La difícil herencia que deja el ex-ministro Camacho

No puede haber otra interpretación después de analizar todas las medidas tomadas por el Director General de la Policía y Guardia Civil y el Mº del Interior. El regalo de despedida de Velázquez para estos trabajadores, no deja lugar a dudas: se ha ido igual que llegó, sin conocer los problemas de la Institución.

En sus últimos días de mandato Velázquez firmó la Resolución de aplicación del protocolo de acoso laboral al ámbito de la Guardia Civil, que ya se encuentra  vigente en la Administración General del Estado. Pero, como para el Ex director General, la Benemérita está hecha con otro molde, la disposición solo es de aplicación para el personal civil. Es decir, según Velázquez,  solo pueden ser objeto de acoso laboral el medio millar de funcionarios civiles que trabajan en las dependencias oficiales del Cuerpo. Los 80.000 hombres y mujeres que conforman la Guardia Civil, ni han sufrido, ni sufren, ni sufrirán acoso en su puesto de trabajo. Se olvidó a la hora de firmar la resolución  que es este cuerpo el que presenta la mayor tasa de suicidios y de bajas psicológicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a pesar de presidir este Instituto los últimos tres años.
Pero a AUGC ya nada le sorprende. Velázquez, con la firma de este protocolo, sólo se ha sido fiel a toda su trayectoria al frente del mayor cuerpo policial de España. Y lo ha demostrado volviendo a regular una disposición claramente restrictiva y discriminatoria para sus subordinados. Haciéndolo, una vez más, al margen de las asociaciones profesionales representativas e ignorando, otra vez, al Consejo de la Guardia Civil.
Es decir, Velázquez  volvió a ceder antes de abandonar el cargo, a las presiones de la cúpula del Cuerpo, que aprovechaba –y de qué manera- el vacío de poder gubernamental existente tras el resultado de las pasadas elecciones generales para poder recortar todos los derechos posibles a estos trabajadores públicos.
PUESTO DE SUECA, VALENCIA, ÚLTIMO CASO DENUNCIADO DE ACOSO LABORAL
Una vez más Velázquez y la Cúpula, han olvidado que los guardias civiles en la actualidad cuentan con una Organización que vela por sus intereses profesionales. Que por encima de todo, mantiene como prioridad vigilar  y defender los derechos de los guardias. AUGC lleva ya años denunciando las situaciones de acoso laboral dentro de la Institución y las consecuencias que para sus trabajadores acarrea: alto índice de suicidios y de bajas psicológica. AUGC puede refrescar la memoria a los que olvidan que en la Benemérita el mobbing también se práctica. El último caso denunciado por la Organización ha ocurrido en Sueca, Valencia, donde  un agente fue agredido por su  superior, el capitán de la Sexta Compañía, y ha tenido que ser un juez civil, en concreto el Juzgado de Instrucción número 4 de Sueca, el que, una vez más, haya corregido los graves errores de la Guardia Civil, dictando orden de alejamiento al capitán. Pero hay más casos en Valencia, en los últimos 9 meses AUGC ha tenido que dar asistencia jurídica a otras tres denuncias de acoso. Y en Albacete una compañera ha sido doblemente acosada, ya que su superior, el sargento, era además su pareja: mobbing y violencia de género en la misma moneda.
El conocimiento que AUGC tiene sobre este tipo de prácticas dentro de la Guardia Civil son las que han llevado a la asociación a  calificar la aprobación del protocolo como un grave error político, ya que el ex-Director General ha dejado otro problema más a su sustituto, que se viene a sumar a una  herencia de chapuzas de por si nada envidiable.
MARIANO RAJOY HEREDA UNA GUARDIA CIVIL DESILUSIONADA POR LAS PROMESAS INCUMPLIDAS.
Pero además el nuevo Director General va a tener que hacer un esfuerzo extra para solventar un problema aún más grave, si cabe, recuperar la confianza de los guardias civiles y sus representantes legítimos - Las Asociaciones Profesionales-.
Recuperar también la operatividad del Consejo de la Guardia Civil que surgió de las primeras elecciones democráticas celebradas dentro del cuerpo y que debía suponer la modernización de la Guardia Civil.
Una guardia civil de la que queden desterradas prácticas como la destapada por el Diario 20 Minutos: gastos por valor de 500.000 ? anuales para limpiar las viviendas oficiales de los 35 generales y los dos últimos directores. Y que se suman a la no menos despreciable subida de 6.000 ? en su CES, subida que se otorgaron meses antes de que los guardias vieran recortado su sueldo en un 5%.
Estas prácticas, que empañan la buena imagen de la Guardia Civil, son las que han llevado a AUGC a pedir al gobierno de Mariano Rajoy, que "actué contundentemente para acabar con estos comportamientos 'abusivos', en todo caso, poco éticos e inmorales, que no pueden encontrar ninguna valoración positiva por parte de la sociedad y, menos aún, por los guardias civiles y sus familias. Muchos de los cuales –como otros ciudadanos- tienen serias dificultades para llegar a fin de mes y para disponer de vivienda digna y habitable".
UNIDAD DE ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL CONSEJO
La Cúpula y la Dirección han medido mal la presión ejercida a los guardias y sus representantes. La nefasta gestión y el exceso de presión han conseguido unir a las asociaciones del Consejo. Desde el mes de junio AUGC, UGC, ASES y UO han hecho frente común ante las actuaciones restrictivas de la Cúpula, Velázquez y el gobierno socialista.
Precisamente, la última jugada del gobierno en funciones se producía a tan sólo 8 días para que Mariano Rajoy y su equipo se hicieran cargo del Ejecutivo, y, por tanto, que un nuevo ministro del Interior y Director General de la Guardia Civil recogieran el legado que sus antecesores les habían dejado: malestar y crispación entre los guardias civiles y total desencuentro con sus legítimos representantes, las Asociaciones Profesionales. Aprovechando este tiempo de impase el ejecutivo socialista en funciones nombró a cinco de sus generales de brigada para puestos clave del ministerio: Jefatura de Policía Judicial, Jefatura de Servicios Técnicos, Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, segundo Jefe de Información y enlace con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ministerio que por cierto nadie sabía si Mariano Rajoy iba a mantener.
Para  AUGC la decisión de realizar estos nombramientos ha hipotecado la política de nombramientos del nuevo Gobierno y ha incurrido en la irresponsabilidad de generar unos gastos que eran perfectamente prescindibles en un  entorno de crisis y de  austeridad presupuestaria. Por qué estos nombramientos buscaban colocar a generales en la reserva para puestos no consolidados y para cuyo ejercicio ya hay destinados guardias civiles en activo.
Un generalato que  el Gobierno socialista prácticamente ha triplicado, en sus dos legislaturas.
Por contra, la oferta de empleo público para la escala básica en este mismo periodo ha descendido. Situación esta que ha llevado a AUGC a pedir al Partido Popular que eviten estas acciones y que racionalicen los destinos de los generales, sobre todo si están en reserva, pues ni se corresponden con criterios de eficacia, ni de eficiencia ni de ahorro de costes.

Además de no querer aplicar el protocolo de acoso a los agentes, Vázquez ha dejado tras de sí 20 expedientes disciplinarios a representantes asociativos. Todos ellos por hacer uso de la libertad de expresión, por defender los derechos de los guardias civiles. Durante su último año de mandato ha permitido a la cúpula de la Guardia Civil hacer y deshacer a su antojo, mientras ninguneaba a las Organizaciones representativas con las que ni siquiera ha tenido el gesto de despedirse.
Durante su mandato  también se ha negado de manera reiterada y tozuda a llevar a la mesa del Consejo la Reforma de la Ley de Personal, lo que ha obligado a AUGC y UO a plantear una Iniciativa Legislativa Popular para recabar  el apoyo de la ciudadanía y poder presentar en el Parlamento su propia propuesta de reforma.
Esto ha supuesto para las dos organizaciones un esfuerzo aún mayor no sólo de personal sino también, por el momento, económico, pero que tanto AUGC como UO, han promovido en cada rincón de España, aprovechando cualquier oportunidad para colocar su mesa con los pliegos de firmas, como en la semifinal de la Champyon entre Real Madrid y Barcelona, o durante la Jornada Mundial de la Juventud. Por lo que, si el fin que perseguían con no querer estudiar en el Consejo la Ley de Personal era mermar las fuerzas de estas dos Organizaciones el fracaso ha quedado a la vista. Porque con la unidad de acción ahora, además de AUGC y UO, se han sumado a la iniciativa las otras dos organizaciones con representación en el Consejo: UGC y ASES.
Pero el golpe más duro que el PSOE, con la colaboración del PP, ha intentado asestar al movimiento asociativo ha sido el intento de cercenar el derecho de reunión y manifestación que la Ley de Derechos y Deberes les reconocía a los guardias civiles. Obligando, una vez más, a AUGC a recurrir a la Justicia para que impidiera estos recortes. Y así lo hizo la Defensora del Pueblo quien en su resolución del 25 de octubre de 2011 garantiza que los guardias civiles pueden manifestarse sin hacer uso del uniforme y siempre que sus reivindicaciones no sean de carácter político o sindical. Otra vez la justicia resolviendo el desaguisado que PSOE y PP, en esta ocasión, habían montado con la redacción y aprobación del artículo 13,1 de la Ley Orgánica de de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas. Artículo que establecía que el militar y el guardia civil podrá ejercer el derecho de reunión, "pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical".
Una resolución en la que la Defensora también dice que  "no se hace uso de la condición de militar las 24 horas del día de los 365 días del año, como si de un sacerdocio se tratase" y que el citado artículo debe interpretarse "de la manera más favorable", ya que, si no es así, "la preservación de ciertos valores militares, sin duda encomiables, se habría conseguido al elevado precio de una negación radical de los derechos fundamentales de manifestación y reunión".
Pero esta resolución de la Defensora del Pueblo no es de interés para el DAO.
Quien considera que lo afirmado por la Defensora carece de importancia y por lo tanto se ha negado a dar difusión a través de los mecanismos internos de la Guardia Civil, como es la INTRANET, a la resolución. Petición que le realizó AUGC para que todos los guardias pudieran conocerla. El General Cardiel se ha negado a su publicación alegando que "dicha resolución “supone una posición y opinión, eso sí, cualificadas,  pero que de modo alguno constituyen una fuente del derecho en el sentido avalado por el Código Civil”, por lo que, para el DAO, la respuesta de amparo carece “de valor como complemento del ordenamiento jurídico”.