La Ciudad Autónoma cerró el año pasado con un índice de pago de gastos, referente que refleja el porcentaje de obligaciones reconocidas durante un periodo con cargo al presupuesto corriente que han sido pagadas durante el mismo y mide la capacidad de la Administración en cuestión para hacer frente a sus obligaciones, es decir, el ritmo de gasto, del 92,1%, ligeramente inferior al alcanzado al cierre del ejercicio anterior, que se situó en el 93,8%, o al de 2016 (93,4%).
La Administración autonómica ingresó de forma efectiva en sus arcas durante todo el año pasado 234,3 millones de euros y desembolsó 244,2, el 96% de sus obligaciones reconocidas, con lo que acumuló en pagos pendientes 9,5 millones y 64,9 millones en el capítulo de deudores, según los datos de ejecución presupuestaria elaborados al cierre del cuarto trimestre del ejercicio pasado publicados por el Área de Intervención de la Administración de la Ciudad.
El índice de ejecución de ingresos, que mide el porcentaje de las previsiones definitivas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento contable de derechos liquidados y señala el nivel de rigor que caracteriza la confección de los presupuestos y la medida en la que los gestores ajustan sus previsiones a la realidad, se situó en el 86%, levemente por debajo tanto del de 2017 (87,6%) como del de 2016 (88,5%).
Ritmo de cobro
Mientras, el de recaudación de ingresos, que refleja el porcentaje de derechos liquidados con cargo al presupuesto corriente que han sido cobrados durante el ejercicio presupuestario y mide la capacidad de la entidad pública para transformar en liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos, es decir, el ritmo de cobro, quedó en el 78,2%.
El índice de ejecución de gastos expresa el porcentaje que suponen las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente en relación con el volumen de créditos definitivos. Muestra el grado en que los créditos definitivos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y en el caso de la Ciudad se elevó hasta el 76,2%.
Ni medio millón de euros en multas y sanciones
La Consejería de Hacienda presupuestó ingresar a lo largo de todo el año pasado un total de 1,35 millones de euros y los derechos reconocidos se elevaron todavía más, hasta 1,6 millones, pero los ingresos reales netos en las arcas municipales no han llegado ni siquiera a medio millón de euros. Por el camino se quedaron algo más de 14.000 euros en derechos anulados e incluso se devolvieron 1.513 euros que llegaron a ingresarse. En términos globales se recaudaron 485.000 euros, apenas un tercio del total que se esperaba recibir, según el balance de Intervención de 2018 al cierre del cuarto trimestre del año.
La ejecución del capítulo inversor, crítica asidua del TCu
El Tribunal de Cuentas (TCu) lamentó en su último informe de fiscalización de la Ciudad que, pese a alcanzar un nivel de ejecución del presupuesto del 85% en 2016, no podía dejar de “poner de manifiesto, una vez más, el bajo grado de ejecución de las inversiones reales realizadas, un 36% de los créditos definitivos”.
En lo tocante a las desviaciones “más importantes” de ese ejercicio respecto a las previsiones finales, en términos absolutos, se produjeron según el órgano fiscalizador “debido a las incorporaciones de créditos de ejercicios anteriores llevadas a cabo en el año y a la sobreestimación del IPSI por Operaciones Interiores e Importación”.
Entre sus peticiones desde hace casi veinte años que siguen pendientes está “tener en cuenta en la elaboración de los presupuestos los compromisos devengados en ejercicios anteriores que no pudieron ser registrados por insuficiencia de crédito, a efectos de una más eficiente ejecución presupuestaria que haga posible atender sin dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente”.
Igualmente ha apreciado en ocasiones “sobrevaloraciones” del resultado positivo presupuestario por “falta de registro de transferencias con empresas municipales por encomiendas de gestión, a gastos corrientes aprobados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito en ejercicios posteriores, a tasas y cánones de concesiones administrativas devengadas y no contabilizadas con la Autoridad Portuaria de Ceuta, así como a gastos derivados de sentencias judiciales firmes” en contra de la Administración.