La Ciudad señala que las diferencias son de orden técnico y administrativo

El consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo Martíinez, explicó ayer que los nuevos informes del Tribunal de Cuentas referentes a los años 2008 y 2009 nada más que establecen discusiones de carácter técnico y administrativo entre los servicios de Intervención de la Ciudad y del propio alto tribunal. Destacó que son informes anuales, al igual que están sometidos a los mismos todas las administraciones públicas y no extraordinarios como en otras ocasiones.
Para el propio equipo de gobierno supone el contenido del mismo “una crítica constructiva con una serie de recomendaciones”. Volvió a insistir de manera clara en que todas las discusiones son de carácter de política financiera y, como  ejemplo, se le recomienda a los servicios contables de Intervención determinadas pautas a la hora de la contabilización, “donde por supuesto se puede entender que no hay ninguna voluntad política, ya que desde el Gobierno no se le va a decir a un funcionario cómo se debe reflejar un apunte contable”. Precisamente, en la reunión del Consejo de Gobierno que tuvo lugar en la jornada de ayer el mismo  Martínez informó a sus compañeros sobre las primeras conclusiones que se han obtenido del Tribunal de Cuentas, una vez que los servicios de Intervención han tenido la oportunidad de verlo en un primer análisis. Aún así ha confesado que seguramente el próximo martes comparecerá ante los medios de comunicación para informar más exhaustivamente sobre estas cuestiones.
Lo que sí quiso destacar de manera clara es que no existe ningún tipo de imputación ni contable ni penal en relación con los análisis que ha efectuado el Tribunal de Cuentas sobre los datos que la Ciudad les entregó en relación con los años 2008 y 2009.
Y reflejó que a esa misma conclusión no solamente han llegado los miembros de Intervención que han tenido la oportunidad en las últimas cuarenta y ocho horas de poder dar una primera lectura, sino que incluso reflejó que él mismo también  había leído las conclusiones y recomendaciones y que no aparecía por ningún lado ningún tipo de imputación.

Las claves

1 - Llegó el miércoles Fue ese día cuando se recibieron en la Ciudad las conclusiones de los informes del TC sobre los dos años en cuestión

2 - Primer análisis El mismo consejero y los Servicios de Intervención han realizado un primer análisis de las conclusiones

3 - Comparecencia El próximo martes, probablemente, comparecerá el consejero para ofrecer una rueda    de prensa con un análisis más sosegado

 

Todos los expedientes por las presuntas irregularidades se encuentran archivados

Este medio de comunicación ha podido conocer que todos los expedientes abiertos por parte del Tribunal de Cuentas vinculados a posibles ilícitos contables o penales en relación con los informes de los años 2008 y 2009 fueron archivados hace tiempo.
Al consejero Martínez le sorprendieron las acusaciones vertidas por el diputado socialista, Gaspar Zarrías, en relación a que en el informe del Tribunal de Cuentas se detectaban indicios de responsabilidad tanto contable como posiblemente penal, “pero nuestro técnicos señalan que no hay nada de nada”.
Para el consejero de Economía y Hacienda el mismo político socialista lleva ya mucho tiempo haciendo advertencias y acusaciones en relación con los distintos informes del Tribunal de Cuentas y “nunca se ha cumplido nada de lo que se ha dicho”.
El secretario de Ciudad y Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, recordó ayer que en una visita hace años a Ceuta se refirió al anterior informe del Tribunal de Cuentas diciendo que tenía “múltiples irregularidades y problemas, y que la contabilidad de la Ciudad estaba manga por hombro”. El socialista también hizo alusión a  que desde el Gobierno local dijeron que “aquello era fruto del pasado y que lo único que había en ese momento es que las cosas a partir de ahora se hacían bien”. Así, Gaspar lamentó que el informe de los ejercicios 2008 y 2009 indica “que si entonces las cosas estaban mal, desgraciadamente no han mejorado, sino que siguen en las mismas condiciones”.
Zarrías dijo que el Tribunal de Cuentas habla en su informe “de la no realización del control financiero, de todo lo que significa pagos duplicados, de siete supuestos indicios de responsabilidad contable y de que habla la Fiscalía de dos hechos que pudieran derivarse en responsabilidades de carácter penal, uno en cuanto a la adjudicación de cuatro contratos y otro respecto a otra obra, en este caso un modificado del contrato de las obras de la Manzana del Revellín”.
En esta línea, manifestó que ahora “no hay herencia recibida, ellos son los herederos que heredan y, a parte, son dueños de la herencia, que no ha sido, ni mucho menos, satisfactoria en lo que se refiere a la gestión de las cuentas públicas”.
El diputado socialista Zarrías añadió que “una de las conclusiones que saca es que las cuentas fueron remitidas unas con 19 meses y otras con 15 de retraso”.
“Los datos ponen de manifiesto que lo que denunciamos en su momento como un mal funcionamiento, una prácticamente nula transparencia y un comportamiento que en ocasiones no solamente rozaba la ilicitud contable sino también penal, ahora en 2008 y 2009 se han vuelto a producir”.

Martínez: “Muchas recomendaciones llevan tiempo poniéndose en práctica”

En ese primer análisis que hace el equipo de gobierno, basado en la lectura que Intervención ha efectuado sobre los informes del Tribunal de Cuentas se producen una serie de conclusiones que puso encima de la mesa el mismo Guillermo Martínez, donde la mayor parte de esas recomendaciones ya están puestas en práctica.
Contratos de emergencia. Desde el Tribunal de Cuentas se establece que los contratos que se realizan por emergencia sean solamente para esos casos. Es una recomendación que están aplicando, puesto que el año 2012 no se hizo ni un solo contrato por el sistema de urgencia.
Bajas temerarias. El Tribunal de Cuentas determina que no se puede excluir por sistema las ofertas que se realicen por parte de empresas con una baja que se puede considerar temeraria. Es decir aquellas que superen el veinte por ciento de la cantidad que figura como licitación. Desde el punto de vista del TC se debe realizar un informe que establezca si con la cantidad ofertada se puede llevar a la práctica la obra o servicio que se va a adjudicar. El mismo consejero dijo que ahora mismo la Mesa de Contratación lleva ya tiempo realizando este tipo de práctica.
Sociedades municipales. Se hace referencia desde el Alto Tribunal que existe déficit en una serie de sociedades municipales. La Ciudad recuerda que algunas de las mismas no son sociedades que puedan estar en el mercado como sería por ejemplo el caso de Acemsa o Amgevicesa que sí tienen ingresos propios y que por tanto nada más que viven de las transferencias que se hacen desde la Ciudad Autónoma. Comentó Martínez que esa es la razón que está llevando al equipo de gobierno a seguir con la reestructuración de las sociedades municipales.
Inventario municipal: El TC establece que el mismo se encuentra obsoleto y no está puesto al día. El consejero reconoció que tenían razón en un cien por cien y que trabajarán para solucionarlo.
Relación de Puestos de Trabajo: Crítica en el informe sobre la no existencia del mismo, pero adujo el consejero que se está negociando y que en la segunda parte de la reunión de la Mesa Negociadora que se inició el jueves y que continuará el lunes uno de los puntos que se abordará será precisamente ése.
Plan de saneamiento de 2009. Críticas a determinadas decisiones adoptadas durante el Plan de Saneamiento que puso la Ciudad en marcha en el año 2009. Sobre este particular se indica que existe un nuevo Plan de Saneamiento que se aprobó en el año 2012 y que tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se cumple a rajatabla.
Subvenciones a entidades. Recomendaciones para que se justifiquen más en profundidad algunos de los gastos de estas entidades, con la presentación incluso de una memoria con anterioridad. El mismo Martínez indicó que los controles se habían endurecido de tal manera que incluso se conoce en la opinión pública que en ocasiones hay retraso en el cobro de esos acuerdos porque se entiende que no hay justificación suficiente.