La gran farsa

Si las cosas no cambian en cuestión de horas, cuando se publique este artículo estaremos asistiendo a una de las más grandes mentiras que se han contado en nuestra joven democracia. Un referéndum de independencia, que no es tal. Una actuación política inexistente, de un Estado desaparecido. Una judicialización de la política, no muy oportuna, aunque necesaria. Unos jueces obligados a intervenir, pero asustados por lo que pueda pasarles a ellos y a sus familias después. Una policía autonómica que va a cerrar colegios electorales, pero por orden judicial, no porque sea de su agrado.

El problema de fondo, que todos entienden, pero que nadie explica con claridad, es que no es posible independizarse legalmente de un Estado, estando ese Estado en desacuerdo. Es como cuando te quieres divorciar. Te puedes ir. Te puedes negar a pasar la correspondiente manutención. Pero si lo haces, te caerá encima todo el peso de la ley. Si quieres hacerlo de forma legal, o llegas a un acuerdo con la otra parte, o es el Juez el que impone la decisión final.

En el proceso de independencia que están promoviendo las autoridades de Cataluña, que no olvidemos, son autoridades del Estado español, se están vulnerando todos los procedimientos legalmente establecidos. Y lo más peligroso es que se está lanzando un mensaje de impunidad bastante grave.

Por haber participado en piquetes de huelga, algunos trabajadores han sido condenados a penas de cárcel. Y sin poder eludir la prisión. Han tenido que esperar a los indultos del gobierno, para salvarse. Todo, a cuenta del cambio legislativo aprobado por el Partido Popular por el que se criminalizaba el derecho de huelga de los trabajadores. Por haber dejado de pagar una hipoteca, a consecuencia de la crisis económica, miles de familias trabajadoras han sido desahuciadas. Por no pagar una póliza de crédito, miles de pequeños autónomos han sido estigmatizados e incluidos en los listados de morosos, lo que les impide seguir adelante con lo único que tenían para dar de comer a sus familias.

Todo esto ocurre en un país que aún no ha salido de la crisis. O al menos, todavía no es perceptible para la gran mayoría de ciudadanos. Y cuando todo esto sucede, un puñado de cretinos, investidos del poder que le dan las urnas, se permite llevar a todo un pueblo, el catalán, a un callejón sin salida, usando para ello fondos públicos. Y lo más grave. Incitan a que se usen niños y no tan niños, como “escudos humanos”, para impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan cumplir la orden judicial de precinto de los colegios electorales.

Estos señores, vitoreados como auténticos campeones por estudiantes y profesores universitarios (¡qué barbaridad!), y apoyados en unos “anticapitalistas” de salón, se permiten desobedecer al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llaman desde las instituciones a la sedición y además lo hacen pretendiendo que nos creamos que están haciendo algo parecido a una Revolución.

Pues no señores. Independientemente de que yo piense que la estructura territorial de España ha de ser remodelada. O de que sea más partidario de un Estado Federal, que uno de las Comunidades Autónomas, ustedes se han pasado siete pueblos de frenada. No llevan razón en el fondo, porque Cataluña nunca ha sido independiente, y hacerlo ahora, sería tanto como volver a la Edad Media (Fernando Savater). Y tampoco en la forma, porque pretender forzar la legalidad vigente, llamando a la sedición y a la desobediencia desde las propias instituciones del Estado, además de un presunto delito, es un fraude a la ciudadanía.

En un Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado hace unos días, mostré mi enfado, e hice constar en acta mi protesta, por la mezquina actitud de la Junta de Andalucía a la hora de aprobar dos másteres de postgrado, uno para Ceuta y otro para Melilla, hasta tanto el Gobierno Central no recogiera en los Presupuestos Generales del Estado la partida presupuestaria para financiarlos, pese a que desde la Universidad sólo se habían incluido profesores con la suficiente holgura docente como para impartir estas enseñanzas sin coste alguno añadido para la Universidad. Es decir, han aprobado estos másteres, pero de forma “condicionada” a esta actuación del Gobierno central.

Lo que yo dije era que no se debería hacer política desde Andalucía contra el Partido Popular, usando como moneda de cambio a los Campus de Ceuta y Melilla. Y añadí: “Parece mentira que, en unos momentos en los que algunos quieren independizarse de nuestro país y nos están llevando a un callejón sin salida, por la actitud irresponsable de las instituciones catalanas, la Junta de Andalucía quiera jugar a política usando como moneda de cambio a dos ciudades que han reiterado su disposición a seguir perteneciendo a España, al menos otros 500 años más”.

Inmediatamente fui “reprendido” y se me pidió que me limitara al lenguaje académico propio de un órgano de gobierno de la Universidad, para así no herir ninguna sensibilidad. Evidentemente, pedí disculpas a los que se pudieran haber sentido ofendidos por mis palabras, pero me reiteré en mi protesta contra la Junta de Andalucía, que ahora hago pública.