La Ciudad tiene capacidad para instar al Estado a adoptar las medidas necesarias para “modificar las leyes y disposiciones generales aplicables” a fin de establecer el plus de residencia en el sector privado. Esa es una de las conclusiones derivadas del informe jurídico elaborado por el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UGR, ‘Dictamen en Derecho sobre el Plus de Residencia’ encargado por el Consejo Económico y Social, CES, y en el que se establece dicha capacidad en base al artículo 26 del Estatuto de Autonomía, que, entre otros objetivos, atribuye a la Ciudad la “mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los ceutíes”, o la adopción de “medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social, facilitando el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo”.
“No faltaría basamento jurídico para que desde la Ciudad Autónoma se promoviera una intervención legislativa estatal en la materia”, recoge el informe elaborado por el catedrático José Luis Moreneo, y el profesor José Antonio Fernández. Al hilo de esta conclusión ambos consideran que sería conveniente ofrecer una propuesta atractiva al empresariado “tanto desde la perspectiva tributaria como de cotizaciones sociales”, además de establecer contactos previos “con los órganos gubernativos de Melilla, Canarias y Baleares” al objeto de plantear una “estrategia y propuesta común”.
No obstante, el informe también apunta a cierta dificultad, la necesidad de promulgar una ley con las “condiciones en que ha de desarrollarse el ejercicio de la potestad reglamentaria en esta materia, utilizando así el reglamento como mecanismo de colaboración internormativa con la ley”, pese a lo cual hacen hincapié en que “nada obstaría a que el plus de residencia tuviera una regulación completa y acabada en una norma de rango legal”.
Al margen de esta conclusión sobre la posibilidad de aplicar el plus de residencia al sector privado, sus autores plantean otras alternativas con más dificultades de implantación. El establecimiento de una norma legal que contemple el plus de residencia como contenido obligatorio del convenio colectivo no vincularía a los convenios extraestatutarios, amén de que a través de la negociación colectiva se advierte de que, al igual que en la alternativa anterior, su efectividad también “dependería por completo de la voluntad negociadora de los interlocutores sociales”.
El coste variaría entre los 13,7 y los 9,1 millones
El informe elaborado por la UGR también determina las repercusiones sobre la renta en la ciudad. El coste estimado de la implantación de esta medida se cifra entre 13,7 y 9,1 millones de euros, “la más cercana a la realidad de acuerdo con las estimaciones efectuadas con datos de la Seguridad Social excluyendo los empleados públicos del sector empresarial”, recoge el dictamen en relación a la última de las cantidades.
Esta cantidad resulta de estimar que parte del importe actual del plus de residencia para el sector privado está fijado con carácter general en el 25%. “En el escenario más pesimista, esta medida elevaría su impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) local al 0,77%; en el más favorable, tan solo un 0,4%”, explican, no sin añadir que “hasta que no se lleve a cabo el correspondiente estudio econométrico en la segunda fase del informe no se podrá estimar cuál será el impacto porcentual final sobre la renta y el empleo de la economía local”.