La Ciudad replica a Invercap que no puede expropiar sin existir obras

La Ciudad se declaró ayer “absolutamente tranquila” y convencida de su gestión “impecable” en el laberinto legal en el que parece haber quedado sumida la promoción de viviendas de Pasaje Fernández. Lo hizo por boca del portavoz del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, Emilio Carreira, que compareció horas después de conocerse que

la sociedad Invercap, responsable del proyecto, ha acudido a la Fiscalía para acusar de malversación y estafa, entre otros cargos, al Ejecutivo autonómico.
Carreira recordó que en su día ya alertó de que se avecinaba “una tormenta perfecta” que debería dirimirse en los tribunales. Y para explicar aquel augurio trazó un repaso detallado de la secuencia de los hechos, remontándose al inicio del proyecto, cuando la promotora “asumió el riesgo” de levantar viviendas en un lugar en el que existía una alta probabilidad de que aparecieran restos arqueológicos. Dicho y hecho, el yacimiento afloró en una de las tres fases de los futuros bloques de viviendas y, con la ley en la mano, la Comisión de Patrimonio Arqueológico le otorgó la cobertura de zona de especial protección. Acto seguido, en 2011, el Consejo de Gobierno decidió expropiar parte del subsuelo y la zona rasante, no en su totalidad, para ponerlo en valor y levantar un museo. Ese espacio afectaba a unos 14 garajes. “Y ese dato es clave”, subrayó ayer Carreira, porque la expropiación se haría una vez realizada la construcción que le correspondía en ese punto a la promotora.
La madeja se enreda en el primer semestre de 2013, cuando Ciudad e Invercap acuden al Registro de la Propiedad y éste se niega a admitir la inscripción porque su personal alega la imposibilidad de documentar “algo que no exise”. El Gobierno descubre entonces que la promotora no ha construido nada aún en esos terrenos, pero pese a ello encuentra una posible solución en la firma de un convenio por el que se compensaría la expropiación con la entrega a Invercap de bienes o capital por valor de “1,3 o 1,4 millones de euros”. Esa vía queda cerrada al negarse también el interventor de la Ciudad a fiscalizar un bien del que no existía garantía de que realmente fuera a recibirse.
Llegados a ese punto, la promotora carga contra el Gobierno y le acusa de supuestas irregularidades que han cristalizado ahora en forma de denuncia ante la Fiscalía. Carreira niega la mayor y cree, tal y como reiteró ayer, que la Ciudad ha hecho sus deberes y no es culpable, sino víctima, de los errores de la promotora por faltar a su compromiso de ejecutar unas obras aún inexistentes.

“No gastaremos  8 millones en hacer un museo”

Carreira reconoció que la Ciudad dispone de los 1,4 millones que contemplaba el convenio y que podría entregarlos a la promotora “hoy mismo”, pero no lo hará porque ha constatado que ésta no ha cumplido su parte del acuerdo. También dejó claro que su Gobierno no contempla la posibilidad de decretar una expropiación total de toda la promoción de viviendas, porque no está dispuesto a que la protección del yacimiento, y la posterior construcción del museo en ese punto, cuesten a las arcas públicas un montante de casi 8 millones de euros. Sí se abonarán, en cambio, unos “400.000 o 500.000 euros" para hacer frente a las excavaciones y modificaciones del proyecto original.