Los abogados de los dos condenados a cinco años de prisión por utilizar un patrullero de la Armada para transportar un cargamento de 224 kilos de hachís cuando servían como cabos presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Segundo con sede en Sevilla, que fue adelantada por ‘El Faro’ esta semana. Consideran que no hay pruebas suficientes como para sustentar la condena dictada por el Tribunal, por lo que, al no ser una sentencia firme, van a presentar recurso. Creen que se puede probar que no existe vinculación directa que relacione a sus patrocinados con el alijo que fue hallado en la patrullera nada más llegar a San Fernando, en la denominada ‘Operación Fragata’ que la UDYCO llevó a cabo en marzo de 2008.
La sentencia da como probado que ambos condenados estaban implicados, valora la investigación desarrollada por la UDYCO, así como el hecho de que la droga tuvo que ser introducida necesariamente por los dos condenados, al sumarse una serie de indicios que llevan a dar forma a la prueba requerida para una condena.
No piensan lo mismo los abogados gaditanos, Miguel Torres y José Manuel Jareño, que sustentarán el recurso ante el Tribunal Supremo en base a la inexistencia de pruebas directas que a su juicio pueden relacionar a los condenados con el alijo.
Para los letrados ambos han sido condenados en base a pruebas meramente indiciarias, que son insuficientes para acreditar el delito y que fueron interpretadas de forma errónea por el tribunal.
Según los fundamentos de dicha sentencia, los dos militares aprovecharon que estaban de guardia en la patrullera para introducir la droga en varias bolsas de deporte, camuflar su olor y ocultarlas en la P-114 a sabiendas de que debía pasar por una revisión anual en La Carraca, en San Fernando. El hachís estaba “perfectamente” almacenado “en los tambuchos de defensas y cabuyería, para lo que se requería un detallado conocimiento de la utilización que se hacía de los compartimentos y de su distribución”, recuerda el tribunal. La UDYCO aportó seguimiento a los dos condenados además de control a los distintos teléfonos móviles que portaban y a la manera que tenían de comunicarse, vía mensajes y usando celulares con tarjetas sacadas a nombres de terceras personas, un modus operandi usado, según recalcó la Policía, por las organizaciones delictivas.
Un doble delito, ahora en fase de recurso La sentencia estima que los dos militares cometieron un delito contra la salud pública otro contra los deberes del servicio a bordo o de ayudas a la navegación. Además de imponerles cinco años de prisión, el tribunal condena a los dos militares a la pérdida de empleo. Al no ser firme ahora se espera, tras el anuncio del recurso, a lo que dictamine la instancia superior. El fallo dictado por el Tribunal Militar ha llegado después de varios años en los que ha existido incluso enfrentamiento entre juzgados, ya que se abrieron dos procedimientos distintos, uno por la vía militar y otra por el juzgado de lo Penal de San Fernando.