La Ciudad estudia limitar las ayudas y asistencias dadas a los extranjeros

Desde que la semana pasada la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciara que se aplicarían recortes en las atenciones a extranjeros, considerando este colectivo como uno de los orígenes del agujero económico detectado en Sanidad

las distintas comunidades autónomas se han puesto las pilas para idear sus propios planes con los que consigan aminorar o incluso eliminar las ayudas o asistencias que se están dando a este sector. En el caso de Ceuta, también. No fue casualidad que hace justo una semana el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez,  y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se sentaran con sus equipos a la misma mesa para empezar a llamar cada cosa por su nombre y conjurarse para iniciar un control que durante años ha sido inexistente.
Que el padrón de la ciudad supere las 84.000 personas cuando siempre se había mantenido en torno a unos 76.000, o que se haya disparado la presencia de ‘pisos patera’, el registro de marroquíes nacidos en Ceuta o los empadronamientos ficticios han sentado como un jarro de agua fría al que se quiere colocar ya la tapa. Así que la institución municipal se ha puesto manos a la obra mirando sus competencias. Es intención de la Ciudad estudiar la limitación o incluso retirada de las ayudas y asistencias que se prestan a los extranjeros. ¿A qué se refieren? A becas, a ayudas para viviendas, al IMIS o a algo que siempre ha generado mucha polémica: el plan de empleo, en donde aparecían los beneficiados con los puestos incluyéndose marroquíes residentes en la ciudad. No sólo hay que pensar en marroquíes como beneficiarios mayoritarios -que lo son-, también se verían afectados los inmigrantes del CETI que están empadronados en el Ayuntamiento para percibir asistencias.
Ahora, lo que pretende la Ciudad una vez estudie el resquicio legal en el que ampararse, es centralizar las ayudas única y exclusivamente sobre los nacionales. Así también se idearán uno o dos reglamentos para poner orden en la dispensa de lo que se enmarca en el paquete de ayudas sociales. Es decir, habría un reglamento específico para regular quiénes deben beneficiarse del IMIS, otro para las ayudas de alojamiento alternativo, para becas, para los planes de empleo, para el alquiler... Todo esto lo quiere tratar la Ciudad con la oposición. De hecho el II Plan de Inclusión Social que mañana se lleva a pleno dará pie a un debate político en el que el PP quiere dar a conocer su intención de constituir una mesa con todos los departamentos implicados (asuntos sociales, educación y empleo además de vivienda entre otros) para coordinar todas las ayudas bajo dos premisas claves: la austeridad y la equidad.
Fuentes de la Ciudad Autónoma explican claramente qué se va a perseguir: no caer en despilfarro alguno y mejorar los niveles de vida de los ciudadanos agilizando los procesos de ayudas y evitando discriminaciones.
El agujero de las ayudas sociosanitarias es común en todo el país. Los recortes -bautizados como ajustes- han sido los que han acelerado la adopción de este tipo de compromisos. De esa mesa de coordinación que quiere poner en marcha la Ciudad nacerán los reglamentos oportunos que servirán para regir la distribución de las ayudas sociales y, sobre todo, a quiénes van dirigidas.
Los extranjeros son los que van a salir perdiendo en esta peculiar cuenta de la vieja, redistribuyendo las ayudas de manera adecuada entre los sectores poblacionales que la Ciudad considere que debe recibirlos.
A este compromiso político se añade el policial, que va de la mano. Así la Policía Local ha visto incrementado el número de agentes encargados única y exclusivamente al control de las obras ilegales así como al de los empadronamientos, verificando los datos del padrón. Policías locales y funcionarios del Ayuntamiento tendrán entre su objetivo único y exclusivo estos controles.

Marroquinización basada en una dejación de años

Empadronamientos descontrolados, cobro de ayudas españolas residiendo en Marruecos, registro en exceso de marroquíes nacidos en Ceuta, organizaciones que se lucran ‘vendiendo’ la dispensa de la sanidad ceutí entre los extranjeros que dan forma a colectivos concretos (embarazadas o enfermos que son abandonados en Urgencias)... todos estos detalles han dado forma a un problema, el de la marroquinización silenciosa, que ha sido tal debido a la dejación absoluta de la que han hecho gala las administraciones. La crisis ha hecho que afloren estos problemas y es ahora cuando empiezan a conocerse casos de obras ilegales con cuatro decretos de derribo que nunca se ejecutaron o barriadas que han quedado completamente desvirtuadas con bloques enteros de okupas que residen de manera ilegal pero se benefician de ayudas oficiales otorgadas.

El número de niños marroquíes inscrito en el Registro no cuadra con los nacidos en el Hospital

La formación de Rosa Díez, UPyD, formulará pregunta parlamentaria en torno al elevado número de niños marroquíes que se inscriben en el registro de Ceuta, pero poniendo especial énfasis en el desajuste número que existe entre los datos que facilita Ingesa sobre partos de marroquíes y el número real que luego se inscribe en los juzgados.
La formación en Ceuta ha dado traslado a los dirigentes de la comisión de Sanidad del partido de todas las investigaciones y datos que han podido obtener sobre este asunto. Lo hace después de los últimos artículos periodísticos publicados en torno a las posibles organizaciones mafiosas que se dedicaban a la introducción de embarazadas o incuso a los controles sobre MENA. Informaciones que fueron adelantadas, ya desde el año 2010, por ‘El Faro’. Pues bien, a UPyD le parece “sorprendente” el baile de números que existe, por lo que pedirá que sea esclarecido por el Gobierno de la Nación. ¿A qué se refiere?
Según los datos oficiales del Hospital, en 2011 habían dado a luz un total de 1.665 mujeres de las cuales el Ingesa refiere que 586 eran extranjeras. Sin embargo el Registro Civil de Ceuta refiere un total de 1.927 inscripciones de las cuales son extranjeros 1.191.  “Está claro que los datos no concuerdan”, advierte UPyD, “ni pueden corresponderse exclusivamente con mujeres que puedan haber dado a luz fuera de Ceuta siendo residentes, al ser una importante cuantía del total y corresponderse también con mujeres que tuvieran un poder adquisitivo suficiente para parir en un hospital de pago (Ceuta tiene más de un 30% de personas en situación de pobreza)”, señala la formación. “Por tanto se supone que no son nacidos en Ceuta y que sólo en algunos casos serían de padres españoles que no residen en Ceuta y los deciden inscribir de acuerdo al Código Civil español vigente. Hay que tener en cuenta que dichos nacimientos pueden generar en el futuro generacional derechos sobre la nacionalidad española y que dicha situación puede ser un riesgo para la españolidad de Ceuta y de Melilla”, advierte UPyD. Las preguntas de la formación se producen en un periodo de anuncios, ya que el pasado 24 de abril se publicaba el real decreto ley 16/2012 sobre asistencia sanitaria a extranjeros, con el que se garantizaba la atención en el embarazo, parto y postparto.
“Esta disposición no discrimina que la atención a dichas pacientes sea o no por razones de enfermedad o patología previa, o complicación en dichas situaciones. Como tampoco si están incursas en algún tipo de actividad ilegal lucrativa en el desplazamiento y entrada en España para dicha atención. Las actuaciones policiales hasta la fecha no han dado el fruto esperado”, aclara la formación.
“La Fundación Clinic, durante varios años, mantuvo una maternidad en el antiguo Hospital español de Tetuán que ni supo frenar este éxodo hacia Ceuta, ni tampoco asentarse como oenegé que colaboraba indirectamente con la sanidad española a costes de Marruecos y tecnología y medios españoles. Tampoco Marruecos compensa en ningún aspecto esta atención a sus ciudadanas en forma alguna”.
UPyD a través de su grupo parlamentario, y tras la información remitida por el equipo que tiene en Ceuta, quiere forzar del Ministerio de Interior y del de Sanidad una explicación sobre “cuáles son las actuaciones que están realizando para acabar con las mafias que siguen introduciendo en Ceuta a embarazadas para que den a luz sea por motivos humanitarios o lucrativos exclusivamente, o explique en su defecto cuáles son las razones de la discrepancia en los datos sanitarios y del registro civil de Ceuta”.

En detalle

Picaresca o mafias
Ingesa prefiere denominar con el término picaresca al uso excesivo de los recursos sanitarios que dan los marroquíes. Para las fuerzas de seguridad está claro que se trata de mafias organizadas que ya están investigando Guardia Civil y Policía Nacional.
El cobro de tasas
Se ha detectado una bolsa importante de individuos que residen en Marruecos pero que entran en Ceuta exclusivamente para cobrar el paro. Se trata de residentes desempleados en la península.

Empadronamientos
El desfase en el padrón ha dado lugar a historias que provocaron que saltaran las alarmas. ¿Por qué? Porque había viviendas en las que estaban empadronadas hasta 25 individuos que obtenían derechos cuando esas residencias no eran reales.
Asistencias
La Ciudad es la primera que se ha lanzado a mostrar su intención de controlar las ayudas que se dan a extranjeros, pero en la administración central algunos departamentos como el antiguo Inem ya las están investigando.

Cuando hubo dinero y voluntad, pero la ley lo impidió

Los asuntos que ahora están siendo objeto de debate y primera plana en los medios de comunicación fueron debatidos hace años. Concretamente en época de Genero García Arreciado como delegado del Gobierno. Era la época en la que había dinero y, se supone, también voluntad de actuación, pero no se emprendió reforma legislativa alguna para que los controles que pretendían ponerse en marcha fueran legales. ¿Cuáles eran aquellos controles? Los mismos que se plantean ahora y que han llevado a que el presidente Vivas por su lado y el delegado González Pérez por el suyo, hayan tocado distintas puertas del Ministerio de Justicia para solicitar reformas legislativas acordes con las especificidades locales.
Una fuente autorizada que trabajó al lado de García Arreciado recuerda para ‘El Faro’ como se llevaron a cabo reuniones, incluso contando con informes de la Policía Nacional y estando presente la Guardia Civil, con José Luis Torres y Carlos Guitard, al mando, respectivamente.
¿Cómo controlar, por ejemplo, la entrada de embarazadas?, ¿aplicando cacheos... controlando viviendas? “Comprobamos que las mujeres entraban a falta de semanas para dar a luz, era operativamente inviable porque cualquier tipo de control suponía atentar contra los derechos y la dignidad de las personas”, apunta este ex alto cargo. Se abordó incluso la manera de impedir, buscando argumentos jurídicos, la entrada de determinadas personas que quisieran entrar en la ciudad y que fueran susceptibles de formar parte de ese colectivo que vendría a engordar la picaresca. Los derechos transfronterizos y la libertad de movimiento prevalecían, así que sin reformas legislativas que avalaran dichas acciones no se pudo adoptar medida alguna.
Igual sucedió con el registro de marroquíes nacidos en Ceuta que tendrían, a posteriori, beneficios en la obtención de la nacionalidad. E incluso con los pisos patera. La clave está en la ley y su reforma.