La Ciudad ha triplicado su inversión en política social durante la legislatura

 El Gobierno local asumió hace tiempo que las políticas sociales debían convertirse, por obligación, en uno de los motores de su gestión.

Y no por casualidad: con las cifras de desempleo y de población en riesgo de exclusión más altas de España –ambas matizadas por la Ciudad aludiendo a matizaciones estadísticas– los últimos Presupuestos han dejado recaer buena parte de la inversión de fondos públicos en combatir la desigualdad e intentar cicatrizar la brecha que distancia a quienes alcanzan el fin de mes con holgura de quienes ni siquiera saben lo que es firmar una nómina. Atacada en las últimas semanas por la oposición, las cuentas dan la razón al Ejecutivo sobre su particular combate contra la desigualdad.

Sólo en 2014, según las cifras que maneja la propia Administración local, los distintos programas impulsados dentro del capítulo de gasto social sumaron un montante global de 13,8 millones de euros. La cifra, asumida en su mayor parte con fondos propios pero también con aportaciones y transferencias estatales, supone un elocuente incremento del 234 por ciento respecto a 2011, el año el que arrancó la legislatura que está a punto de expirar. Traducido, implica que la cantidad de recursos económicos movilizados por el Gobierno se ha más que triplicado desde la última cita en las urnas. Ese incremento constante, que el PP insiste en valorar aún más por generarse en tiempos de recortes y de estrecheces achacables a la peor crisis económica en décadas, se ha producido gracias a tirón al alza en varios programas. Por ejemplo el de las políticas activas de empleo, que en apenas tres años han pasado de canalizar los 928.000 euros de 2011 a los 5,2 millones contabilizados a finales de 2014. Y ese apartado, matizan fuentes de la Ciudad, contempla sólo el presupuesto de las plazas reservadas a personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, uno de los principales blancos del gasto social aprobado por el Ejecutivo. De hecho, esos cupos han ido en aumento año tras año, coincidiendo con la escalada del paro, a propuesta de la propia Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo que dirige Yolanda Bel. Las carencias más acuciantes entre las familias han obligado a redoblar esfuerzos en cuestiones tan básicas como las ayudas a la alimentación. Así, los diferentes convenios suscritos por la Ciudad con las principales entidades de ayuda humanitaria absorbían ya en 2014 hasta 1,13 millones de euros, frente a los sólo 270.000 euros de 2011. Se incluye ahí el respaldo a entidades como Cruz Blanca, Luna Blanca o el Banco de Alimentos, o el último acuerdo suscrito con Cruz Roja por valor de 523.762 euros, en vigor y al que la consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, aludía hace apenas una semana para rebatir las críticas de la diputada Fatima Hamed. También ha experimentado un incremento del 150 por cien respecto al arranque de la legislatura el IMIS (Ingreso Mínimo de Inserción Social), ayudas en las que los beneficiarios deben comprometerse para cobrarlas a recibir algún tipo de formación que amortigüe las carencias de sus currículums, desde talleres a itinerarios de inserción como los que se imparten en el Polifuncional del Príncipe. Si en 2011 el montante era de 200.000 euros, a finales del pasado año se había elevado el listón hasta los 500.000. Otra partida con un notable incremento es la de Ayudas Básicas, que ha mejorado un 41 por ciento. Se incluyen en ella las aportaciones públicas que permiten a aquellas personas sin recursos adquirir productos considerados de primera necesidad para su subsistencia, desde medicinas a productos de higiene personal. La apuesta del Gobierno también ha crecido desde 580.000 a 820.000 euros. Otro de los pilares del gasto social durante la legislatura ha sido el Programa de Alojamiento Alternativo, gestionado también por Asuntos Sociales y que proporciona a decenas de familias un techo mediante la cofinanciación de alquileres o estancias en hostales. La inversión en ese caso se mantiene con un mínimo repunte del 3,5 por ciento, pasando de 1,42 millones en 2011 a los 1,47 del último ejercicio. El resto de apuestas de la Administración local en favor de los más necesitados la conforman la bonificación de recibos (1,8 millones), la Colaboración Social (750.000 euros) o el Fondo contra la Pobreza Infantil (1,3 millones).

El buen uso de  los libros permite recortar gastos

Uno de los programas más valorados por las familias es el de Reposición de Libros, que permite a los alumnos cuyos padres acreditan unas determinadas rentas disponer de los manuales de forma gratuita bajo el compromiso de devolverlos una vez finiquitado el curso escolar. En 2013 esa iniciativa fue posible gracias a una inversión de 1,3 millones de euros. Un año después la partida había descendido hasta 900.000 euros por una loable causa: el buen trato que los estudiantes dieron a esos libros se tradujo en menos necesidad de hacer nuevas adquisiciones, pudiendo incluso destinar más dinero a la compra de otro tipo de material educativo.