El estudio, publicado en la revista de impacto científico ‘The Service Industries Journal’, está basado en datos de diez años ubicados en dos regiones: Londres e Irlanda del Norte, pioneras en la puesta en marcha de esta modalidad de contrato. Dicho trabajo explica que la razón principal para utilizar la modalidad de colaboración público-privada en la contratación de servicios es mejorar la prestación de éstos.
La filosofía de esta modalidad de contrato es muy clara: la administración pública paga a una empresa para construir una infraestructura, ponerla en funcionamiento y gestionarla, y sólo paga cuando se esté dando el servicio deseado, explica José Aureliano Martín-Segura.
Esta modalidad conlleva muchas ventajas, por ejemplo, que la constructora realice una buena infraestructura, ya que si ésta falla más tarde será su responsabilidad. José Luis Navarro-Espigare, lo explica: “El compromiso de la empresa es, sobre todo, responder ante los estándares de calidad. Estos contratos tienen unas cláusulas que hay que delimitar mucho porque se deja en manos de la empresa privada el desarrollo del proyecto. Hay que hacer una regulación efectiva para conseguir lo que se llama producto final, es decir, a la administración no le interesa que le hagan una infraestructura sino que, además, en ella presten un buen servicio y el usuario esté satisfecho”. Así, además de los parámetros técnicos, se mide la satisfacción en el servicio.
En esta línea, explica que con esta modalidad la empresa se compromete en mayor medida que en una concesión normal, donde su papel se limita a la realización de una obra.
El beneficio de la empresa es que va cobrando por la construcción y por ir prestando el servicio que le demandó la administración pública.
Este compromiso obliga a la empresa constructora a crear otras sociedades de pequeño tamaño para la prestación de servicio o a subcontratar a otras entidades. Ya existen grandes grupos empresariales que se dedican a la construcción pero que también incluyen otras sociedades de servicio, seguridad o mantenimiento. “Las grandes empresas que tienen mucho dinero por obras públicas en lugar de ingresar el dinero en bancos lo invierten creando empresas de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento”, explica José Aureliano Martín-Segura.
Problemas o riesgos
Dicho contrato también tiene sus problemas. Uno de ellos es que las decisiones tomadas por lo dirigentes de ahora se trasladan en el tiempo para ser pagadas, posiblemente cuando ni éstos ni sus partidos estén gobernando. No obstante, lo bueno que tiene esta modalidad es que ni administración pública ni empresa pierden, sino todo lo contrario, ambas ganan. “El riesgo es que si se contrata por esta vía se están comprometiendo presupuestos futuros cuando puede que haya otros gobiernos y otros partidos que se sientan maniatados por contratos de 25 ó 30 años de duración que restan márgenes de movilidad y libertad a los futuros gobiernos”, explica Navarro-Espigare, quien indica que, por este motivo, “es clave que se garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Beneficios con esta fórmula
Navarro-Espigare destaca que “todas las administraciones públicas están encontrando beneficios y están viendo positiva esta fórmula de contratación”. El estudio indica que los tres grupos (autoridades sanitarias, locales y ministeriales) están viendo ventajas en este tipo de contratación.
El gran beneficio de esta modalidad de contrato es que se optimizan los niveles de eficiencia tanto a nivel micro como macro. En el primero de los casos porque la empresa está optimizando sus recursos ya que conseguirán más beneficios cuanto más eficientes sean; y en el segundo porque se incrementan las infraestructuras de una región, contribuyendo positivamente al desarrollo económico.
No es el método alemán
José Aureliano Martín-Segura deja claro que este sistema de colaboración público-privada no es el conocido método alemán. “El sistema alemán es que la empresa hace y la administración le paga dentro de 20 años. Aquí es que la empresa lo hace en forma de servicio, no sólo el edificio”.
Tres proyectos en Ceuta
El Gobierno autonómico ya ha definido tres proyectos muy concretos que se iban a ejecutar por la vía de la colaboración público-privada: la construcción de la escuela infantil en Loma Colmenar, el nuevo centro de menores en Benítez o Calamocarro que sustituirá al de La Esperanza y la Residencia de Mayores en el centro de Santo Ángel. Tres obras que tienen un amplio contenido social ya que van dirigidas a la ampliación de plazas en escuelas infantiles en la ciudad autónoma, una mejora en la calidad de vida de los mejores no acompañados, y contar con un mayor número de plazas en residencias públicas para mayores.
Estas son tres infraestructuras que se harán mediante la modalidad de contrato público-privada, un sistema que ha tomado aún más peso con la crisis económica, donde se ha buscado la colaboración del sector privado para desarrollar distintos proyectos.
La puesta en marcha de estos tres proyectos mediante esta modalidad de contratos puede abrir en la ciudad autónoma una nueva opción para el desarrollo de los servicios a través de la colaboración público-privada.
Un estudio presentado en Budapest (Hungría)
Este estudio fue presentado en un congreso en Budapest de la mano de la Asociación Europea de Investigación en Servicio, RESER en inglés. En esta ocasión, José Aureliano Martín-Segura y José Luis Navarro-Espigare presentaron este estudio sobre el tipo de contratos bajo la modalidad de colaboración público-privada (PPP).
A través del estudio explicaron cómo está distribuido por tipo de contrato y regiones en todo el Reino Unido. “Lo que se trataba era analizar la evolución e importancia cuantitativa, sino si pudiera tener o no una influencia positiva en el crecimiento de la productividad, es decir, si la colaboración público-privada, bajo esa modalidad, podría ayudar al incremento de la productividad. El resultado que dio fue que sí conducía al incremento de la productividad”, explica José Aureliano Martín Segura, quien añade que “es evidente que hay una serie de servicios que tienen que darse por el sector público pero que para poder darlos, éste necesita la colaboración del sector privado”.
El objetivo de esta modalidad es que la empresa siga gestionando la inversión pública para que se dé el servicio y que la administración pague cuando se preste de forma eficaz.
