cinco mil botas de un mismo pie (si existe crédito  y quien lo autoriza tiene la competencia para ello). El Interventor no puede hacer nada Ya vendrá el control posterior a criticarlo en un informe, una vez realizada la perogrullada. Por ello la Intervención debe poder parar un expediente de contratación hasta obtener  la seguridad de la existencia del crédito, la competencia den quien lo autoriza y la eficacia del gasto. Así, al estar integrada  la Intervención  en la Mesa de Contratación, si no está de acuerdo con la adjudicación del contrato en base a  los pliegos de bases, podría   parar la contratación en la fase de la disposición del gasto. Y si hubiera discrepancia solventándola con el estamento superior  en base a criterios técnicos y de eficacia del gasto. Y como tercer pilar, es necesario que la IGAE, asuma la intervención de todas las Comunidades Autónomas. La llegada de las Comunidades Autónomas supuso la creación inmediata de cuerpos paralelos a los de la Administración General del Estado pero sin  la formación suficiente. El control del gasto público, teniendo en cuenta que la mayoría del gasto emana de los Presupuestos Generales del Estado debe permanecer en manos de la IGAE, dejando el control de los gastos financiados con los ingresos de los impuestos de las CC.AA en manos de los cuerpos surgidos al nacer las CC.AA.

Independencia Fiscal e Independencia Administrativa protagonizada por la Fiscalía General del Estado  y por la Intervención General del Estado pueden ayudar  sin lugar a dudas a sostener una independencia judicial más creíble. Pero ¿Y el Tribunal de Cuentas, por qué no entra en este modelo? Pues mire usted, en primer lugar está también muy politizado, en segundo lugar su fiscalización es “a posteriori”, es decir después de la realización del gasto, y en tercer y último lugar, porque siendo  el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público según la Constitución, hasta ahora no ha hecho nada.