Un estudio completo que pone encima de la mesa el transporte en el Estrecho.
La Ciudad ya ha solicitado formalmente, por escrito, al Ministerio de Fomento el cambio legal necesario para que se modifiquen las obligaciones de servicio público que las navieras tienen en la navegación entre los puertos de Ceuta y Algeciras, de manera que una de las rotaciones diarias sea a bajo precio. La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, le ha enviado una carta a la secretaria general de Transportes, Carmen Librero.
Esta petición se basa en los informes que el bufete de abogados ‘Gómez Acebo & Pombo’ ha estado preparando durante varios meses por encargo de la Ciudad.
El “establecimiento de una tarifa máxima en una de las rotaciones que cada operador está obligado a prestar” en la línea marítima entre Ceuta y Algeciras es jurídica y económicamente viable si el Gobierno de Mariano Rajoy acepta exigírselo. Así lo concluyen los dos informes solicitados por el Ejecutivo de Vivas al bufete de abogados ‘Gómez Acebo & Pombo’ y a ‘RBB Economics Spain’. Dichos precios máximos serían de 15 euros por trayecto para pasajeros y de 20 para vehículos, con tasas incluidas pero sin computar la bonificación del 50% para residentes.
Los dictámenes recibidos interpretan que el “anormalmente bajo” nivel de ocupación de los barcos que unen Ceuta con Algeciras, de entre un 20% y un 22% en el caso del pasaje y de entre un 16% y un 30% en el de los vehículos, responden a “la decisión de las navieras de conservar horarios y derechos de pasaje” y no lastran su cuenta de resultados, pues obtienen “beneficios extraordinarios” en la línea marítima, “muy superiores” a un beneficio empresarial teórico del 8,5%.
El presidente de la Ciudad Autónoma ya le explicó al actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, la intención que tenía la Ciudad Autónoma de presentar este estudio avalando su petición para lograr la rotación barata una vez al día.
Es más, remarcan que los precios actuales “son absolutamente desproporcionados en comparación con los practicados en el resto de las líneas entre puertos españoles” o en líneas de navegación de ámbito internacional en Europa. Entre sus conclusiones se apunta que solo la existencia de “una demanda cautiva” y de algún tipo de “acuerdo expreso o tácito” puede explicar una política de oferta “disparatada” como la existente.
Según los informes recabados, la propuesta no limitaría el número o variedad de operadores en el mercado, no restringiría su capacidad para competir y tampoco recortaría los incentivos para hacerlo, pues “la variable precio no es una sobre la que los operadores desarrollen estrategias competitivas diferenciadoras”.
Según el dictamen de ‘Gómez Acebo & Pombo’, de acuerdo con la normativa comunitaria “es legalmente viable la imposición de una reducción de los precios por el transporte de personas y vehículos a título de una nueva obligación de servicio público” que habría de ser establecida mediante una modificación del Real Decreto 1516/2007, ya que “no parece viable su establecimiento por la Dirección General de la Marina Mercante al amparo de la habilitación que se le otorga para supuestos excepcionales”.
La modificación del Real Decreto de hace diez años “habría de ser realizada con sujeción a los trámites regulados […] justificando las razones de interés general que abonen las modificaciones proyectadas, así como la elección de la medida que resulte menos gravosa para los derechos de los destinatarios de la norma”.
“La única forma aparentemente idónea para facilitar e incentivar el paso del Estrecho a los residentes ceutíes es la reducción del precio del transporte”, avanza el bufete, que anima a “agotar el análisis” de alternativas y a “contrastar” con las navieras el estudio económico que acompaña al jurídico.
Desde el punto de vista de ‘Gómez Acebo & Pombo’, sería “difícil” poner en cuestión que “la obligación de servicio público que persigue implantar la Ciudad Autónoma está justificada en razones de interés general” o que “la facilitación de los traslados entre unos y otros territorios es un medio indispensable de cohesión social claramente.
EL ESTUDIO
A la vista de que no hay información pública sobre los costes en que efectivamente incurren las navieras que hacen transporte marítimo de pasajeros y vehículos en la ruta Ceuta-Algeciras-Ceuta, ‘RBB Economics Spain’ ha hecho para el Gobierno local un estudio de costes que se configura como “la única referencia actualmente disponible para la determinación del precio máximo” a fijar en una nueva obligación de servicio público. Para calcular el coste del servicio en la ruta se ha partido de los buques que operan de manera regular y se ha estimado el importe de cada capítulo de coste relevante para cada barco (tasas, costes operativos de tripulación y mantenimiento o combustible, de estructura y comercialización…). El coste total medio por pasajero oscila, según la naviera y el buque, de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, entre los 17,1 y los 29,3 euros por persona, 23,5 de media global, pero los precios que cobran las compañías superan los 32, lo que los coloca entre un 36% y un 42% por encima del coste medio estimado incluido un beneficio empresarial del 8,5%.
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