“La compañía ‘Odyssey’ va a apelar y apelar y el caso puede tardar años”

Antonio Moreno, historiador que aportó al Gobierno información sobre el buque motivo de litigio, menciona que el gasto de España en el proceso asciende a unos cinco millones de euros según datos de prensa.

El doctor en Filosofía e Historia y cronista de Cabra, Antonio Moreno, se convirtió en un agente más del caso Odyssey casi por casualidad al encontrar documentación sobre el barco motivo de litigio entre la empresa expoliadora y el Estado español. Esta semana estuvo en Ceuta para explicar los pormenores históricos y judiciales del proceso y se muestra agradecido con la Consejería de Cultura y el Rotary Club, que patrocinaron su ponencia. 

–¿Cómo empieza la historia entre Odyssey Marine Exploration y el Estado español?

–El litigio comienza entre marzo y mayo de 2007. La empresa anuncia que ha hecho un descubrimiento de un pecio, dicen que en aguas internacionales, y bautizan a la nave como el Black Swan porque no quieren reconocer que se trata de la fragata Mercedes. En ese momento la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que tenía la competencia en esa zona, ya denuncia a esos señores y les  dice que tienen prohibido hacer prospecciones en esa zona. En mayo a la vista de que no hay arreglo con el Gobierno de España es cuando deciden subir todo lo que han encontrado en dos aviones y lo trasladan desde Gibraltar hasta Tampa, en Florida. España ahí se pone totalmente en marcha y coge un equipo de abogados y se enfrasca en un proceso que dura tres años. 

–Existen dos resoluciones sobre el caso que son favorables a España.

–Hay una resolución de fecha 3 de junio de 2009, del juez Mark Pizzo, en la que se  dice a la empresa que tiene que devolver lo que ha recogido porque está claro que se trata de una nave española y que el contenido es español. Hay otra resolución del 22 de diciembre del año pasado donde el juez Merryday le da la razón a España. Ya está a punto de decidirse nuevamente el caso a un nivel superior y lo más seguro es  que Odyssey vaya a apelar y apelar.

–¿Todavía le quedan posibilidades de seguir litigando?

–Tienen un par de niveles más que subir. Y precisamente el pasado día 11 se daba a conocer una declaración de esta compañía diciendo que van a llegar hasta el final. 

–El proceso se puede alargar aún bastante más.

–Puede tardar años todavía y ya son tres. Este es el problema, que ellos no quisieron que se juzgara en España y se fueron a Estados Unidos donde tienen mucha influencia. Y allí se fueron creyendo que iban a tener apoyo, pero en los últimos días de agosto el Gobierno de Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia le hicieron saber a Odyssey que no le iban a apoyar en este pleito porque han entendido que según el Derecho internacional y un tratado del año 1902 los Estados Unidos aceptaban que en cualquier barco hundido la titularidad era del país que le daba nombre.

–¿Cuánto se ha gastado el Estado en el proceso judicial? 

–En los últimos días han surgido noticias respecto a los costes, una de ellas del Canal Historia, donde se decía que a estas alturas, y la grabación es de hace meses, que el pago a los abogados se encontraba en unos cinco millones de euros. Ya sabemos que la Justicia cuesta cara y sobre todo en estados Unidos. Sin querer poner en duda la profesionalidad de estos abogados, la verdad es que a ellos tampoco les corre prisa. La cifra es de prensa, no la asumo pero no me extrañaría que fuera cierta.

–¿Cuál es su contribución al caso?

–Hacía tres años precisamente que estaba trabajando en un libro que se ha publicado y trata de los egabrenses que se marcharon a la Indias desde el primer momento de la colonización. Me obligó a estar mucho tiempo en los archivos y encontré algo sobre la fragata Mercedes. Uno de los capítulos del libro trata sobre un viaje anterior de Don Dionisio Alcalá Galiano y este famoso marino vino en 1799 con una carga importantísima para la Corona Española. Estudiando este viaje me di cuenta de que dos fragatas que iban con la Mercedes también lo hicieron con la expedición de Alcalá Galiano. Esa coincidencia me hizo interesarme más por el tema.     

–¿y qué le hizo intervenir?

–Tras la segunda resolución, el juez Merryday le da a España hasta el 31 de agosto para que presente todos las aelgaciones que crea oportunas. Es en ese momento cuando creo que le debo facilitar al Gobierno de España toda la información de la que dispongo para que se resuelva el pleito más fácilmente.

–¿Cree que este caso impulsó la creación de cartas arqueológicas subacuáticas para proteger el patrimonio submarino?

–Existe un convenio entre Defensa y Cultura para que se haga un mapa de situación de estos yacimientos submarinos. En principio la idea es que estos restos se queden donde están. La situación puede ser discutible, yo veo dos condicionantes: la crisis económica, que no aconseja hacer inversiones importantes para sacaralgo que España no tiene intención de convertir en dinero; y la otra es que hay técnicos que dicen que este tipo de barcos con mucho porcentaje de madera se conservan mejor bajo las aguas. Esta madera una vez que se seca en tierra parece que se desmorona.