La eficacia policial empieza porque cada Fuerza de Seguridad cumpla con su cometido, el que le atribuyen las leyes, y sobre todo, el sentido común. La base de la colaboración policial entre distintos Cuerpos de Seguridad radica precisamente en que cada uno cumpla y se ocupe de sus competencias, así como que informe lo antes posible al cuerpo policial que le corresponda asumir lo que no está dentro de sus competencias o a su alcance. No debería de ocurrir, pero ha concurrido más de una vez, aunque no trascienda mucho a los medios de comunicación, que se chafan operaciones antidrogas o de cualquier otra índole por el afán de protagonismo (o poca profesionalidad) de una Fuerza de Seguridad que no siendo competente para investigar este tipo de delitos, los cuales requieren de una investigación profunda, actúan ‘sin ton ni son’ y a la ligera, lo cual es absurdo, ya que estamos hablando de temas muy serios como es el crimen organizado.
En el caso de que agentes de cualquier Fuerza de Seguridad sin competencia para investigar el crimen organizado tengan conocimiento de que se va a realizar un pase de droga o les hayan informado donde se encuentra un alijo de droga, armas, etc., su principal obligación es ponerlo, lo más rápidamente posible, en conocimiento de la policía nacional o guardia civil, según le corresponda a uno u otro, para que actúen de la manera que crean conveniente. Que bien puede ser en el mismo momento si corresponde, o abriendo una investigación e informando de todo al juez instructor, para posteriormente poder obtener el mayor número de pruebas posibles con los mandamientos judiciales que sean necesarios, y así detener a todos los implicados en los hechos. Trabajando con profesionalidad y capacidad es como se consiguen las detenciones de los grandes narcotraficantes, terroristas, etc.
Se ha dado el caso en España de que policías municipales han dado con pequeños alijos, pero no hay detenidos por falta de investigaciones. Las prisas son malas consejeras y las actuaciones ‘sin ton ni’ dan siempre como resultado que los delincuentes salgan impunes. La colaboración en estos casos es eso, poner en conocimiento de los que tienen la facultad para poder hacer investigaciones todo aquello que esté relacionado con narcotráfico, armas, etc.
La aprehensión de una cantidad de droga o de algún arma puede quedar muy bien en los medios de comunicación, pero si se va al traste una investigación en la cual la policía judicial lleve meses, o incluso años trabajando, los daños causados pueden ser irreversibles.
Me imagino que alguna responsabilidad penal debería de recaer sobre los agentes que intervengan a sabiendas de que se están excediendo y pueden chafar una investigación que esté en curso por la policía judicial de cualquier Fuerza de Seguridad del Estado.
Los grupos de policía judicial de las Fuerzas de Seguridad del Estado, antes de comenzar una investigación tienen que introducir los datos de las personas que van a ser objeto de dicha investigación en la base de datos común del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO) para saber si alguna otra Fuerza de Seguridad del Estado o el Servicio de Vigilancia Aduanera está ya investigando a esos sujetos. Con estos controles evitan que haya duplicidades de investigaciones y no reventar operaciones que puedan estar en curso. Las policías locales y municipales no tienen acceso a esa base de datos, lo que hace todavía más evidente, si cabe, que deben de informar a la policía judicial que corresponda de cualquier tema relacionado con el crimen organizado para que sean ellos los que tomen las decisiones correspondientes.
Mucho se ganaría si la colaboración entre Cuerpos de Seguridad fuese lo más estrecha posible y cada uno trabajase dentro de sus cometidos.