La Ciudad ha adjudicado durante este año 547 contratos menores

La Ciudad Autónoma ha adjudicado durante los dos primeros tercios de este año un total de 547 contratos menores de obras, servicios y suministros por los que ha comprometido un gasto de 2,39 millones de euros, un 28% menos de lo presupuestado inicialmente.

El ahorro obtenido roza el millón de euros, según los datos facilitados a ‘El Faro’ por la Administración local, que este 2015 se impuso la obligatoriedad de sacar a concurso todos los contratos con un importe superior a 500 euros.
En concreto, la Ciudad Autónoma ha licitado y adjudicado 347 contratos menores de suministros por 1,26 millones de euros que se habían sacado a concurso inicialmente con un presupuesto de 1,73 millones, un 28% más de lo que finalmente se va a pagar.
En el ámbito de las obras se han adjudicado 28 contratos por algo más de 388.000 euros. El presupuesto global de licitación se elevaba a 619.501,34 euros, un 38% más.
Finalmente se han adjudicado 172 contratos de servicios por un montante de 750.168 euros, un 23% menos de los 971.828 euros de presupuesto de salida.
La celebración por concurso de todos estos contratos se ha facilitado por la introducción en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad para este año de un criterio que establece que “todas” las adjudicaciones (obras, servicios y suministros) de la Ciudad y sus sociedades y demás organismos superiores a 500 euros (inicialmente los técnicos plantearon hacerlo a partir de un euro) deben celebrarse “inexcusablemente” previa licitación convocada en el Perfil del Contratante.
Las adjudicaciones producidas mediante el sistema de contrato menor o de propuesta de gasto, vulgarmente conocidas como ‘a dedo’, se limitaron a las inferiores a 500 euros. El resto tienen que permanecer abiertos a la concurrencia de interesados “durante un plazo mínimo de siete días”.
Para los casos de urgencia, se estableció una vía alternativa para aquellos contratos en los que concurriesen circunstancias “de carácter excepcional” con el propósito de excluirlos de este nuevo régimen siempre y cuando tal circunstancia viniese avalada por “informe emitido por los técnicos adscritos a la consejería promotora del contrato” y con la “aprobación previa” de la Intervención de la Ciudad. A partir de ahora la Administración local volverá a someterse exclusivamente a lo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público con los contratos menores, aquellos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de obras o a 18.000 en el resto. Es decir, las distintas Consejerías podrán adjudica “directamente” a “cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación”.
Ceuta restringirá los concursos de contratos menores a empresas locales

El PP y el PSOE aprobaron en febrero en la Asamblea de Ceuta cambiar la base de ejecución del Presupuesto con el fin de dejar de sacar a concurso abierto todos los contratos de la Administración local superiores a 500 euros e inferiores a 18.000 euros, en el caso de servicios y suministros, o a 50.000, en el de obras.
A partir de entonces, según se estableció inicialmente aunque la modificación nunca se ha concretado, sería el Ejecutivo local el que “invitaría” a concurrir exclusivamente a las empresas y autónomos radicados en la localidad en función del sector al que estuviesen adscritos en el registro del Impuesto de Actividades Económicas.
El ex consejero de Hacienda del Ejecutivo local, Emilio Carreira, defendió que el cambio de procedimiento no entorpecería “la competitividad, el ahorro de costes públicos y la igualdad de oportunidades” y argumentó que, además, propiciaría la “competencia en igualdad de oportunidades" en un ámbito, el de los gastos menores, "que no está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público”.
Caballas se opuso por “inexplicable” a la ‘marcha atrás’ del Gobierno de Vivas “con un sistema que funciona y que por fin estaba poniendo orden en el foco de corrupción de los contratos menores, que toda la ciudad sabe que permitía cobrar a la Administración pública el doble que al resto de clientes”.