La Ciudad no recurre la sentencia del TSJA sobre las cédulas de habitabilidad

No habrá recurso. Se acatará la sentencia tal cual fue dictada por el TSJA en relación a las cédulas de habitabilidad, después de que el Alto Tribunal estimara el recurso interpuesto por la Asociación de Promotores, bajo la representación del abogado Francisco Javier Izquierdo, y lo hiciera también sólo un día antes con el presentado por la Delegación del Gobierno.

El propio portavoz del Ejecutivo, Emilio Carreira, confirmó ayer esta decisión después de que el asunto fuera abordado en Consejo de Gobierno. Eso sí, dejó claro que el interés de la Ciudad en toda esta historia había sido el de atender “por razones humanitarias” la petición de aquellos residentes en viviendas al margen de la ordenación urbanística que querían disponer de los suministros básicos y cuya pretensión ha sido vetada, por ilegal, por el TSJA. “Parecía lógico pensar que tuvieran agua y luz, era poner orden en lo que no lo tenía”, apuntó Carreira.
La Ciudad considera que con el criterio reflejado en su sentencia por el TSJA, éste ha dejado claro el marco competencial existente; algo que, dada la experiencia que en este ámbito tiene, se va a acatar sin fisuras. Y es que el dictamen es tan claro que no cabía posibilidad alguna de recurso después de considerarse nulo el artículo 15 de la ordenanza aprobado en sesión plenaria tras la propuesta inicial de Caballas. La Ciudad no dará paso alguno.  “Si la Administración competente quiere actuar, que lo haga”, espetó Carreira, en alusión a la Delegación del Gobierno.
Sin querer entrar en polémicas a pesar de ser preguntado explícitamente por ello, ya que la Delegación del Gobierno ha mantenido desde el inicio una postura opuesta al criterio de la administración local, Carreira confesó que el Ejecutivo nunca ha “entendido” de “controversias políticas” en este asunto, sino solo de “ténicas o jurídicas”. Así que, quienes esperaban hallar ayer una alusión clara y crítica contra la Delegación del Gobierno, no la encontraron. O al menos no de forma explícita.
Y es que, sin entrar siquiera a deslizar el nombre del delegado Francisco Antonio González, Carreira quiso dejar claro a los periodistas que a la Ciudad Autónoma “no la tiene que controlar ninguna otra Administración. No vamos a recurrir porque además no se ha aprobado ninguno de los expedientes acogidos a la modificación de la Ordenanza de Habitabilidad pero a nuestro juicio el control de legalidad no corresponde a ninguna Administración Pública sino a nuestros propios funcionarios y a los jueces y tribunales”, apuntó. Sentencia que dejaba claro que en este litigio nadie gana batallas, ni nadie impone sus criterios por encima de los otros.
“Todas las administraciones pierden contenciosos, todas. Es un hecho porque los jueces sí tienen el control y la legalidad. Nosotros también hemos recurrido decisiones tomadas por la Administración General del Estado”, recordó.
“No le corresponde a la Delegación del Gobierno ese control... no, porque no puede”, señaló. Para el portavoz del Gobierno, las razones puestas de manifiesto por el TSJA son tan claras que lo que ha hecho es definir el marco competencial, sin que se trate de invadir competencias de una u otra administración. “Si nosotros no somos competentes, será otra administración la que tenga que hacer esa reforma, si quiere”, espetó.
Tras el comunicado hecho público por la Delegación esta misma semana, no se han producido nuevas declaraciones al respecto sobre este asunto.

Cronología

Acuerdo
PP y Caballas
Tras una reforma del texto, ambas formaciones sacan adelante una propuesta para que viviendas que están fuera del ordenamiento jurídico puedan disponer de los suministros básicos de agua y de luz.
Oposición
Delegación y promotores
Lideran la crítica a este asunto y lo hacen no solo con comunicados y valoraciones en prensa, sino también acudiendo a los tribunales al presentar un recurso que termina siendo parcialmente estimado por el TSJA. El tribunal dice que no se puede permitir dichos suministros si las viviendas están al margen de la ley.
firme
No hay recursos
La Ciudad, que es la demandada y que además ha sido condenada a las costas, anunció ayer que no recurrirá el fallo del TSJA así que el mismo es ya definitivamente firme.
Situación
Controversia
Este y las críticas sobre la posible apertura del paso de Benzú han marcado el final de año de una relación entre administraciones que parece que no van en la misma sintonía política. Ayer, en palabras de Carreira, ya se deslizaba cierto malestar en la Ciudad.