La Defensora investiga la influencia de la crisis en la alimentación infantil

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido poner en marcha una investigación para conocer el impacto que puede tener en los hogares de todo el país la crisis económica, atendiendo sobre todo a la alimentación que reciben los menores y la calidad de la misma. Dicha investigación se llevará a cabo en todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, y sus conclusiones se detallarán en un informe.
La Institución quiere saber el número estimado de menores afectados por este problema y las intervenciones realizadas o proyectadas para atender a estos niños. Lo hace después de hacerse públicas denuncias en distintos puntos del país sobre menores que pasan hambre y que, de hecho, encuentran en los comedores escolares el único plato caliente de la jornada.
La Defensora quiere poner encima de la mesa todos los datos objetivos que pueda recabar y, para ello, solicitará a las distintas comunidades (también a Ceuta) una serie de datos para crear un mapa de objetivos que resuma la realidad que se da en el país.
La Institución considera que la alimentación infantil debe ser una prioridad para los servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas y en ese esfuerzo debe comprometerse el conjunto de las administraciones públicas.
La investigación de oficio puesta en marcha por Becerril busca concluir cómo está afectando la crisis a los más pequeños, a sabiendas de que las distintas administraciones públicas están detectando estas problemáticas, lo que ha motivado la adopción de distintas iniciativas.
En el caso de Ceuta, quedaba aprobado en el pleno del pasado mes de abril una propuesta de Caballas para que ningún niño se quede sin recibir tres comidas al día; medida ésta que contó con el respaldo popular y que se dotará económicamente con una modificación presupuestaria. Al igual que en Ceuta, en la práctica mayoría de las comunidades autónomas se han emprendida iniciativas con contenido similar.
La oficina del Defensor del Pueblo advierte de que teniendo en cuenta la proximidad del periodo de vacaciones escolares, es necesario saber con qué panorama se topa la administración, de ahí que haya solicitado información sobre el número aproximado de menores que pueden estar en esta situación, y sobre las intervenciones que se están llevando a cabo para atender la alimentación adecuada de los mismos. También quiere conocer el coste y las previsiones temporales para la puesta en marcha de medidas destinadas a paliar estos problemas.
La Institución considera que la alimentación infantil debe ser una prioridad para los servicios sociales de las comunidades autónomas, y en ese esfuerzo deben comprometerse el conjunto de las administraciones públicas. Por este motivo, tras conocer informes que alertaban de situaciones de alimentación inadecuada de los menores, la Defensora ha decidido iniciar esta investigación de oficio para promover e incentivar medidas que palien la malnutrición.