La Ciudad verá otra vía para escolarizar a los niños que está atendiendo Digmun

La Junta de Portavoces de la Ciudad Autónoma acordó ayer en su primera reunión formal de la nueva legislatura a propuesta de la coalición Caballas que la Consejería de Educación elabore un informe técnico sobre la posibilidad de que los trabajadores sociales acrediten que los niños a los que atiende Digmun en la Estación de Ferrocarril porque el Ministerio les veta el acceso a colegios e institutos viven de forma efectiva en la ciudad autónoma.

La Administración local explorará si esa alternativa es válida para salvar el entuerto burocrático en el que cerca de una treintena de menores se ven sumidos al ver negadas sus solicitudes de escolarización por carecer de certificado de empadronamiento a pesar de que, como no ha dejado de argumentar Digmun incluso ante el Defensor del Pueblo, la legislación vigente establece que “los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación [...] aun cuando no residan legalmente en España”. Únicamente uno de los 28 jóvenes atendidos de lunes a viernes por Digmun que presentaron su documentación para ser matriculados con vistas al próximo año académico fue incluido en las listas definitivas de admitidos publicadas por los centros educativos. Se trata de un joven que sí estudiará a la vuelta del verano en el IES Puertas del Campo. No se admitió ninguna de las peticiones de escolarización tramitadas ante los CEIP Lope de Vega, Reina Sofía, Santa Amelia, Ramón y Cajal y Andrés Manjón. Los listados de admitidos de los IES Abyla y Siete Colinas tampoco incluyeron a los dos niños que acuden al ‘colegio’ de Digmun y que solicitaron plaza en esos institutos.

Cuarenta jóvenes presa de un círculo vicioso burocrático

 En la Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, se recoge la obligatoriedad de los gobiernos de garantizar la educación obligatoria y gratuita a todos los niños, al menos en Primaria, exigencia que se recoge en la legislación española tanto a nivel estatal como autonómico. “Sin embargo, en Ceuta, la realidad no se ajusta a estos principios, vulnerándose el Derecho a la Educación de los hijos de mujeres que trabajan en la economía sumergida o familias que huyen de la pobreza y que residen de forma ‘irregular’ en la ciudad”, ha alertado Digmun al Defensor del Pueblo. La dificultad para escolarizar a estos menores se agravó a partir de una normativa publicada en el BOCCE de la Ciudad Autónoma de Ceuta en diciembre de 2013 por la cual es necesario el permiso de residencia para poder empadronarse.