La FAMPA indagará si Gómez prevaricó en las matriculaciones

 La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta puso ayer en manos de sus Servicios Jurídicos las cuatro resoluciones firmadas por el ex director provincial de Educación, Cecilio Gómez, para propiciar la escolarización de 4 niños de 3 años en los colegios concertados San Agustín y Beatriz de Silva pese a que las ratios acordadas de 25 alumnos por aula ya estaban agotadas en ambos centros.

“La Administración ha podido incurrir en un presunto delito de prevaricación al dar a unos niños un derecho que se ha negado a decenas, el de admitir la primera elección de sus padres, a sabiendas de que se estaba cometiendo una diferencia con el resto y que no se estaban respetando los procedimientos establecidos para, en todo caso, incrementar las ratios y que la Comisión competente se encargase de adjudicar las nuevas vacantes generadas”, explicó en declaraciones a ‘El Faro’ Mustafa Mohamed, que en junio ya alertó en rueda de prensa de “chanchullos” con la escolarización. A finales de mayo, un total de 37 familias de Ceuta vieron inadmitida su prioridad para escolarizar a niños de 3 años en los colegios concertados San Agustín (50 plazas) y Beatriz de Silva (50), que habían recibido 60 y 77 solicitudes, respectivamente. Algunas de ellas han iniciado acciones judiciales para defenderse. El número total de progenitores que vieron rechazadas sus primeras opciones supera el centenar: la demanda en esos dos centros, los otros cuatro concertados y tres colegios públicos (los CEIP Ortega y Gasset, Lope de Vega y Federico García Lorca) superó en 148 plazas su capacidad una vez acordado, en abril, que no se admitiría a más de 25 alumnos por clase en ningún centro de Infantil. “De forma excepcional”, estimó Gómez en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico de los 4 casos objeto de la polémica, “puede atenderse el derecho constitucional previsto en el artículo 27 de la Constitución Española conforme al artículo 2 del Real Decreto Ley 14/2012”. La Carta Magna dice que "todos tienen el derecho a la educación", que "se reconoce la libertad de enseñanza" y que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". El Real Decreto mencionado, que "cuando, por razones de limitación del gasto público, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorice la incorporación de personal de nuevo ingreso mediante Oferta de Empleo Público o establezca, con carácter básico, una tasa de reposición de efectivos inferior al 50%, las Administraciones educativas podrán ampliar hasta un 20% el número máximo de alumnos establecido". Durante los últimos años, Gómez había aplicado el criterio político de llevar al máximo las ratios legalmente permitidas (hasta 30 alumnos por clase, si no más). Este verano, a mediados de abril, la Comisión Local de Escolarización acordó un criterio estricto: no más de 25 niños por aula. Sin que tal orientación se revisase, a primeros de julio, cuando su relevo ya era un secreto a voces, Gómez decidió abrir la puerta de atrás en cuatro casos, dos de ellos de familias con notoriedad pública, los de un empresario y un político. “Responsabilidades” La Junta de Personal Docente pidió anteayer a León Bendayán una reunión de la Comisión de Escolarización en la que “se den las explicaciones oportunas” y “se exijan las responsabilidades que hubiera lugar” por parte de Cecilio Gómez o de su jefe de la Inspección Educativa, Julio Montes, “en su condición de presidente de la misma". La Orden del Ministerio de Educación que regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados de las ciudades autónomas prevé que "para la resolución del proceso de escolarización extraordinaria, el Director Provincial podrá autorizar hasta un incremento del número de alumnos por aula en los centros públicos o privados concertados". Gómez, sin embargo, no dio curso según las fuentes consultadas a una ampliación de las ratios para que la Comisión procediese a adscribir las nuevas vacantes generadas, sino que, para cuatro casos particulares, dictó que “toda vez que puede atenderse el derecho preferente de los padres a la elección de centro educativo en el nivel de 1º de Infantil, este director provincial resuelve admitir su petición”, según reza literalmente en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

La posible ampliación de las ratios se analizará al final de agosto

La Comisión Local de Escolarización no analizará hasta “finales de agosto”, según el calendario que maneja la Administración General del Estado en Ceuta, la posible ampliación de la ratio de 25 alumnos por clase de primer curso de Infantil de 3 años pactada por ese mismo órgano el pasado mes de abril, según precisaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno a este periódico. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación considera que es a esa Comisión a la que compete decidir sobre cómo paliar el “gran número” de familias del centro que, con el criterio actual, se verían obligadas a escolarizar a sus hijos en centros alejados de sus domicilios como el CEIP Maestro José Acosta. En el proceso ordinario de escolarización un total de nueve centros recibieron más solicitudes que plazas vacantes: los seis concertados y tres públicos (los CEIP Lope de Vega, Ortega y Gasset y Federico García Lorca). El planteamiento “de partida” de la Administración, que debe ser sopesado en la Comisión donde tiene presencia toda la comunidad educativa, es no llegar al 20% de ampliación máxima que contempla la normativa para atender “situaciones excepcionales” sino una extensión del 10% que permitiría ganar 5 plazas en cada uno de los concertados (salvo en el Santa María Micaela, la mitad) y 7,5 en el CEIP Lope de Vega, ubicado también en el centro.