He seguido con asombro e indignación la polémica sobre el gasto millonario que se va a llevar a cabo por la Ciudad Autónoma de Ceuta en la remodelación del Paseo de la Marina. La verdad es que no me ha cogido de sorpresa. Como todo el mundo sabe, ese paseo estaba necesitado de reforma casi desde que se hizo. Desde el color de las baldosas, hasta su grado de deslizamiento (una verdadera pista de patinaje), pasando por la impermeabilización del suelo para evitar filtraciones a los garajes. Todo el proyecto ha sido una tremenda chapuza, que ahora vamos a pagar entre todos a precio de oro. Nadie es responsable.
El artículo 31.2 de la Constitución Española establece que el gasto público se ejecutará bajo criterios de eficiencia y economía. Este principio cobra más valor en una situación de crisis como la actual. De esta forma, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera también señala que la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos ha de ser uno de los principios que orienten la actividad pública. En concreto, en su artículo 7 se deja meridianamente claro que la gestión de los recursos públicos ha de ejecutarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y calidad. En consecuencia, como se recoge en esta norma, toda actuación pública que afecte a los gastos deberá valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pero ¿qué significa eficiencia económica a la hora de ejecutar el gasto público y cómo han de valorarse las repercusiones y efectos que el mismo tiene en la sociedad?. Uno de los sectores en los que más se han analizado estas cuestiones es el sanitario. En la primera década del presente siglo, un equipo de profesores de universidades del Reino Unido y Canadá, con Michael F. Drummond a la cabeza, recopilaron en un magnífico manual los distintos métodos existentes para la evaluación económica de programas de asistencia sanitaria. Distinguen los análisis del coste, dependiendo de las consecuencias que del mismo se quieran evaluar, ya sea el beneficio, la utilidad o la efectividad.
Como se indica en dicho manual, en toda evaluación se ha de partir siempre de dos conceptos básicos. El primero es el de las consecuencias del gasto. Pocas personas se atreverían a realizar un gasto si no conocen lo que compran. El segundo se refiere a la elección. La escasez de recursos y nuestra incapacidad para producir todo lo que deseamos, es lo que justifica la necesidad de administrar los mismos con sentido común. Pues bien, estos dos principios permiten a la ciencia económica analizar comparativamente las distintas acciones alternativas en términos de costes y consecuencias, a través de los diferentes procedimientos existentes. Así, si lo que deseamos es analizar la efectividad de un programa respecto a otro, los costes habrá que relacionarlos con el efecto común que los mismos producen (por ejemplo, años de vida ganados por una persona al aplicarles tratamientos distintos). Pero si sólo queremos saber las consecuencias de las distintas alternativas en términos monetarios, realizaremos un análisis coste-beneficio. Los conceptos de capital humano y economía del bienestar serán útiles en este caso. Por último, si lo que queremos conocer es la utilidad, en términos de preferencias de los individuos o de la sociedad, el análisis debe aportar valores a las distintas opciones, que de alguna forma permita ponderar la de mayor importancia.
Lo que se ha hablado y escrito sobre la obra del Paseo de la Marina me lleva a pensar que ninguno de estos análisis han sido realizados. Ni antes, ni ahora. Más bien, la decisión se ha adoptado en términos de cálculo electoral. Es decir, todas las leyes sobre Estabilidad Presupuestaria que se han aprobado, para lo único que están sirviendo es para que se practique uno de los recortes más brutales del Estado de Bienestar conocidos en democracia y para generar miedo en la población. Pero no para que los gobernantes efectúen los gastos con un mínimo de sentido común, buscando el interés general y el bienestar de la ciudadanía.
Mucho me temo que si los ciudadanos no pasamos a la acción, se seguirán adoptando decisiones a nuestras espaldas, contrarios a nuestros intereses.