Categorías: Política

La Ciudad ratifica que primó el interés general con la planta de biodiésel

Con fecha 1 de junio de 2012, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta emitió una sentencia en la que se estima el recurso planteado por Biocarburantes del Estrecho, S.L. contra la resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente el 11 de agosto de 2010 en la que se acuerda el archivo de la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de instalación de una planta de biodiésel en terrenos de la Autoridad Portuaria, como había solicitado el recurrente.
Sin embargo, el fallo judicial en ningún caso se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, sino que se basa en un defecto formal durante la tramitación del expediente. En concreto, se trata de que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) se emitió un día después de un informe del departamento de Sanidad Ambiental, de la Consejería de Sanidad y Consumo, que se realizó sin dar “el trámite de audiencia” a la empresa y, por tanto, sin dar la oportunidad a la sociedad a que presentara alegaciones.
En consecuencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dicta que la tramitación del expediente debe “retrotraerse” a ese momento, al considerar que se ha producido “una disminución de garantías” del recurrente, pero en ningún caso se pronuncia con respecto a otra consideración jurídica. De hecho, el juez estima que no ha habido “ni mala fe” ni “temeridad” en la resolución, de modo que no condena a la Ciudad al pago de las costas del proceso judicial.
El Gobierno no va a entrar en las valoraciones subjetivas realizadas por la empresa, puesto que no hay más consideración jurídica en la sentencia que “la inobservancia del trámite de audiencia” en un informe de la Consejería de Sanidad emitido con anterioridad a la AAI.
Por ello, el Gobierno recuerda que la resolución de 11 de agosto de 2010 en la que se acuerda el archivo de la tramitación de la autorización ambiental integrada del proyecto se fundamentó en la defensa del interés general y en particular, en el cumplimiento de la legislación, concretamente del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que prohíbe la implantación de instalaciones de esta naturaleza a una distancia del núcleo urbano inferior a los 2.000 metros. Este argumento jurídico ni tan siquiera se cita en la sentencia, por lo que en ningún caso la empresa puede apelar a su invalidez.
Del mismo modo, la Ciudad confirma que recibió asesoramiento externo durante la tramitación del expediente.
Por último, el Gobierno acatará la sentencia, como demuestra su decisión de no recurrirla, por cuanto que, una vez visto el fallo judicial, estima que se ha producido dicho defecto formal. De este modo, la Ciudad retrotraerá las actuaciones al momento en el que se omitió el trámite de audiencia con respecto al informe de Sanidad Ambiental para continuar con la tramitación del expediente.

También se sigue otra denuncia en el TSJA contra el puerto

La empresa ha presentado también un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Autoridad Portuaria de Ceuta de no otorgar la autorización definitiva para la construcción de la planta.
El asunto se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y es previsible que se dicte sentencia, muy posiblemente en el mismo sentido, en las próximas semanas.
Dentro de la batalla judicial se han denunciado ante las autoridades diversas posibles irregularidades cometidas en todo este proceso. En particular se ha presentado un recurso judicial frente a un nuevo concurso de proyectos convocado por el puerto, a través del cual, se pretenden otorgar los mismos terrenos que habían sido concedidos a Biocarburantes del Estrecho en favor de otras empresas: la empresa griega VILMA OIL y CEPSA. De ello viene informando la prensa local extensamente en los últimos meses.
La sustitución de la empresa Biocarburantes del Estrecho por estas dos compañías, con las que la administración y el puerto vienen manteniendo conversaciones desde hace muchos meses, constituye un atropello jurídico según se afirma por parte de Biocarburantes del Estrecho en la nota que ha enviado a los medios.

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