La compra, “en librerías de Ceuta”
A. Q. ceuta
El convenio rubricado entre la Ciudad Autónoma y la Dirección Provincial recoge negro sobre blanco, tal y como había avanzado Deu que sucedería, que los centros adquirirán los libros y materiales escolares financiados por el programa de la Administración “en papelerías y librerías de la ciudad autónoma”. El acuerdo deja claro, eso sí, que el importe de la compra “no podrá exceder la dotación económica que le haya sido transferida” a cada colegio o instituto “para cada curso económico”.
En la factura deberá figurar “el concepto, además de la denominación del centro y la identificación detallada de los libros de texto adquiridos”. “En ningún caso”, subraya el documento, “el precio de adquisición excederá del establecido para la venta general al público de los libros y materiales”.
Los libros de texto “no podrán ser sustituidos, siempre que sea posible, durante un periodo mínimo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigor del programa”, para el curso 2013/2014.
La Administración local transferirá las cantidades correspondientes a cada centro (se calcula que unos 60.000 euros a los colegios con mayor número de becados) y estos quedarán obligados a “justificar los fondos recibidos y utilizados antes de la finalización de cada curso académico”.
Los trabajadores del Convenio, claves del proceso
El texto del convenio suscrito en el Ministerio y la Ciudad Autónoma atribuye a los trabajadores de su otro acuerdo un papel fundamental en este programa de reposición de libros. Literalmente, este colectivo se encargará de “constatar” qué alumnos “pueden merecer la consideración de beneficiarios” mediante sus propuestas y su asistencia. Estos trabajadores harán “un seguimiento de las familias de los centros educativos para detectar cambios en su situación socioeconómica, incluidos aquellos alumnos que acceden al primer curso de Educación Infantil de 0 a 3 años, así como para determinar nuevas necesidades que puedan surgir, bien por nuevas incorporaciones de alumnos que no estuvieran al inicio del curso, bien por situaciones socioeconómicas sobrevenidas”. Las dos Administraciones justifican la puesta en marcha de este proyecto como una forma de articular “un procedimiento ágil y eficaz para ayudar a las familias más desfavorecidas a sufragar los gastos que requiere la Educación de sus hijos”. El programa pretende también “fomentar entre el alumnado actitudes de respeto y corresponsabilidad en el uso de bienes financiados con fondos públicos” y fomentar la colaboración “entre familias y centros”.
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