La Ciudad solo se ha limitado a “incoar un expediente” en la reserva de plazas para militares en la Policía Local, según Ciudadanos

El reciente anuncio del Gobierno de la Ciudad sobre la reserva de un 20% de plazas en la Policía Local para el personal de Tropa y Marinería se ha quedado en una simple “incoación de un expediente y su total tramitación hasta completar lo previsto en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería”. Así lo ha denunciado el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, para quien el compromiso del Ejecutivo local solo responde a repetir la iniciativa que el Pleno de la Asamblea de Melilla aprobó el pasado lunes por unanimidad. A través de dicha iniciativa los militares que sean expulsados, por imperativo legal, del Ejército al cumplir 45 años y tengan más de cinco de servicio podrán optar a esta reserva de plazas. Esta propuesta se apoya con la firma del convenio que el Gobierno melillense ha suscrito con el Ministerio de Defensa.

“El Gobierno de Ceuta se quiso apuntar el mismo tanto, pero en Melilla ya habían hecho el trabajo y aquí no se ha hecho nada, aunque había que anunciarlo”, ha matizado Varga.

El portavoz de Ciudadanos ha basado estas acusaciones en las manifestaciones vertidas por la anterior consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, que en noviembre de 2018 apuntó a que la Ciudad no se había planteado reservar plazas para estos militares “porque nadie lo había pedido”.

Sin embargo, Varga recuerda que en el expediente abierto por la Ciudad se recoge una petición del Ministerio de Defensa, fechado en maro de 2018, solicitando que se contemple la posibilidad de reservar plazas para este colectivo. “Once meses ha dormido esta petición en algún cajón de la Ciudad”.

Esta demora, denuncia Varga, ha impedido que los militares que han finalizado su contrato con el Ejército puedan optar a la Policía Local. “Se van a reservar plazas pero no en las dos convocatorias que van desde marzo de 2018, cuando Defensa lo pide, hasta febrero de 2019 cuando la Ciudad hace el anuncio. Nos dicen que ya no daba tiempo”.

El expediente también recoge el acuerdo planteado así como un informe técnico que señala a que si bien “no hay duda de la viabilidad jurídica de esta propuesta, sería conveniente realizar el oportuno estudio que abarque desde el grado de compromiso político hasta la opinión de los agentes interesados, como son los sindicatos”.

Para Varga, este asunto no responde más que a una “manipulación electoralista”, ya que el Gobierno “no duda en acudir a mentiras con tal de intentar atraerse la simpatía de cualquier colectivo”.