El grupo parlamentario socialista elevaba al Pleno de la Asamblea una moción relativa a modificar ciertos reglamentos sancionadores así como a aplicarlos a aquellos ciudadanos que, por su situación de exclusión social, no pudieran hacer frente al pago de la sanción. “Aquellas que fueran de carácter económico podrían sustituirse por trabajo social”, exponía el diputado socialista, José María Mas.
Una propuesta que no fue acogida de muy buen grado por el diputado popular, Emilio Carreira, que alegó a las dificultades que supone la aplicación de esta propuesta. “Los servicios penitenciarios se las ven para que eso se pueda cumplir porque hay muchas cuestiones detrás, como asegurar a las personas o uniformarlas. Eso sin tener en cuenta que no se puede encajar a alguien tan fácilmente en una labor así”.
Mientras Mas apuntaba a que la propuesta únicamente debía aplicarse a aquellas personas en exclusión social, Carreira insistía en que “no me parece bien que a los ricos se les cobre y a los pobres se les ponga a trabajar. Si se aplica es para todos, porque no estaría mal ver a un rico haciendo trabajo social”.
El Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta, que quedó supeditada al estudio de los técnicos sobre la capacidad de la Ciudad para ejercer la sustitución de la sanción económica por trabajos a la comunidad.