Uno de los objetivos que tiene la Ciudad Autónoma es recortar al máximo los plazos que existen para las construcciones ilegales, tal y como se pronunció ayer la portavoz del ejecutivo Yolanda Bel. Ante una serie de denuncias sobre que estaban proliferando construcciones ilegales en la Barriada del Príncipe Alfonso, la integrante del ejecutivo dijo que no era ninguna novedad y que por esa razón hacía tiempo que el Gobierno presidido por Juan Vivas había decidido la creación de una unidad específica para reprimir este tipo de ilegalidades.
De todas formas indicó que se pretendía reforzar esa unidad específica e incrementar en la medida de las posibilidades los medios humanos y quiso dejar bien claro que el Gobierno no había estado parado para nada.
Si reconoció que muchas veces el procedimiento es más lento de lo que se desearía, “pero no queda más remedio que respetar escrupulosamente la legislación y el tiempo que se marca para cada paso”.
De todas maneras si insistió en que buscan todos los medios para que cada procedimiento pueda resolverse en el mínimo tiempo posible.
Porque a pesar de haya pruebas palpables de que se están utilizando para construcciones ilegales terrenos que sean propiedad de la Ciudad Autónoma o del Ministerio de Defensa no queda más remedio que cumplir con todos los pasos que están marcados en la legislación vigente a este respecto.