Las tarifas máximas que planteará el Gobierno son el resultado del cálculo del "coste real" de la ejecución del servicio. El Ejecutivo local concreta cómo y para qué imponer más obligaciones de servicio público en la línea.
La Ciudad ya tiene muy avanzado el proyecto de propuesta que pretende elevar al Gobierno central para modificar el sistema de obligaciones de servicio público en la línea marítima entre Ceuta y Algeciras, en la que el Ejecutivo que preside Juan Vivas aspira a imponer unas tarifas máximas de15 euros por trayecto y pasajero (30 el viaje de ida y vuelta sin incluir bonificación) y de 20 por vehículo (40 la rotación completa), unos precios que son "el resultado del cálculo de un coste para la prestación del servicio proporcional al real de su ejecución".
Para conseguir esos precios en al menos una rotación al día de cada naviera sería necesario retocar el Real Decreto1516/2007 que actualmente solo exige dar "tres rotaciones diarias" sin más estipulaciones.
No se vulneraría la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que vincula las navegaciones de interés público con "la finalidad de garantizar la suficiencia de los servicios de transporte regular para los territorios españoles no peninsulares" y atribuye al Estado "la posibilidad de adoptar medidas tendentes a lograr dicho fin como las obligaciones de servicio público y los contratos de navegación de interés público".
A juicio de los autores del anteproyecto, según las fuentes consultadas por este periódico, la aspiración del Gobierno es "plenamente conforme" con el Reglamento europeo de 1992 por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos en tanto en cuanto "permite la introducción de determinadas obligaciones a los navieros a fin de garantizar la suficiencia de servicios de transporte regular con territorios no peninsulares siempre que no existan distinciones de nacionalidad o residencia".
Incluso el Tratado de Roma, a juicio de los técnicos, respalda que los servicios económicos de interés general ("y estas navegaciones lo son sin duda alguna", apostillan) deben jugar "un papel preponderante en la promoción de la cohesión social y territorial en el ámbito de la Unión Europea".
El Tribunal de Justicia de la UE solamente ha constreñido esos principios generales a que, "en aras de la máxima transparencia y objetividad", las obligaciones de servicio público "fijadas con criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios y previamente conocidas por los operadores" se introduzcan "cuando quede acreditado que las fuerzas del mercado no ofrecen un servicio adecuado a los usuarios".
Vicios detectados
En el borrador de propuesta a remitir al Estado se concluye que la situación actual, con una oferta "suficiente en frecuencia y calidad", está lastrada por "una extraña concentración de precios"; "un escaso control sobre el cumplimiento por los operadores de sus obligaciones"; el fracaso en el objetivo del contrato de la línea de interés público de rebajar precios "de manera significativa"; un número de rotaciones "excesivo" que se mantiene "para no perder cuota" con vistas a la OPE; y un mercado que Baleària domina en un 52%, siendo el 27% para Acciona y el 21% para FRS.
"La línea soporta, sin justificación, el precio por milla más elevado, 2,09 euros, seis veces más que en la de Melilla, cuatro por encima de la de Palma y tres sobre la de Ibiza", llama la atención la Ciudad sobre unas "desproporciones" que se mantienen en la comparativa internacional pese a que "los costes reales por milla no pueden diferir mucho de la diferencia en las tasas, que en cualquier caso son menores en el caso de Ceuta y Algeciras porque están bonificadas", se subraya.
La propuesta de la Ciudad no limitaría al número de operadores ni su capacidad para competir más allá de "mínimamente" y tampoco reduciría los incentivos para hacerlo. "Los efectos negativos se circunscriben a la afección que pudiera tener la imposición de una tarifa máxima, mínimo teniendo en cuenta que solo se verían sometidas 1.095 de las 7.031 rotaciones que realizaron las navieras el año pasado, un 15% del total", se remarca.
El 25% de los ceutíes no viaja y los barcos, vacíos
La Ciudad da por hecho que la bonificación del 50% vigente para las tarifas de butaca de clase no superior y el contrato de interés público firmado con Baleària, que finaliza a finales de año, no han conseguido que el precio de los billetes deje de ser "una barrera insalvable" para "una parte de la población ceutí. Para sostener tal conclusión recuerda que el último observatorio publicado por la Capitanía Marítima de Ceuta cifró en un 25% el porcentaje de ceutíes que no viaja nunca al otro lado del Estrecho y en un 27% el de quienes lo hacen menos de cinco veces al año. La paradoja máxima está en que, pese a que existe una supuesta demanda desatendida, los barcos se siguen moviendo el mismo número de veces casi vacíos y las tarifas no bajan. El año pasado solamente se cubrió el 20% de la oferta de plazas de pasajeros (un 1,46% menos que en 2014) y el 24% de la de huecos para vehículos. "Sin embargo, los costes de navegación de los buques en vacío se han soportado, evidentemente no por las compañías, que han reportado importantes beneficios, sino por el cliente cautivo, residentes en Ceuta y viajeros de la OPE, que soportan un precio que cubre con creces una política disparatada", se reflexiona.
Sin alternativas para intentar alcanzar el mismo propósito
Los técnicos de la Ciudad implicados en la redacción de la propuesta llegan a la conclusión de que no hay alternativa viable para conseguir el objetivo marcado. En este sentido, repasan el abanico de opciones que, hace seis años, planteó la Comisión Nacional de la Competencia. A su juicio no cabe incidir en quitar barreras a la entrada de nuevas navieras porque "no existen". Con los niveles de ocupación y número de rotaciones tampoco "parece posible" incentivar su llegada a la línea Ceuta-Algeciras. Finalmente, apretar las tuercas a los operadores con la normativa de competencia no ha dado resultado: "Las distintas iniciativas reguladoras y sancionadoras emprendidas no han influido en su comportamiento abusivo", se lamenta. 
