Muchos han sido los problemas que ha tenido la EDAR para que la misma pudiera entrar en funcionamiento ya con una gestión por parte de una empresa en el mes de junio de 2014. Una inversión planificada en un principio alrededor de los veintiún millones de euros y que se comienzo a plantear en los últimos años del Gobierno del Partido Popular y que se materializa en un acuerdo ya con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El encargo de la realización de esta inversión se encarga a la empresa pública Aquavir, dependiente de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pero también se debe contar que no solamente la aportación estatal es la que mantiene este coste, sino que por parte de la Ciudad Autónoma se aporta un veinticinco por ciento del coste. Es un convenio entre las dos administraciones y la Ciudad Autónoma de Ceuta corre con un veinticinco por ciento del total. Pero no sería la última vez en que las dos administraciones deberían poner dinero. Porque con el paso del tiempo resulta que se necesita un modificado. Un modificado que como reconoció en la jornada de ayer el portavoz del ejecutivo, Emilio Carreira, es de casi un cuarenta por ciento, porque de veintiún millones ha pasado a contar la Estación Depuradora de Aguas Residuales un total de treinta millones.
Ello obliga a la firma de un nuevo convenio entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la propia Aquavir, pero donde ya la aportación no era de un veinticinco por parte del ejecutivo de Juan Vivas y de un setenta y cinco por la empresa pública, sino que ya era a parte iguales. Con lo cual la Ciudad Autónoma debió poner encima de la mesa más de cuatro millones de euros para que la EDAR se pudiera terminar.
Pero no terminaron ahí los problemas, luego resulta que la empresa Joca que era la encargada de terminar la planta y su puesta en marcha provisional entró en concurso de acreedores. Es la Administración General del Estado la que entra en contacto con la Ciudad Autónoma de Ceuta para intentar encontrar una solución, porque de otra manera no queda más remedio que paralizarla. Ahí es cuando se produce la famosa reunión del Consejo de Administración de Acemsa que da luz verde para seguir adelante. Pero se aprovecha la circunstancia para que la misma Ciudad Autónoma solicite que desea hacerse cargo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, en vez de pagar un canon directamente al Estado.
Y es que tampoco quedaba mucho margen al respecto, porque no olvidemos que la Administración General del Estado se vio en la obligación de abonar una fuerte multa impuesta por la UE por el incumplimiento de los vertidos, no en vano la entrada en funcionamiento de la EDAR llevaba un lustro de retraso.