La Ciudad pide ser oída por las navieras antes de que cambien horarios o precios

El Pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad a iniciativa de Caballas encargar al Gobierno de Vivas la firma de un Protocolo de Buenas Prácticas y de Defensa del Consumidor con las compañías navieras que operan en el Estrecho para “establecer unas normas éticas de funcionamiento del servicio y dar audiencia previa a la Ciudad en la adopción de las decisiones que afectan a los consumidores”.

Juan Luis Aróstegui argumentó una propuesta que parte de la convicción de que la Administración local, “como institución que defiende los intereses de Ceuta”, debe “implicarse” en “lograr que las empresas que gestionan la travesía del Estrecho, en especial la beneficiaria del contrato público, asuman y contemplen la función social que desempeñan a la hora de adoptar sus decisiones comerciales”.
“La línea de transporte marítimo que une Ceuta con Algeciras constituye un elemento clave de la vida de Ceuta que afecta de manera muy considerable a todos los ceutíes pero el modelo de prestación de este servicio esencial aplicado por el Gobierno de la Nación, fundamentado en la libre competencia entre compañías privadas y complementada con un contrato público que establece unas condiciones mínimas para una de ellas”, criticó el localista, “se ha revelado como inadecuado para garantizar un nivel óptimo de calidad”.
Para la coalición el resultado de los “fracasos” de cada medida pública es que “los intereses económicos de las compañías navieras prevalecen siempre sobre de los ceutíes, que nos vemos condenados a sufrir irremisiblemente las consecuencias de sus decisiones”.
“Un ejemplo de ello”, recordó sin que Emilio Carreira pusiese ninguna pega a su exposición, “lo hemos vivido recientemente con la imposición de unas condiciones leoninas para aplicar una tarifa rebajada a los familiares de los ceutíes”.
“Ya no respetan ni la Navidad pero más allá de la indignación no podemos rendirnos a hacer cuanto esté a nuestro alcance para corregir las disfunciones que se producen en la prestación regular del servicio, que tantos perjuicios ocasionan habitualmente”, concluyó su alegado la coalición, que vio secundada por consenso su propuesta a la Cámara autonómica.