El presidente de la FAMPA, Mustafa Mohamed, ha valorado la sentencia sobre la escolarización dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que obliga al Ministerio de Educación a realizar una rebaremación al considerarse que varios menores habían accedido al centro 'La Inmaculada' en el curso 2013/14 gracias a unos puntos que no les correspondían.
El presidente de la Federación educativa ha recordado que "desde hace tiempo" esta institución está denunciando la "política de escolarización" que sigue el Ministerio, con lo que sentencias como la ahora conocida no hacen sino darle la razón. "Es una política basada en la segregación y el amiguismo", ha apuntado Mustafa Mohamed en declaraciones a El Faro. Una política errónea que provoca situaciones como la ahora conocida y que, según la FAMPA, deberían causar tal sonrojo en el Ministerio que su director provincial, Cecilio Gómez, no debería estar un minuto más en su cargo. "Con sentencias como ésta, Gómez tendría que dimitir", ha matizado.
Mustafa Mohamed insiste en el trabajo que la FAMPA ha realizado denunciando constantemente los errores cometidos en las escolarizaciones. Cita Mohamed a centros como el Ramón y Cajal, el Rosalía de Castro o el Andrés Manjón, cuyos alumnos son en su amplia mayoría musulmanes, cuando se trata de colegios ubicados en zonas en las que, por proximidad, reside gran cantidad de cristianos. ¿En dónde terminan escolarizados si se supone que éstos son sus centros de referencia? Esto es lo que desde hace tiempo se ha preguntado la FAMPA sin encontrar respuesta alguna por parte del director provincial.
"Son barriadas mixtas, pero los colegios tienen un alumnado casi al 100% musulmán. No se entiende. Hay una política de segregación y de amiguismo", denuncia. La FAMPA ha tenido conocimiento de situaciones que no ha conseguido llevar a los tribunales, ya que deberían ser los propios afectados los que lo hicieran. Por ejemplo, de familias que han recibido puntuaciones extra para acceder a centros por empadronamientos irregulares nunca revisados o presentando certificados de colaboraciones laborales con empresas que no son reales, simulando así puestos de trabajo cercanos al colegio que se quiere.
Para la FAMPA en torno a este tipo de casos nunca ha existido una revisión adecuada, por eso felicita a los padres que han decidido recurrir la política del Ministerio y a los que, en sentencia no firme, se les ha dado la razón. "Se han tenido que gastar su dinero y lo han conseguido. Lástima de otros padres que no tienen recursos y no pueden denunciar cuando son víctimas de estas injusticias", añade Mohamed.
La misma falta de control en el proceso de escolarización lo extrapola a la gestión de los comedores o de las becas.
