A la malversación, falsedad, prevaricación y cohecho investigados se suma, ahora, el de la existencia de una presunta organización criminal
El caso ‘Loma Colmenar’ sigue marcando la agenda judicial pero también la mediática. La expectación es máxima ante un asunto que interesa al ciudadano no solo por la relevancia de los detenidos sino por el asunto que se está poniendo en tela de juicio: la presunta irregularidad en la adjudicación de viviendas. A los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho (este último solo recaído en la figura de Antonio López) se añade ahora otro: que pueda existir una organización criminal. La magistrada titular del juzgado número 1, que instruye la causa, lleva más de año y medio protegida por un secreto de sumario que justifica cada vez que se cumple el plazo, incrementando el número de tomos, explotando líneas de investigación en torno a un caso que promete convertirse en uno de los de mayor peso de la historia judicial reciente en Ceuta.
De las 12 personas detenidas, cuatro están ya en prisión sin fianza. Antonio López fue el primero en ingresar en Los Rosales. Se negó a declarar, ya sabía que el auto que iban a firmar en relación a su persona llevaría la orden de entrada en prisión. Lo asumió, protegiéndose así en una línea de Defensa que le permite negarse a prestar declaración ante lo que no sabe que hay contra su persona. Algo que también ‘sufren’ los demás detenidos. Tanto los que están ya en prisión como los que no: el saber qué hay realmente contra ellos porque no se puede acceder al contenido de la causa precisamente para que la magistrada pueda seguir dirigiendo su investigación.
De momento el TSJA ha resaltado en una nota de prensa que los presuntos delitos que se están investigando en esta causa serían prevaricación, malversación, falsedad documental, formar parte de organización criminal y cohecho, confirmando los extremos publicados en general por los distintos medios de comunicación en torno a un asunto que quedo mediatizado desde el momento en el que, en julio de 2015, la propia Ciudad denunció a Antonio López tras acusarle de filtrar la famosa ‘lista fantasma’, destapándose la caja de los truenos que afecta no solo a la promoción de las 317, sino a las que, en materia de vivienda protegida, ha ido adjudicando la Ciudad en años anteriores, las 170 y las 225.
Las libertades concedidas a los cinco empleados de Emvicesa, así como a los políticos en activo Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí, son con cargos. La postura del Ministerio Fiscal pasaba por la petición de ingreso en prisión de, al menos, los cinco trabajadores de la empresa municipal de la vivienda detenidos en su propio lugar de trabajo tras los registros llevados a cabo en estas dependencias.
La línea de investigación seguida apunta a la presunta existencia de una trama para la adjudicación de determinadas viviendas siguiendo procesos irregulares. Una trama con actuación de ‘conseguidores’ que tendrían los enlaces directos con aquellos ciudadanos dispuestos a pagar por una casa. Algo que se rumoreaba, que se denunciaba en la calle, que se decía abiertamente, pero que nunca hasta ahora ha quedado judicializado con testimonios directos de personas que han manifestado haber pagado un dinero a determinados enlaces para que les facilitaran ese acceso sin tener derecho al mismo.
Los agentes de las distintas unidades de la Policía Nacional, encabezados por la UDYCO, están participando en el cumplimiento de las órdenes que parten del juzgado y que van a continuar, ya que las líneas de investigación no se han agotado hasta dar con todo el presunto entramado que había convertido el proceso de adjudicación, en parte, en un compendio de labores ajenas a lo que deben ser los procesos regulares.
Tras las intervenciones de ordenadores y documentación almacenada cabe, ahora, estudiarla y analizarla a la hora de cotejar datos y comprobar cupos para aclarar si realmente los procesos eran lo transparentes y controlados que debían ser, ya no solo a la hora de ser adjudicadas sino también de velar porque el proceso seguido no tuviera ni un ápice de anormalidad.
La duda sobre el trabajo de los detenidos en la sede de Emvicesa Los máximos responsables de Emvicesa y Fomento, Kissy Chandiramani y Néstor García, deberán solicitar un informe para conocer si, en el ámbito administrativo, existe alguna pega a que los cinco empleados de Emvicesa que fueron detenidos el pasado viernes y puestos en libertad con cargos esa misma noche, puedan volver a sus trabajos con normalidad. Es una decisión al margen de la acordada en el ámbito penal, ya que afecta al funcionamiento de la administración, teniendo en cuenta que todas las detenciones se han ejecutado en torno a un caso que investiga y analiza un asunto que afecta directamente a la política en materia de vivienda. De momento no ha trascendido nada sobre este asunto.
La limitación del secreto sumarial 12 detenidos, de los cuales 4 están ya en prisión y el resto en libertad con cargos. Este es el balance de la operación llevada a cabo para esclarecer la presunta compra y venta de viviendas de protección oficial, enmarcada en el caso ‘Loma Colmenar’.
Hasta la fecha el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, no se había posicionado. Ahora tampoco lo ha hecho, amparándose en el secreto de sumario, pero sí que ha reseñado el trabajo policial y judicial. Lo hizo ayer, a preguntas de los periodistas, con motivo de la clausura del seminario sobre fronteras dirigido a guardias civiles.
“Es una operación dirigida por el poder judicial y la Policía actúa como instrumento al servicio del poder judicial y no debo entrar en valoraciones. La Policía está haciendo su trabajo, habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos y desaparición del secreto de sumario que limita lo que se pueda decir”, aclaró. La máxima autoridad política en la plaza de los Reyes se mantiene en la línea de la también mostrada esta misma semana por el presidente de la Ciudad y el propio Gobierno, que viene a centrarse en la espera a conocer qué hay detrás de todo este asunto una vez se levante el secreto de sumario mantenido desde hace año y medio.