La discriminación positiva

Mientras competían por un espacio en las primeras páginas de los diarios nacionales e internacionales las dos noticias del día, el fin de Gadafi y el fin de ETA, se hablaba de Política Económica en Málaga. En el primer caso, espectáculos mediáticos aparte, todo parece indicar que el mundo será más seguro a partir de ahora. En el segundo, esperemos que algunos de los consejos de política económica dados por los expertos sean tenidos en cuenta. Es evidente que en momentos tan complicados como los actuales hay que dar la voz, más que nunca, a las ideas y a la política, para que dejemos de estar sometidos al imperio cruel de los mercados financieros y las agencias de calificación.
Eran las X Jornadas de Política Económica, que en esta ocasión se organizaban desde la Universidad de Málaga. A nosotros nos tocó hablar del impacto económico que tendría el establecimiento de un plus de residencia para los trabajadores del sector privado ceutí, en condiciones similares a las de los empleados públicos. Pero también nos correspondió ser los discussant de la interesante ponencia de una investigadora de la Universidad del País Vasco sobre los efectos de las reformas del sistema de pensiones de la Seguridad Social en las diferencias de género. Ambas son cuestiones relacionadas con lo que se denomina en términos sociológicos 'discriminación positiva'.
Sobre este asunto hay mucha polémica y controversia. Normalmente, la discriminación positiva suele ser defendida por los sectores más progresistas de la sociedad. Para los recalcitrantes, entre los que se puede incluir a los más radicales de la teoría neoliberal, todo lo que no sea libertad de mercado y competitividad entre los individuos no es eficiente. Por eso propugnan que el sector público sea cada vez más pequeño, que los impuestos sean cada vez más bajos y que los ricos paguen cuanto menos mejor, pues así podrán dedicar su dinero a generar riqueza, según ellos. En el fondo no es más que una posición ideológica, acompañada de elaborados modelos matemáticos, cuya influencia sobre el bienestar de las personas, en el sentido de Pareto, en absoluto ha sido contrastada empíricamente. Muy al contrario. Al igual que en una familia, cuando un hijo nace con algún tipo de enfermedad que le impide su desarrollo normal hay que volcarse desde el primer momento para compensar esa merma, también en la sociedad, en el caso de colectivos marginados por razones de raza (los gitanos, por ejemplo), o de género, se hacen necesarias determinadas actuaciones que equilibren su situación. Precisamente los modelos de economía del delito, basados en los postulados matemáticos del liberalismo respecto al comportamiento racional de las personas, demuestran que los programas de bienestar y de ayuda a los colectivos desfavorecidos ayudan, entre otras cosas, a prevenir la delincuencia. En definitiva es lo que ocurre, por ejemplo, con los fondos de solidaridad para compensar a las regiones menos desarrolladas, de los que tanto se ha beneficiado Ceuta.
Lo que nosotros expusimos es que el plus de residencia de los trabajadores de Ceuta y Melilla seguía siendo uno más de los mecanismos de solidaridad diseñados por el Gobierno central, junto con el sistema impositivo, para compensarnos por la escasez de recursos, aislamiento y otros condicionamientos que impiden el normal desarrollo de nuestra economía. En el presente caso, de lo que se trataba era de calcular el impacto que causaría en la economía local el incremento desde el 25% al 33% en el salario base de los trabajadores del sector privado. Nuestras primeras estimaciones lo sitúan en un ridículo 0,7% de la renta interior bruta. Nada que no pueda ser asumido ni neutralizado a nivel macro, tras su traslado al consumo, que a su vez  repercutirá en la recaudación impositiva y en el incremento de renta y empleo. Es más, los estudios teóricos sobre los efectos del salario mínimo en las economías, que se han utilizado para apoyar nuestra posición, no arrojan evidencias suficientes a favor o en contra del mismo. Es una cuestión que sigue en debate por los economistas.
El siguiente trabajo nos mostraba que las trabajadoras españolas seguían discriminadas respecto a los hombres, y que esta situación se mantenía al pasar a la situación de jubilación. En concreto, los ingresos de las mujeres trabajadoras en 2010 representaban el 74% de los ingresos de los hombres. Y cuando se jubilaban, dicha diferencia se ampliaba,  pues el porcentaje pasaba a ser del 65%.
Lo que esta investigadora nos mostró, utilizando para ello complejos modelos econométricos, es que las reformas de la Seguridad Social propuestas por el Gobierno, si bien están orientadas a corregir los desequilibrios financieros del sistema, para nada tienen en cuenta el bienestar de las personas, pues algunas de ellas, lejos de contribuir a disminuir las diferencias de género tras la jubilación, las incrementan. Así, un aumento del cómputo de años necesarios para calcular la base de la pensión en cinco años, incrementaría esas diferencias del 15% al 21%. Sin embargo, un incremento de tres años en las cotizaciones mínimas exigidas, contribuiría a disminuir dichas diferencias en un 5%, según sus cálculos. De la misma forma, el retraso en la edad de jubilación en un año, también reduciría las diferencias en un 5%. Combinando las tres políticas, se reducirían un 3% las diferencias de género. Una de mis preguntas fue si había estudiado las consecuencias en las referidas reformas, si se adoptaran medidas antes de la jubilación para reducir dichas diferencias de género. Esto no lo supo contestar. Seguramente será objeto de una próxima investigación.
Lo que sí evidencian estos estudios es que, quizás, la discriminación positiva es el camino para la solución de algunas situaciones complicadas. Por ejemplo, la de determinados colectivos marginados de Ceuta, como decía días atrás algún colaborador de este periódico, a propósito de los problemas de la barriada de El Príncipe. Lo que ocurre es que para ello se necesitan grandes dosis de generosidad, combinadas con sentido común y altura de miras. El problema es que para ello, con carácter previo, hemos de superar determinados prejuicios racistas que se tienen incrustados en lo más profundo de las entrañas de la sociedad ceutí. Pero esto es muy complicado y exige un compromiso mucho más serio que el que se requiere para rapiñar unos cuantos votos en período electoral.