La Ciudad extremará el control y fiscalización de sus subvenciones

• Las Bases de Ejecución de los Presupuestos de la Administración local para el año próximo elevarán los requisitos de concesión y justificación de las ayudas públicas

• La Consejería de Hacienda quiere que cada departamento acredite su necesidad y ejecución

Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma para el año próximo extremarán los mecanismos de control y fiscalización de las subvenciones que cada ejercicio concede la Administración autonómica a distintas entidades de todo tipo. Según avanzó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Susana Román, el Ejecutivo local quiere fortalecer, como ha reclamado reiteradamente la oposición y también estima conveniente el Gobierno de Vivas, las exigencias de justificación tanto a priori como a posteriori de las necesidades de su suscripción o renovación y del correcto o no uso dado al dinero público.

Entre otras cosas, la Consejería de Hacienda busca que, más allá de la supervisión técnica preceptiva del Área de Intervención, cada departamento asuma la responsabilidad de justificar las subvenciones que otorga y de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos a satisfacer que se marquen.

Hasta ahora, atendiendo literalmente a lo prescrito en el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ciudad Autónoma consideraba un requisito esencial  para el otorgamiento de subvenciones “la justificación de los gastos relativos a las anteriormente percibidas por el beneficiario”.

Más allá, las Bases de Ejecución de este año solamente estipulan que las subvenciones nominativas, reguladas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, se recogen en una partida independiente cada una de ellas “con el fin de proporcionar una información más desagregada y explícita a todos los interesados”.

La coalición Caballas lleva años apostando por “acabar” con la política de subvenciones del PP porque, a su juicio, está “mal gestionada” y tiene la “única finalidad” de “controlar el tejido social por parte del Gobierno con asociaciones de todo tipo y condición que subsisten o incluso existen con la única finalidad de percibir la correspondiente subvención aplicada, en la mayoría de los casos, como un modo irregular de generar puestos de trabajo, retribuciones o gratificaciones  para los allegados”.

El Tribunal de Cuentas (TCu) también ha alertado en repetidas ocasiones de que “los procedimientos de revisión y comprobación de la justificación de las subvenciones aplicados por los órganos gestores de las ayudas” han sido hasta ahora, “con carácter general, muy deficientes, limitándose a remitir, en la mayoría de los casos, las cuentas justificativas recibidas por los beneficiaros a la Intervención de la Ciudad para su revisión documental”.

Ello ha motivado de forma excesivamente frecuente a ojos del organismo fiscalizador “la presentación de un elevado número de reparos por dicho órgano de control en las distintas fases de fiscalización del gasto y ha dado lugar a que los procedimientos de subsanación de la documentación justificativa se hayan alargado notablemente en el tiempo”.