La crisis y la ciudadanía

Se repite el mensaje con la intención de que cale en la sociedad, y en aquello tan difuso y poco consistente denominado opinión pública, sobre las oportunidades que nos presenta la crisis para poder crecer y reinventarnos. El contenido de dicho mensaje está referido preferentemente a cuestiones de tipo económico y, escasamente, a las sociales. Para nada, desde luego, a las políticas. Expertos, políticos, periodistas y otras faunas mediáticas presentan sus análisis sobre la situación económica, la recuperación, el paro, la desregulación, etcétera, pero ninguno de ellos nos plantean abiertamente la necesidad de que crezcamos políticamente para reinventarnos como ciudadanos. Es necesario para ello un esfuerzo independiente y crítico importante sugerido por algunos pero de escaso calado en los ciudadanos, una necesaria reflexión y una inevitable maduración para poder ocupar la centralidad de la política y exigir cambios drásticos en la forma, el contenido y el sentido de estar en la política y de realizarla.
No intento situar el escenario más allá de los partidos, pero sí necesariamente superar los modelos actuales de partitocracia, con sus aparatos anquilosados y paquidérmicos, que impiden la participación activa. Tampoco necesitamos derivas postdemocráticas, sino que lo urgente es limpiar la casa de vicios y de viciosos, mediante un revulsivo que no sólo parta de fuera, sino de también de dentro de los mismos partidos. Es necesaria ante el alud de corrupción y mal gobierno que soportamos la necesaria y urgente reforma de la estructura de los partidos, pero ésta no será más que papel mojado sino afecta a la propia ciudadanía y ello conlleva un necesario cambio de paradigma en nuestra cultura política. Un inevitable, pero franco y abierto diálogo entre partidos y ciudadanía es pieza fundamental para que la sociedad se recupere de la desafección a la política, vistos los estragos inducidos por la crisis.
Nuestro concepto de ciudadanía se había forjado sobre la base de lo político y lo social (derechos políticos más derechos sociales) y corremos el peligro no sólo de difuminación de dichas categorías, sino de enajenación de las mismas a favor de una transformación liderada por los mercados (lo que equivale a decir poder financiero y multinacionales) en la que el vacío gubernativo del Estado y su simétrica desestatización del gobierno nos convierta en meros clientes por haber cedido la iniciativa a las partitocracias de las que nos hemos convertido en correas de transmisión. Esta perspectiva agravará la crisis de las instituciones democráticas hasta llegar a deslegitimizarlas, campo abonado para el crecimiento desbocado de populismos, nacionalismos y extremismos políticos de distinto pelaje político, pero fuerte mesianismo compartido.
Si nuestra utopía es la profundización democrática y el arraigo social del concepto y la práctica de la ciudadanía estamos abocados a reforzar las instituciones nacionales porque ello conllevará, no de forma automática pero sí necesariamente, la fortaleza de las europeas, una poderosa herramienta para controlar globalmente el sector financiero mediante una justa fiscalidad. Debemos evitar la explosión de las instituciones porque las necesitamos reformadas y reforzadas democráticamente, teniendo al ciudadano como eje de las mismas, pues no siendo desafectos a la economía de mercado, no debemos someternos como mercaderías al servicio del mismo.