La Guardia Civil recupera otros dos cadáveres en el mar

Es una auténtica sangría, una brecha en el corazón de la inmigración que no deja de manar. Casi a diario llegan noticias con la aparición de más cadáveres a éste o al otro lado del espigón.

Ayer, en un intervalo de dos horas, la Guardia Civil recuperaba los cuerpos de dos subsaharianos que proceden de la trágica avalancha del pasado 6 de febrero. Dos jóvenes que no hacen sino aumentar el balance de una de las tragedias más importantes de las ocurridas en la frontera de Ceuta con Marruecos.
De momento son 15 los cuerpos encontrados, diez en el vecino país y los otros cinco restantes en aguas españolas. Una cifra que se ajusta a las estimaciones que habían barajado las fuerzas de seguridad pero que ayer ya nadie se atrevía a cerrar. “Nosotros habíamos visto cinco cuerpos bajo el agua, pero no sabemos si puede haber aún más”, lamenta un agente de la Benemérita. Las dos autopsias ya han sido realizadas y concluyen la muerte por asfixia por sumersión. Pero hay una salvedad. Según ha podido saber El Faro por fuentes cercanas a la investigación, el juzgado ha ordenado que se hagan pruebas complementarias a uno de los dos cuerpos para mandarlas al Instituto Nacional de Toxicología después de que en la autopsia se conociera que presentaba lesiones que pudieran haberse producido antes de la muerte.
Se quiere apurar la investigación a todos los detalles y disponer de conclusiones lo más acertadas posibles, de ahí que ayer se decidiera la realización de este tipo de pruebas para saber la incidencia real de estos hechos en la muerte y el origen más acertado de esas lesiones, que, de acuerdo con las mismas fuentes consultadas, se asemejarían a las causadas por impacto de piedras, aunque este extremo tendrá que ser confirmado tras los análisis que se vayan a solicitar.
Según los datos confirmados de manera oficial, el primero de los cuerpos fue encontrado en torno a las 10.15 horas, cuando un pescador alertaba de su presencia, a unos 500 metros de la playa de la Ribera. El Servicio Marítimo y los GEAS acudieron al lugar, trasladando el cuerpo hasta la base del Marítimo en donde fue reconocido por la médico forense, ordenándose el levantamiento del cadáver.
Dos horas después, varios ciudadanos alertaban a la Guardia Civil de la presencia de otro cadáver en la misma orilla de la playa de la Almadraba, flotando en el mar. Tanto Servicio Marítimo como GEAS volvieron a intervenir, trasladando el cuerpo hasta la base para el inicial análisis del forense. En esta ocasión, a diferencia de los anteriores casos, sí se desplazó la juez al lugar de los hechos, ordenando la autoridad judicial dicho levantamiento. Los dos cuerpos son de subsaharianos, de entre 20 y 30 años, sin documentación alguna para conseguir su plena identificación y fallecidos hace varios días, lo que confirma las tesis de que se trata de participantes en la última avalancha.
El juzgado de Instrucción número 6 es el que lleva la investigación del caso, después de haberse localizado ya hasta cinco cadáveres en aguas españolas y tras recibir las diligencias que fueron evacuadas por la propia Guardia Civil el mismo día de su intervención para frenar la avalancha. A su titular le tocará investigar ya no solo todo lo que rodea a las muertes sino también las devoluciones de inmigrantes que se llevaron a cabo y que, según el ministro de Interior, se habrían elevado a 23, siguiendo los criterios establecidos y ordenados desde el año 2005, con motivo de la crisis de la valla.
La investigación se está llevando al detalle, de manera concienzuda y cuidando todos los extremos dada la repercusión mediática que está teniendo el caso, que ha provocado incluso la reacción de la Unión Europa reclamando una investigación seria. No se quiere tener presiones de ningún tipo, sino trabajar en una línea objetiva que venga a aportar luz a toda esta historia y sin criminalizaciones previas. Tal y como reconoció el propio ministro de Interior, Jorge Fernández, en la exposición de hechos presentada en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, los guardias civiles efectuaron lanzamiento de material antidisturbio consistente en pelotas de goma, cartuchos de fogueo y botes de humos siempre desde tierra. Desde el otro lado, en Marruecos, los agentes marroquíes también intervenían con sus propios medios, efectuando todo tipo de lanzamientos, para impedir la llegada de subsaharianos hacia la playa del Tarajal, constituyéndose dos frentes, a uno y a otro lado, que terminaron atrapando a los subsaharianos. El día 6 fueron nueve los cadáveres encontrados en el lado marroquí, pero ya ese día se advirtió de que había más. Gradualmente y hasta ayer mismo, se han ido recuperando más cuerpos de jóvenes que han permanecido en el fondo del mar.

La oposición en bloque quiere un responsable que responda políticamente de los hechos

‘Batalla’ política sin precedentes
El PP se enfrenta al resto de partidos en la oposición
O el ministro de Interior, o el director general de la Guardia Civil o el delegado del Gobierno. La oposición política en bloque pide que haya un responsable político de los hechos y que esa responsabilidad se materialice en una dimisión. El PP, por contra, enrocado en el Gobierno inicia también su campaña de acción defendiendo la labor de todos ellos. En el caso de la Guardia Civil se ha llegado a producir un hecho inédito: que la propia Dirección mande hacer informes para salvar las espaldas de Fernández de Mesa, arremetiendo contra todos los frentes que le acusan de haber faltado a la verdad. La muerte de estos 15 inmigrantes ha sobrepasado el ámbito de la política de seguridad migratoria, llegando a un escenario político plagado de calificativos y de declaraciones de toda índole. El próximo martes la mesa del Congreso de los Diputados, con mayoría popular, decidirá si incluye la proposición de la Izquierda Plural permitiendo, o no, que el debate sobre el cese del titular de Interior llegue a la Cámara.

Jueces para la Democracia pide una “investigación efectiva” de los hechos

La asociación Jueces para la Democracia ha criticado en un comunicado las “serias contradicciones” en las explicaciones oficiales sobre la muerte de, al menos, 15 inmigrantes y ha pedido una “investigación efectiva” para que se depuren las posibles responsabilidades por esos hechos.
El colectivo de jueces se ha referido a las manifestaciones del propio ministro de Interior, con las que reconoció que en la intervención se había empleado material antidisturbio, pero con carácter disuasorio.
En su opinión, “las serias contradicciones entre las sucesivas versiones oficiales todavía generan más dudas sobre la actuación del Ministerio del Interior”.
JpD sostiene que “las evidencias conocidas sobre el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad y sus consecuencias, implican la necesidad de la apertura de una investigación efectiva acerca de los disparos y el uso de material contra personas que se hallaban en el mar, así como sobre el posible incumplimiento del procedimiento de expulsión de inmigrantes que ya habían entrado en territorio español”.
La asociación ha explicado que las imágenes conocidas “muestran indicios de que se disparó hacia los inmigrantes en el agua y que, además, los mismos llegaron a entrar en suelo español, así como de que pudo haber existido omisión del deber de socorro como causa relevante de la tragedia”, indican.
“Resulta inadmisible que se actúe contra personas que necesitan ayuda y que estas actuaciones policiales agraven el riesgo de que se pueda producir la muerte por ahogamiento”, añade.
La asociación recuerda que “no se puede tratar a los inmigrantes sin papeles como si fuesen delincuentes, ni tampoco como a personas sin derechos”, sino como establece la ley de derechos y libertades de los extranjeros en España, que regula un procedimiento administrativo previo a su expulsión.
“El Estado español tiene la obligación de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales y su salvaguarda por los tribunales. La denegación del procedimiento supone otro ejemplo más de huida del control judicial”, ha señalado.
En su opinión es “inadmisible” que el ministro afirmara “que en Ceuta y Melilla la ley no puede aplicarse igual que en el resto de España. Sugerir que en la actuación policial deben prevalecer ‘conceptos operativos’ sobre la legalidad vigente resulta impropio de un Estado de Derecho”.