La Ciudad quiere hacer el sorteo en menos de dos semanas

La Ciudad quiere celebrar el sorteo de las 317 VPO de Loma Colmenar en menos de dos semanas. Así lo anunció ayer el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, muy afanado en demostrar, siguiendo el lenguaje de Juan Luis Aróstegui, quiénes son los buenos y quiénes los malos en toda esta historia.

“Parece que nosotros somos los acusados, cuando es el Gobierno el que ha denunciado”, criticó al término del Consejo de Gobierno. “Nosotros no somos los imputados”, añadió, sacando el traje protector mientras demostraba su ‘malestar’ por cómo está quedando el Ejecutivo ante la constante marea mediática tras la judicialización del caso.
“Antonio López miente”, insistió Hachuel, recuperando el discurso que hace más de un mes ofreció en la misma sala de prensa en la que ayer le tocaba comparecer. “Lo que dice no lo puede demostrar, sabe que no es cierto”, insistió.
Sobre la denuncia de Caballas de que el exviceconsejero habría presentado ante la jueza documentación “no veraz”, Hachuel escurrió el bulto señalando a la magistrada como la persona que tendrá que decir si son o no falsos. “No sé si ha presentado o no documentos falsos, pero hoy cualquiera puede fabricar un documento a medida sin necesidad de que le tenga que ayudar alguien desde dentro. López puede hacerlo él tranquilamente”, deslizó, “atreviéndose” a decir que nadie de la institución le habría ayudado a hacerlo.
Será la jueza la que aclare este extremo que no viene más que a recrudecer la complejidad que tiene ya todo este asunto. Hachuel insistió en su malestar porque nadie denuncie, instando a todo aquel que tiene pruebas a que acuda a los juzgados y las presente, “como lo ha hecho la Ciudad”, indicó.
“La Ciudad ha denunciado porque no tenemos nada que ocultar. Otra cosa es lo que haga un imputado”, resaltó en alusión directa a la figura de Antonio López.  ¿Y qué sabe Hachuel de supuestos pactos electoralistas entre el presidente Vivas y el portavoz, cabeza visible de Caballas, Mohamed Alí? Más bien nada, o mejor dicho, son “especulaciones”, que nada tienen que ver con la labor del Ejecutivo, aclaró.
La postura de la Ciudad seguirá siendo la misma, la de colaborar con los requerimientos judiciales pero sin que esto suponga que se ralentice aún más el proceso de adjudicación de las casas. “El sorteo tiene una fecha, decidimos parar por prudencia hasta darle un tiempo a la juez, pero calcula que en no más de dos semanas tiene que celebrarse, porque ya ha pasado tiempo y hay personas pendientes de una vivienda, de forma legal y transparente”, indicó.
Sobre la existencia de presuntas tramas de corrupción en torno a los procesos de adjudicación de viviendas, Hachuel optó por ser cauto, sin querer hablar en los términos en los que sí se pronunció Caballas. “Igual ha habido irregularidades que tienen nombres y apellidos y para esos tendrá que caer todo el peso de la Justicia sobre ellos y si para eso hay que hacer auditorias, pues que se hagan”.

La suspensión, todavía encima de la mesa

La petición de suspensión del sorteo de las VPO está encima de la mesa de la magistrada titular del juzgado de instrucción número 1. Lo está porque así fue pedido por el letrado de la Acusación Particular, Jorge Gil Pacheco, que lleva a 80 de los afectados por la publicación de la lista fantasma. De momento la magistrada no se ha pronunciado a falta de que se produzca, la semana próxima, la declaración del consejero de Fomento, Néstor García León, así como de un funcionario de Emvicesa como testigos. El sorteo está paralizado pero como medida de “prudencia” y no por orden judicial.